El Tribunal de Cuentas da cinco días a Fiscalía y Comunidad de Madrid para decidir si investiga sobre la compra del ático

El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para decidir si se designa un delegado instructor que investigue la presunta compra irregular de un ático por parte de la compañía pública o si, por el contrario, se archiva el procedimiento, se abrió el pasado 15 de septiembre después de que el órgano fiscalizador recibiera cuatro denuncias, según consta en una diligencia de ordenación. 

Entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre se presentaron las denuncias y se acumularon al abordar el supuesto desvío de fondos públicos que habría podido ocasionar un perjuicio a los caudales de Planifica Madrid, M.P., S.A. y de la Comunidad de Madrid por la adquisición de un ático de uso residencial por parte de la empresa pública. Posteriormente, el 30 de septiembre se recibió una quinta denuncia sobre los mismos hechos.

El Tribunal señala que acordó tener por personados en la acción pública el pasado 15 de septiembre y 6 de octubre al Grupo Parlamentario Más Madrid y al PSOE tras comprobar que cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Ahora, el Tribunal abre el trámite para que Fiscalía, Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid se pronuncien durante un plazo común de cinco días sobre si procede designar un delegado instructor para practicar las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o si debe archivarse la acción pública.

La denuncia del PSOE

Los socialistas interpusieron una denuncia donde reclamaron al Tribunal de Cuentas que investigara la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, al considerar que podía existir un presunto «perjuicio patrimonial».

El PSOE pidió esclarecer cómo se llevó a cabo la operación y, en particular, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección del inmueble, el precio, las arras y la inversión, así como qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.

El partido del Ejecutivo sostuvo además que en la documentación remitida por la Comunidad no figuraba un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra, un expediente previo que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble, ni un expediente específico de control presupuestario o fiscalización de la operación.