El PP promovió leyes para facilitar los desahucios y endurecer la condición de inquilino vulnerable

Alberto Núñez Feijóo definió la situación de Maricarmen, la madrileña de 87 años desahuciada de su piso por la compra de la sociedad Urbagestión, como «descorazonadora». En un primer momento, el líder popular se abstuvo de hacer comentarios, pero el clima de enfado social que ha provocado el desahucio le ha obligado, finalmente, a pronunciarse. Feijóo reconoció que casos como el de Maricarmen obligan a buscar «respuestas excepcionales». Sin embargo, la actividad legislativa del PP esta legislatura ha ido en dirección contraria. Así, los populares han registrado leyes en el Congreso para agilizar los desahucios y restringir la condición de vulnerabilidad de los inquilinos, uno de los elementos legales para retrasar los lanzamientos.

Hay dos leyes particularmente importantes en ese sentido. Ninguna de las dos ha prosperado por el momento, pese a que una de ellas fue admitida a trámite gracias al voto favorable de ellos mismos, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La otra llegó a la Cámara Baja desde el Senado de la mano del Grupo Popular y se encuentra en tramitación. Son dos leyes —ambas impulsadas por el PP— muy parecidas.

La que votaron a favor las derechas parlamentarias —a excepción del PNV, que se abstuvo— es la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. (122/000253), registrada el 13 de febrero de este año. ¿Qué propone el PP en ese texto? Entre otras muchas medidas, algunas que afectan a los desahucios.

Por un lado, el artículo 4 de dicha propuesta de ley propone modificar los puntos 6 y 7 del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Concretamente, los de Feijóo proponen retocar el punto 6 para que el tiempo de posible suspensión de un desahucio para hacer efectivas las medidas de protección de personas vulnerables sea de un mes —y no dos, como dice ahora la ley— en el caso de que el arrendatario sea una persona física y de tres meses —y no cuatro, como dice ahora la ley— en los casos de las personas jurídicas.

Pero la modificación que propone el PP del artículo 7 del mismo artículo de la misma ley tiene también incluso más enjundia porque busca modificar directamente los criterios de vulnerabilidad. Actualmente, la LEC, en los desahucios por falta de pago, dice que «para apreciar la situación de vulnerabilidad económica», el tribunal en cuestión «podrá considerar el hecho de que el importe de la renta» que se pague por el inmueble, sumado a los «suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones», suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. El PP no toca ese parámetro en concreto. 

Sin embargo, la misma ley añade una serie de condiciones. Una de ellas es que, para que la unidad familiar sea considerada vulnerable, el conjunto de esos ingresos no debe superar el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), es decir, 1.800 euros. Ahí es donde mete mano el PP. En su proposición, los populares endurecen el criterio de vulnerabilidad rebajando ese límite a 1,5 veces el IPREM. En otras palabras, lo rebaja a 900 euros. La mitad. En el mismo apartado de la norma que está en vigor se añaden una serie de supuestos en los que ese límite aumentaría: 0,3% por cada hijo de la unidad familiar (siendo 0,35% en caso de familia monoparental o de que el hijo presente una discapacidad del 33%), 0,2% por cada persona mayor de 65 años y cinco veces el IPREM en caso de que alguna de las personas de la unidad familiar tenga un 33% de discapacidad o más. En su propuesta, el PP mantiene todos estos porcentajes salvo el último. En lugar aumentar el límite a cinco veces el IPREM por cada persona dependiente, lo incrementaría solo a tres veces el IPREM.

Nada de vulnerabilidad como criterio para prórrogas

En la misma ley, el PP propone una nueva redacción del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y no es trivial la reforma que proyecta. Dicho artículo de la LAU concreta los supuestos en los que se pueden prorrogar los contratos de alquiler. El primer punto —y ese no lo toca el PP— es el que dice que, una vez transcurridos cinco años de contrato (en caso que el arrendador sea una persona física) y siete (si es una persona jurídica, es decir, una empresa), los contratos de alquiler se prorrogan automáticamente, de forma anual, hasta un máximo de tres años si ninguna de las dos partes avisa de lo contrario.

Eso quedaría igual incluso aunque se aprobara la propuesta popular. Pero cambiaría todo lo demás. En su artículo 10.2, la LAU incluye la prórroga obligatoria de un año en caso de que el inquilino aporte «la acreditación por parte del arrendatario de una situación de vulnerabilidad social y económica sobre la base de un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico» y siempre y cuando el arrendador sea un gran tenedor. En la iniciativa del PP, este punto desaparece. Y tampoco queda rastro del 10.3, que es el que habilita a una prórroga de hasta tres años en los casos en los que el inmueble se ubique en una zona tensionada.

Con todo, tanto en la ley analizada como en otra muy similar que llegó al Congreso remitida por el Grupo Popular del Senado, el PP introduce cambios más o menos quirúrgicos en la legislación para endurecer los requisitos de acceso a la situación de vulnerabilidad y para que esa situación de vulnerabilidad tenga menor peso a la hora de suspender o retrasar desahucios.

Pero este es solo un flanco por el que las derechas han tratado de incidir en la situación de la vivienda desde el Congreso. Además, esas y otras leyes que han registrado los populares —y también Junts per Catalunya— en la cámara incluyen el endurecimiento de la legislación contra la okupación, medidas para eliminar las zonas tensionadas en el mercado inmobiliario o beneficios para los caseros. También han promovido iniciativas para agilizar la construcción. En ese caso, también el PNV lo ha hecho. De todas formas, la acción de las derechas ha tenido más impacto en su torpedeo a las leyes promovidas por las izquierdas. Tal y como contó Público, hasta ocho iniciativas legislativas fueron bloqueadas por el entente que conforman PP, Vox y Junts. Una mayoría alternativa de 176 diputados acompañados casi siempre por UPN y a veces por el PNV.