El PP vincula la crisis de vivienda a la regularización de personas migrantes

Para el Partido Popular (PP), lo que solucionaría la crisis de vivienda en España es el ladrillo. Construir más. Su promesa, edificar un millón de nuevas viviendas. Creen, por lo tanto, que el gran problema es de oferta y rechazan los decretos que ha aprobado el Gobierno porque, tal y como relatan en Génova, no incrementarían la oferta, sino que la restringirían. En ese punto es en el que echan mano de una de las medidas que ha impulsado el Gobierno esta legislatura que más críticas ha despertado en las filas populares, la regularización de personas migrantes.

Fuentes del partido vinculan la crisis de la vivienda —en tanto que la fundamentan en una crisis de oferta— a dicho proceso de regularización porque, siempre según las fuentes citadas, acentúa más el problema y da expectativas a personas que, desde la perspectiva que ofrece el PP, lo tiene muy difícil.

El PP insiste en que, si el problema en España es de falta de vivienda, regularizar a más de un millón de personas es contraproducente. Obvian, entre otras cuestiones, la afloración de trabajadores que antes desarrollaban su actividad profesional en la economía sumergida (159.097 en datos de julio) y también la no aplicación de la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas en las que gobiernan los de Feijóo.

Por donde el PP no cree que pase la solución a la crisis habitacional, en cualquier caso, es por los decretos que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado martes y cuya convalidación se votará en el Congreso de los Diputados el viernes. El primero de ellos es un paquete amplio que incluye prórrogas de los contratos hasta 2028, el coto a los alquileres de temporada y habitacionales o medidas antidesahucios. A priori, es el que tiene más posibilidades de salir adelante. El segundo, que incluye las prórrogas indefinidas, lo tiene mucho más difícil.

Fuera como fuere, el PP votará en contra de ambos porque, según explican en Génova, no creen que sirvan para aumentar la oferta de vivienda, sino que generarían inseguridad jurídica para los propietarios y, además, desincentivarían la puesta en alquiler de inmuebles, por lo que limitarían la oferta actual de vivienda.