Ignacio González se estrena en el banquillo por amañar adjudicaciones del campo de golf del Canal en beneficio de su familia

La secuencia de juicios por el caso Lezo afronta desde este martes su siguiente parada en la Audiencia Nacional, en la que se juzgará la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal de Isabel II. En el marco de esta nueva vista oral, el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Puerta del Sol y durante años su número dos, Ignacio González, se estrenará en el banquillo más de diez años después de que se iniciasen las pesquisas de esta macrocausa, que versa sobre el presunto pago de mordidas a través de la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II y que llegó a desgajarse en ocho piezas.
La Audiencia Nacional dejó el pasado miércoles 7 de octubre visto para sentencia el primer juicio del caso de corrupción relacionado con el PP, relativo a la compra de la sociedad colombiana Inassa con un sobreprecio millonario. González, que fue presidente del ente público y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 –periodo en el que se desarrollaron los hechos investigados–, estuvo imputado por la compra de la mercantil colombiana, pero quedó finalmente fuera de esta pieza.
En cuanto a la vista oral sobre dos adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II, además de Ignacio González, se sentarán en el banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, así como los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT), José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.
El exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón les mandó a juicio en agosto de 2021 por los delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado relata cómo Ignacio González e Ildefonso de Miguel, valiéndose de los cargos públicos de máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II, «dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo», con el fin de «beneficiar a familiares» del primero.
TCT, que «carecía de todo medio» para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los acusados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier. Si bien, estos dos últimos «lo hacían de manera encubierta para ocultar sus vínculos familiares (hermano y cuñado respectivamente) con el acusado Ignacio González González».
Un beneficio total de 504.780 euros
Esa contratación, «de todo punto innecesaria e irregular», que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros –381.029 euros en el primer caso y 123.751 euros en el segundo– fue «solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones», remacha.
Las presuntas ilicitudes se cometieron con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el ente público y adjudicado en marzo de 2003 a Dragados, que formaba parte del grupo ACS que presidía Florentino Pérez.
Por un lado, el Canal «decidió cambiar sustancialmente» los usos asignados a las instalaciones en el anterior concurso, eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un nuevo campo de golf con césped artificial. Al hilo de dicha decisión, Ignacio González González -entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Aguirre y presidente del consejo de administración del ente público- e Ildefonso de Miguel Rodríguez -director gerente, un puesto de «absoluta confianza» que ocupaba a propuesta del primero‒, «con el fin de beneficiar a determinados familiares» y «aprovechando la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos», propiciaron que tales cambios se tramitaran «indebidamente mediante un modificado».
Dada su magnitud (un incremento del 37,94% del presupuesto inicial), estas modificaciones requerían la convocatoria de un nuevo concurso, pero la vía empleada facilitó su adjudicación directa a Dragados y, por ende, la subcontratación por esta de la entidad TCT, «condición que había sido impuesta por los acusados a aquella sociedad a cambio de la adjudicación».
Guiados por dicho fin, «convinieron» con Dragados que el Canal le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado, «imponiéndole» para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajosa la empresa TCT. La aprobación y adjudicación de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del consejo de administración del Canal celebrada el 19 de julio de 2006, «merced a la intervención» de los dos miembros del consejo enjuiciados en esta pieza.
Además, en julio de 2006, el ente público convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito, que cuatro meses más tarde se acabaría adjudicando por unanimidad a la UTE formada por TCT, entre otras empresas. «De todos los asistentes a ese Consejo, solo los acusados Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo».
En definitiva, la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, pese a no tener capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, «se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones», obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros, «financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones».
La Fiscalía pide para cada uno de los acusados seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. Además, reclama el comiso de 504.780 euros, correspondientes a los beneficios obtenidos por TCT. Por su parte, el PSOE solicita 10 años de cárcel para Ignacio González e Ildefonso de Miguel, y siete para Pablo González, José Juan Caballero y José Antonio Clemente.
El juicio comenzará este martes 13 de octubre y está previsto que termine el 6 de noviembre. Según el calendario de sesiones, el 5 de noviembre declararán los cinco acusados. En 2027, a Ignacio González le esperan otros dos juicios por el caso Lezo. Se trata de la pieza sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal (a partir del 12 de enero de 2027) y la que versa sobre el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero (desde el 28 de junio).
Enlace de la fuente