El Supremo da 48 horas de plazo para presentar alegaciones antes de resolver sobre la ‘ley de nietos’

El Tribunal Supremo ha dado un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para que presenten las alegaciones que consideren convenientes, antes de resolver sobre si levanta la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de los nacionalizados españoles por la ley de nietos.

En dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que da este plazo de alegaciones antes de decidir sobre el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) acordada por el tribunal, un señalamiento que tenían fijado para este lunes.

Todo ello ante la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que ha llevado a Iustitia Europa y Vox a presentar nuevos escritos sobre el CERA.

Por tanto, la Fiscalía, la Abogacía del Estado -que representa al Ministerio de Justicia, a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística- Iustitia Europa y Vox tienen hasta las 15.00 horas de este jueves para remitir sus escritos.

No obstante, las alegaciones de las partes deberán extenderse también, según explica la providencia, al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y hayan sido o no inscritas en el censo, sin dar mas detalles de cómo ejecutar esa actuación

De hecho, señala que «aun cuando no haya sido formulada ninguna solicitud en este procedimiento, esta Sala considera necesario oírles para valorar la válida y eficaz constitución de la relación jurídico procesal en este procedimiento».

La Sala resolverá de forma conjunta todas las cuestiones

Tras recibir todas las alegaciones, la Sala resolverá de forma conjunta todas las cuestiones planteadas, algo que según fuentes jurídicas consultadas por EFE se espera ya para la próxima semana, habida cuenta de que se trata de un asunto delicado que se ha complicado más si cabe tras la convocatoria electoral.

La Abogacía arremetía en su escrito contra el «exceso» que supone la decisión del Supremo porque aquellos «nacionales españoles que han adquirido la nacionalidad española con todos los derechos inherentes a los que, sin tacha alguna de ilegalidad por este tribunal, se está cercenando el derecho de sufragio».

Y advertía de que «resulta materialmente imposible» revisar alrededor de 170.000 expedientes de nuevos electores que han accedido a la nacionalidad por la instrucción del Gobierno relativa a la ley de nietos, antes del cierre del censo el 1 de enero.

Pero ocurre que con el adelanto electoral, el último censo es el del 1 de agosto y ahí figuran altas afectadas por la suspensión cautelar del Supremo que es posterior, de septiembre.

Eso es lo que revela Iustitia Europa, que ha pedido al alto tribunal que «acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias» para «garantizar» que la suspensión cautelar sea aplicada en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Por su parte, Vox ha pedido al Suprmeo que suspenda el derecho al voto de todos los españoles que adquirieron la nacionalidad como consecuencia de la ley de nietos, incluidos los hijos y nietos de exiliados, si la JEC no acredita esta circunstancia.