El juez pregunta a la Fiscalía si imputa al PSOE en el ‘caso Leire’ tras pedirlo el PP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre el escrito registrado este martes por el PP en el que pide la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el caso Leire.

El magistrado ha adoptado esta decisión a través de una providencia en el marco de la causa en la que investiga una trama supuestamente coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su escrito pidiendo la imputación del PSOE como persona jurídica, el PP denuncia el «amplio catálogo de actuaciones delictivas» por parte de una «organización criminal» liderada, presuntamente, por Cerdán y supuestamente financiada de forma irregular para «proteger los intereses del Gobierno» frente a las investigaciones judiciales en marcha.

El juez además ha dictado otra providencia en la que acuerda, después de la declaración como investigada de la gerente del PSOE Ana María Fuente, recabar del servicio jurídico del PSOE la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos – centrales o territoriales-, entre 2021 a 2025.

Asimismo, entre otras diligencias, cita el 28 de octubre como investigado al exviceministro de Venezuela Nervis Villalobos y le requiere para que aporte en la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de las Ley de Memoria Histórica.

Para ese mismo día, Pedraz llama también a declarar como testigos a José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia desde marzo de 2025, y a María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia hasta marzo de 2025.

Solicita además el magistrado, a la vista de la documentación aportada por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, que se recabe del General Jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil un informe relativo a las informaciones reservadas a los investigadores de causas que afectaba al PSOE o al entorno de Sánchez.

En concreto, requiere que se comprueben «las explicaciones y documentación ofrecida por el DAO» en torno a los dispositivos que se hubieran podido intervenir al exasesor Koldo García con información que podría haber sido objeto de una filtración periodística el 11 de mayo de 2025.

El desmentido de la UCO

También pide revisar un desmentido de la UCO citado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO en sus declaraciones «para que se haga constar en el mismo informe si tal desmentido fue, efectivamente, efectuado por la propia UCO de forma autónoma o si conoce el origen del mismo».

En relación con las tres informaciones reservadas abiertas a otras unidades distintas de la UCO, que se citan incoadas por el propio DAO, reclama conocer si se comunicó su apertura y resolución a la directora General de la Guardia Civil.

Respecto a los expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO) pide una relación del mando que acordó incoarlos y la fechas, así como «la falta o delito imputado y si los hechos guardan relación con investigaciones judiciales abiertas en las que los expedientados estuvieran actuando en funciones de policía judicial».