El Supremo justifica la suspensión del derecho al voto en la ‘ley de nietos’ porque el «incremento extraordinario» del censo es un «peligro»

El Tribunal Supremo considera que el «el incremento tan notable» en el número de electores en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA), por la ley de nietos y una instrucción posterior, genera «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».

Así lo refleja la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal a través de dos autos, en los que acuerda suspender cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles exiliados por el franquismo.

En concreto, el alto tribunal suspende los efectos electorales de la inscripción en el CERA para los sucesivos procesos electorales hasta que resuelva sobre el fondo del asunto, salvo aquellos casos que acrediten que son descendientes de represaliados conforme a la norma.

«No regirá la suspensión para las personas con respecto a las cuales los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente fueran españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación de identidad sexual (…) sin haber aplicado la presunción de la instrucción».

Esto es, los consulados tienen que acreditar que las nacionalizaciones se realizan en base a norma y no de la instrucción para así poder inscribirse en el CERA, y a tal fin ordena a la JEC que requiera «de inmediato» a los consulados.

En ambas resoluciones, conocidas este jueves –dos días después de anunciar el fallo– tras la apertura del año judicial, los magistrados señalan que el censo de residentes en el exterior se ha incrementado en 408.262 electores desde las últimas elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio. Entienden que, este «incremento extraordinario» en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está «en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas», así como la «incidencia» que pueda tener en los censos de electores, son «circunstancias que ha de valorar esta Sala».

En este sentido, «pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral», esgrimen los magistrados en una resolución que cuenta con un voto particular».

En consecuencia, la Sala Cuarta considera que concurre el periculum in mora alegado por las formaciones recurrentes, ya que aprecia «la existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA, siga aumentando en número con el transcurso del tiempo».

Esta situación no solo «genera un peligro fundado, real y serio» de cara a poder afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral, sino que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio». Para el Supremo, «existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica».

Voto particular

El fallo cuenta con un voto particular contrario a las medidas cautelares de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que precisa que los recursos interpuestos se dirigen a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de julio, cuando dijo que no era competente para analizar reclamaciones al respecto, y no a las inscripciones en el censo CERA.

Asimismo, entiende que la participación electoral de esos nuevos electores no constituye por sí misma un «perjuicio irreparable, sino la consecuencia ordinaria del reconocimiento de la nacionalidad española cuyos efectos subsisten mientras no sean anulados por los cauces legalmente establecidos».