El viento y las togas: el traslado de los magistrados que tumbaron licencias de parques eólicos sacude la judicatura gallega

El viento siempre tuvo mala fama literaria en Galicia. Encadena borrascas, atrae lluvias torrenciales, arrastra el salitre kilómetros tierra dentro… En los inviernos más duros incluso levanta tejados y derriba paredes. Ahora también parece capaz de tumbar jueces, erosionando las bases de lo que entendemos por justicia, en minúscula.

Eso es lo que sospecha, con una sólida base indiciaria, una parte nada menor del ecosistema judicial, político y social gallego, tras el traslado forzoso de dos magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG): Luís Villares y María Dolores López, y de otros dos de la sección cuarta, a la que los primeros han sido destinados de manera forzosa y sin consulta previa. Un movimiento que aparenta formalidad administrativa y que en condiciones normales pasaría por una nota burocrática y un bostezo corporativo inaudible para la sociedad. Claro que hablamos de viento, y hay quien dice que en Galicia hasta puede arrastrar a la locura a quien se expone demasiado a él. En lo que se refiere al sector eólico, hace décadas que el país no vive en condiciones de normalidad.

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Lo que debería haber sido una reorganización interna banal se ha convertido en tormenta institucional. La nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio González, decidió mover a Villares y a López desde la sección tercera, que venía resolviendo buena parte de los litigios sobre autorizaciones eólicas, minería, industria y contratación administrativa, hacia la cuarta, especializada en materias tributarias, tasas y catastro. Al mismo tiempo, otros dos magistrados de ésta hacían el recorrido inverso. La decisión llegó apenas unos días después de la toma de posesión de Recio en marzo pasado y sorprendió no solo por el momento en que se produjo, sino también por el contexto: Villares acababa de competir con ella por la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Él y López, la otra jueza, integraban una sección que en los últimos años había paralizado decenas de proyectos eólicos impulsados o avalados por la Xunta, generando un choque frontal con el Gobierno gallego, con la patronal energética y con buena parte del discurso oficial del PP sobre la transición verde.

Cambios en la Xunta para sortear jueces

En abril de 2024, la Xunta ya había tratado de sortear a esos mismos dos magistrados: Alfonso Rueda cambió la estructura de su Gobierno y traspasó las competencias sobre autorizaciones de parques eólicos desde la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según las normas de funcionamiento interno del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la sección segunda, presidida por la propia Recio. El intento no funcionó entonces y la sección tercera mantuvo los casos medioambientales, fuera que fuera la consellería a la que afectasen. Pero la nueva presidenta ha firmado un acuerdo para reinterpretar las normas de reparto y asegurarse de que sea esa sección segunda, la suya, la que decida en los procedimientos sobre parques eólicos.

«Es un escándalo. Como no se fían de que el desmantelamiento de la sala tercera sea suficiente para que las cosas salgan como ellos quieren, trata de llevar esos asuntos a su sección para encargarse directamente de ellos», afirma un juez que pide mantener el anonimato y que advierte de que en la operación «no está solo ella [Recio]: también el presidente del TSXG [Ignacio Picatoste Sueiras] y por lo menos un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», lamenta. Fuentes del TSXG niegan que existan ni esa relación ni esas intenciones.

El pasado 13 de marzo, la nueva presidenta justificó el cambio de López y Villares con argumentos organizativos. Según la versión oficial que dio el TSXG, el objetivo de los movimientos era «reforzar el buen funcionamiento de la sala» y «salvaguardar la imparcialidad» de la misma, aludiendo implícitamente al pasado político de Villares, exlíder de En Marea, como jefe de la oposición en el Parlamento de Galicia. No por sus fallos sobre los parques eólicos sino por sus críticas a la privatización del hospital Álvaro Cunqueiro bajo el Gobierno de Feijóo. 

Entre líneas no era difícil interpretar el traslado de Villares como un castigo por la supuesta parcialidad que se le atribuía. Pero la pena no se canalizó mediante el correspondiente procedimiento sancionador en el que, por lo menos, habría tenido derecho a defenderse de la acusación. Recio se escudó en «razones organizativas y funcionales» y el TSXG negó cualquier relación con los procedimientos eólicos o con la polémica del hospital.

«Magistrados incómodos»

Esa explicación no convenció ni dentro ni fuera del tribunal. «Están apartando magistrados incómodos», denunció Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación a la que pertenece Villares. Ambos presentaron recurso de alzada ante el CGPJ contra la decisión de Recio. Ni Villares ni López se han pronunciado y ambos mantienen un discreto silencio, pero Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que los traslados adolecían «de graves defectos» formales, que se produjeron «sin audiencia previa a los afectados» y que la forma en que se ejecutaron cuestiona la inamovilidad judicial garantizada en la Constitución Española.

