El juez Peinado se jubila tras enviar a Begoña Gómez a juicio con una investigación plagada de revisiones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, tras una investigación que se ha extendido dos años y que ha cosechado tanto respaldos como revisiones de tribunales superiores a las decisiones tomadas por el instructor.

Según la ley, los jueces pueden retirarse a partir de los 65 años siempre y cuando avisen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con seis meses de antelación. Si deciden continuar en activo más tiempo, la jubilación es forzosa al alcanzar los 72.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso de Begoña Gómez con conductas «más propias de regímenes absolutistas» y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Juan Carlos Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024. 

Desde ese momento el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación por querellas presentadas por Hazte Oír o Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigió Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora, Cristina Álvarez.

En el marco de la investigación más mediática de su carrera, Peinado ha llegado a investigar, además de a la propia Begoña Gómez, a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y al directivo del IE Business School Juan José Güemes, pero la Audiencia Provincial levantó sus imputaciones.

A lo largo de los dos años de instrucción, el juez también ha llamado a declarar como testigos al propio Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de Gómez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Sánchez llegó a querellarse contra Peinado por presunta prevaricación después de que acudiera a Moncloa a interrogarle tras rechazar que pudiera declarar por escrito como había solicitado y aceptar que las partes accedieran al vídeo de la declaración.

Peinado criticó el «silencio» de Sánchez, asegurando que se pueden extraer «conclusiones», y las referencias al jefe del Ejecutivo han sido numerosas en sus resoluciones, en las que ha ligado el «cambio radical» de la trayectoria profesional de Gómez con la llegada del matrimonio a la Moncloa en junio de 2018.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Desde el 41 ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, que este viernes ha presentado un recurso de alzada ante el CGPJ contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. El titular de Justicia ha cargado contra el Consejo, al que acusa de intentar lograr «la impunidad total del denunciado».

«La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado», ha advertido el ministro en el texto al que ha tenido acceso Público.

Bolaños, extrañado por la «repentina urgencia» de la jubilación de Peinado

Además, Bolaños ha trasladado al CGPJ su desconcierto por la demora con la que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso, en claro contraste, ha señalado, con la celeridad con que se ha tramitado la jubilación de Peinado.

«La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del señor Peinado fue demorada innecesariamente durante más de 14 meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días».

Denuncia que durante 427 días, un expediente referido a hechos de «escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia».

Sin embargo -continúa- «cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia».

«La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia».