Gallardón desvincula a su gobierno de la compra de Inassa y responsabiliza al Canal de Isabel II: «Nunca tuve la más mínima duda»

El exministro de Justicia con el PP Alberto Ruiz-Gallardón ha declarado este martes como testigo en el primer juicio del caso Lezo, que juzga la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 200 con un sobreprecio millonario, cuando el exdirigente popular era presidente de la Comunidad de Madrid. 

«En ningún momento pude tener la más mínima duda [de la legalidad de la operación] porque nunca nada de lo que nos había elevado el Consejo de Administración de Canal Isabel II tenía la más mínima tacha de ilegalidad e ineficiencia», ha señalado Gallardón, desvinculando a su gobierno de dicha operación, «que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros», según consta en el auto de apertura de juicio oral dictado en marzo de 2020. 

Cabe recordar que Gallardón llegó a estar imputado en el marco de esta pieza separada de la macrocausa, en la que el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Puerta del Sol, Ignacio González, figura como uno de los principales acusados. En línea con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón exculpó al exministro al no quedar acreditado que conociera los pormenores de una compra «plagada de ilicitudes», con un sobreprecio de hasta 29 millones de euros. 

También, y tal y como pidió Anticorrupción, García Castellón dejó fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, si bien ambos están encausados en otras piezas de esta causa.

Entre los 22 acusados se encuentran dos de los exconsejeros madrileños del Gobierno presidido por Gallardón. Se trata de Pedro Calvo y Juan Bravo, para quienes Anticorrupción pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta. Ambos formaban parte además del Consejo de Administración de Canal Isabel II que otorgó la autorización para la compra de Inassa «a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar».

Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó en noviembre de 2021 la correspondiente autorización para adquirir exclusivamente el 75% de la empresa colombiana, sesión a la que acudieron Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera junto con otros acusados en el marco de esta macrocausa, entre los que se encuentra Ignacio González.

Gallardón niega que la compra causa perjuicio alguno

En este sentido, quien fuera presidente del Gobierno autonómico por aquel entonces, ha defendido en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares que la autorización de la compra «perfeccionaba la decisión del Canal Isabell II». Como empresa pública encargada de la gestión del ciclo del agua en la Comunidad de Madrid, se trata de un organismo «autónomo», aunque precisa de autorizaciones en caso de que la sociedad necesite endeudarse, como era el caso de la compra de la sociedad colombiana.

«La autorización estrictamente de la compra es discutible que tuviera que ser autorizado por la Comunidad de Madrid», ha agregado al ser preguntado por la fiscal si el aval de la compra por parte del Gobierno autonómico era preceptivo. Asimismo, ha esgrimido que dicha operación tuvo informes «favorables» y, pese a lo constatado durante la investigación judicial, ha defendido que no causó «absolutamente» ningún perjuicio ni para el ente ni para la región.

(Habrá ampliación)