El pasado 22 de julio, el CGPJ resolvió ambos recursos y avaló los traslados. Lo hizo por 11 votos a diez. En el caso del presentado por Villares, los diez vocales que se pronunciaron en contra de la decisión de Recio aportaron todos un voto particular, algo absolutamente inusual en la historia del Consejo, según fuentes próximas al juez. De hecho, en el caso del recurso presentado por JJpD, el ponente había redactado una resolución favorable a Villares, que otro vocal deberá rehacer ahora para sustentar la polémica y ajustada decisión colegiada. El pleno la votará este mes, y es previsible que esos mismos diez vocales adjunten de nuevo su voto particular contra la misma. Fuentes del entorno de Villares confirman que el magistrado va a recurrir ahora al Tribunal Supremo. Tiene hasta el 31 de octubre para hacerlo.

El TSXG, la Xunta y la patronal eólica desacreditan a Villares aludiendo a su «victimismo político» y recuerdan que «los jueces no son inamovibles dentro de una sección concreta»

Xustiza e Sociedade de Galicia, una asociación de juristas que reúne más de doscientos abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, inspectores de trabajo, graduados sociales, funcionarios judiciales, etcétera, ha sido muy contundente con el caso: «Nos encontramos ante un episodio gravísimo contra la independencia judicial». La asociación reclama la inmediata suspensión del traslado, la apertura de una investigación sobre el procedimiento y la revisión de su legalidad.

«Cualquiera que conozca la mecánica de la organización judicial lo sabe», sostiene otro magistrado gallego con cerca de un cuarto de siglo de experiencia en los juzgados. «Los traslados de compañeros siempre se producen de forma voluntaria, cuando el juez o la jueza pide o acepta el cambio, mediante concurso… Pero, ¿de forma forzosa? ¿Contra su voluntad? ¿Sin siquiera informarlos previamente? Nunca en toda mi carrera he visto otro caso en el que se hiciera así», añade.

Denuncia ante la Fiscalía

A todo eso se une la denuncia por prevaricación presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), el mayor sindicato de Galicia en delegados y afiliados, y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, que la Fiscalía gallega ha admitido a trámite y remitido a la del Tribunal Supremo. «Resulta perentorio que el Ministerio Fiscal investigue si detrás de la alteración arbitraria de las normas de reparto de asuntos», ordenada por Recio en paralelo al traslado de los jueces, «existen motivaciones espúreas, presuntamente relacionadas con satisfacer el interés presentado por la Xunta de Galicia y las empresas del sector de apartar a determinados magistrados de los procesos judiciales relativos a proyectos eólicos y líneas de alta tensión», reclaman ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

El viento no nace de la nada. La sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG se había convertido desde hace años en una pesadilla jurídica para la Xunta y para las grandes eólicas. En los últimos años, López y Villares habían paralizado numerosos proyectos de complejos de molinos por deficiencias ambientales, por afectar al patrimonio o al paisaje o, sobre todo, por la fragmentación artificiosa de un megaproyecto en varios parques supuestamente diferentes. Una estrategia con la que la industria pretende simular un impacto ambiental por separado muchísimo menor del que se evaluaría si se estudiara la afectación integral de esos complejos troceados al territorio conjunto al que afectan. Entre los casos más conocidos figuran resoluciones sobre parques como Campelo, Bustelo, Corme, Sasdónigas, Monte Toural, en proyectos vinculados a grandes promotoras como Iberdrola, Greenalia, Naturgy, Enel Green Power (Endesa), Capital Energy…

La línea argumental de las resoluciones de Villares y López insistía en algo que irritaba profundamente a la Xunta y a las promotoras: no basta con presentar expedientes formalmente correctos, hay que justificar adecuadamente todos los impactos sobre la biodiversidad, el paisaje, el patrimonio histórico y cultural, la forma de vida de los habitantes de las poblaciones vecinas, la participación pública… Y hacerlo tomando de manera conjunta todos los parques, incluidas sus líneas de evacuación, sin caer en la trampa de la fragmentación de proyectos. Traducido al lenguaje político: alguien estaba frenando una maquinaria que antes funcionaba a favor del viento con notable comodidad.

Durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo, el PP gallego convirtió el despliegue eólico en una política estratégica: simplificación administrativa, impulso desregulatorio y un discurso basado en la competitividad, en la soberanía energética y en la atracción de inversiones. Con Alfonso Rueda, esa hoja de ruta no cambió: se aceleró. Aunque Galicia no sacara nada en limpio. 

