El Supremo decidirá si el ‘caso Montoro’ se juzga en Tarragona o en Madrid

La Audiencia de Tarragona ha dejado en manos del Tribunal Supremo la decisión de quién es el órgano competente para instruir la causa en que se investiga una trama presuntamente corrupta que implica al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien solicitó que el caso se trasladara a Madrid.

En su auto, la Audiencia de Tarragona rechaza resolver la cuestión de competencia planteada por varias de las defensas, al considerar que se trata de una «controversia» entre los órganos de instrucción de Tarragona y los de Madrid que deber ser dirimida por el órgano inmediato superior, que en este caso sería el Tribunal Supremo.

La petición de que el juzgado de Tarragona que instruye el caso Montoro se inhiba a favor de los juzgados de Madrid la plantearon varias de las defensas, entre ellas el exministro de Hacienda, investigado por favorecer presuntamente con reformas legislativas a empresas gasísticas a cambio de comisiones pagadas al despacho Equipo Económico del que fue fundador.

Las defensas alegaban que Equipo Económico tiene su sede y único centro de trabajo en Madrid, de la misma forma que la AFGIM, entidad que engloba a las empresas gasistas que se investiga si fueron beneficiadas con las reformas legislativas impulsadas por el exministro de Hacienda.

Además, argumentan las defensas, no solo es en Madrid donde radica la sede del Ministerio de Hacienda y sus órganos centrales, sino que también es en la capital española donde se presentaron las propuestas legislativas ante las Cortes Generales que se investigan y donde se reunirían los representantes de AFGIM y Equipo Económico.

Para las defensas, la única conexión de los hechos investigados con Tarragona es que la causa se inició por «hallazgos casuales» en el marco de otro caso que llevaba el mismo juzgado y que alguna de las empresas investigadas tiene sede en la ciudad catalana.

La investigación del caso Montoro la abrió en 2018 el juzgado de instrucción número dos de Tarragona y permaneció en secreto hasta el año pasado. Quedan pendientes aún varias diligencias y la declaración de los principales investigados, entre ellos el propio exministro.