Los habitantes de los pueblos gallegos invadidos por gigantescos aerogeneradores –hoy los hay de casi 200 metros de altura– pagan la electricidad al mismo precio aunque ésta se produzca a costa de los recursos naturales que ellos llevan siglos cuidando. Algunos sufren recurrentes cortes de suministro. Aún quedan viviendas habitadas a las que no llega la luz en comarcas plagadas de parques. Cientos de kilómetros de tendidos de alta tensión cruzan el país para trasladar la energía a la meseta, sobre todo a Madrid, una comunidad que no tiene un sólo molino pero consume el equivalente al 97% de la energía eólica que se produce en toda España, mientras en Galicia la industria electrointensiva, como la del acero, amenaza con deslocalizar sus plantas por el elevado coste energético que asume.

La Xunta: «Es una teoría conspirativa sin fundamento»

La Xunta defiende por su parte que Galicia no puede quedar «fuera de la revolución renovable». El Gobierno del PP y su presidente insisten en que la comunidad necesita seguridad jurídica y agilidad administrativa, y niegan cualquier presión sobre la judicatura. Portavoces del PP sostienen que hablar de represalias contra los magistrados del TSXG es «una teoría conspirativa sin fundamento».

Con todo, el propio Rueda ha criticado en varias ocasiones en los últimos dos años el «bloqueo judicial» a proyectos estratégicos, saltándose la norma no escrita que insta a los poderes ejecutivos a no deslegitimar las decisiones de los jueces y a no convertir la discrepancia en presión directa sobre su trabajo.

BNG: «Es una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto que compromete la independencia judicial»

«Imaginen si cuando se descubrió petróleo en Estados Unidos, hubiera habido un territorio en el que se decidiera no buscarlo a causa de una sentencia», llegó a decir el presidente de la Xunta solo cuatro meses antes del traslado de López y Villares, en una comparecencia en la que valoró uno de sus fallos: «Ahora mismo, que tan de moda está hablar de lawfare, pongo de manifiesto la situación que tenemos. Estamos sometidos a unos criterios judiciales que no se están aplicando en ninguna otra comunidad», lamentó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Rueda y Villares nunca se han llevado bien. Durante la etapa de este último como portavoz de En Marea y líder de la oposición en el Parlamento gallego, con el primero como vicepresidente de Feijóo, mantuvieron varias polémicas. Pero cuando Villares abandonó la vida pública y se reincorporó al TSXG tras su excedencia política, lo hizo en silencio y con discreción. Dejó de conceder entrevistas y de hacer declaraciones, e incluso eliminó sus cuentas en las redes sociales. Su entorno explica que él no pidió que le asignaran a la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo, que entonces, en 2020, muchos compañeros consideraban un destino poco agradecido y con una enorme carga de trabajo. Aceptó la decisión y se incorporó a la plaza.

Controversias y parcialidad

El elemento más delicado de toda esta historia es precisamente ese cruce entre la biografía política y la actividad profesional de Villares como juez. Porque Recio argumentó que su traslado también respondía a la necesidad de evitar futuras controversias tras varios pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre las recusaciones contra él en procedimientos sobre el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ese caso es otra pieza clave del rompecabezas. Villares llevaba asuntos relacionados con la privatización del centro, uno de los mayores símbolos de la externalización de la sanidad en Galicia durante los gobiernos de Feijóo y Rueda. El Supremo anuló varias sentencias al apreciar dudas sobre su imparcialidad derivadas de las manifestaciones públicas previas contra la privatización del hospital que había realizado como dirigente político.

El pasado 15 de julio, sin embargo, el TSXG anunció que los nuevos jueces de la sala tercera habían fallado en un asunto sobre el Álvaro Cunqueiro –el pago obligado del impuesto de bienes inmuebles– en el mismo sentido en que lo había hecho Villares en su sentencia antes de su traslado, la que fue anulada. «Eso demuestra que el argumento de su parcialidad que se usó para apartarle de la sala era una calumnia», advierten las fuentes de su entorno, que subrayan esa tesis recordando que el propio Tribunal Supremo acaba de anular, en julio pasado, la licencia de otro megaparque eólico en Moeche (A Coruña), empleando, de nuevo, la misma base argumental que López y Villares desgranaban en sus resoluciones.

Lo relevante no es solo eso, sino el entramado empresarial que sobrevuela el litigio. El despacho madrileño que representaba a la concesionaria del Álvaro Cunqueiro era Clifford Chance, un bufete internacional que también asesoró en distintas operaciones corporativas a las grandes empresas eléctricas con intereses en el mercado renovable español y gallego. Para los sectores críticos, la coincidencia alimenta el relato de los vasos comunicantes entre el poder económico, la estrategia regulatoria y la arquitectura de la organización judicial. «No digo que pase en ese despacho en concreto, pero si uno revisa el staff de algunos bufetes, verá apellidos que coinciden con los de algunos jueces y fiscales», añade una de las fuentes de la judicatura gallega consultadas para esta pieza.

Para el BNG, la operación en la sala tercera «es una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto que compromete la independencia judicial». Su viceportavoz en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, asegura que «ya ni siquiera esconden que el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP interfiriendo en la judicatura son cada vez más extensos». El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, califica de «gravísima» la situación generada, alerta de que pone en entredicho la «inamovilidad judicial» y la imparcialidad del TSXG, y exige que Rueda explique en el Parlamento si ejerció presiones y si hubo «desviación de poder».

Mensaje intimidatorio

Asociaciones ambientalistas y plataformas vecinales como Ecologistas en Acción, Stop Eólicos y Ecologistas Galicia Atlántica y Verde también denuncian, como la CIG y Adega, que la operación transmite «un mensaje intimidatorio» sobre los jueces. «No hay que descartar que la ciudadanía piense que las reiteradas presiones políticas y empresariales están detrás del cambio», afirman los portavoces de Ecologistas Galicia Atlántica y Verde. Advierten de que eso «puede llevar a la ciudadanía a pensar que se eligen algunos jueces y juezas en función del resultado de las resoluciones judiciales que se pretenden obtener en determinados litigios», e incluso «socavar la actuación independiente de los miembros del Tribunal, al se ver intimidados por la amenaza de traslados forzosos o de otras posibles represalias».

El TSXG, la Xunta y la patronal eólica rechazan de plano esas acusaciones, desacreditan a Villares aludiendo a un supuesto «victimismo» injustificado y recuerdan que «los jueces no son inamovibles dentro de una sección concreta». Formalmente tienen razón, aunque el debate, jurídico pero también político, no es si puede haber cambios internos en la organización de los tribunales, sino cómo, cuándo, por qué y para qué se deciden. Y ahí el calendario importa.

Recio y Villares habían competido por la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ella ganó el puesto, de libre designación por el CGPJ. Una de sus primeras decisiones fue firmar el traslado de su rival

A principios de enero de este año, Recio y Villares habían competido por la presidencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG. Ella ganó el puesto, de libre designación por el CGPJ, y fue nombrada apenas 15 días después. Una de sus primeras decisiones fue firmar el traslado de quien acababa de ser su rival, y otra, la orden de reinterpretación de las normas de reparto que derivaron a la sección segunda, la suya, los casos sobre parques eólicos.

Villares y Juezas y Jueces para la Democracia discuten cuestiones de procedimiento, falta de audiencia previa, criterios no explicitados y posible desviación de poder. Pero el caso ya ha trascendido lo meramente corporativo. Porque, en el fondo, la polémica no trata solo sobre ellos, sino sobre quién arbitra conflictos cuando el modelo económico de un país depende, cada vez más, de sectores hiperregulados, intensivos en capital y estrechamente conectados con el poder.

Garzón, Alaya, Castro y Ruiz Tobarra

No es la primera vez que se observa este patrón de presiones y represalias de los poderes económicos y políticos del Estado contra jueces incómodos. Quizás no exactamente del mismo modo que en el caso de Villares y López, pero sí de una manera reconocible. Baltasar Garzón es el símbolo más evidente, pero también están Mercedes Alaya, apartada de facto del corazón del caso de los ERE de Andalucía; y José Castro, convertido durante años en una anomalía judicial por llevar hasta el final la investigación del caso Nóos contra la hija y el yerno de Juan Carlos de Borbón. Y más recientemente, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, en València, que instruye el caso por las víctimas de la DANA. 

La diferencia es que éstos últimos son casos individuales. En el caso de Villares y López, la decisión de Recio afectó a cuatro magistrados de órganos colegiados de un Tribunal Superior que fueron desmantelados de un plumazo. Y aunque no son coyunturas idénticas, comparten una enseñanza: en España, la independencia judicial se celebra sobre todo cuando no incomoda al poder político y económico. A la batalla jurídica por el caso de Villares y López le queda un largo recorrido –es probable que el Supremo no resuelva el recurso del primero en menos de un año o año y medio–, pero el daño reputacional ya está hecho. A los afectados y a la institución, pero también a la Justicia, con mayúsculas.

Ese es el núcleo del asunto. No hace falta demostrar una presión directa para que el sistema produzca un efecto disciplinario. A veces basta con que las decisiones se encadenen de una forma lo suficientemente opaca como para que medio país saque conclusiones sobre por qué y para qué se toman. En Galicia, donde hay pocos fenómenos que tengan una reputación literaria tan poco hospitalaria, el viento casi siempre lo explica todo.