Illa sitúa la vivienda y la educación en el centro de un debate de política general marcado por el desgaste del Govern

El Parlament de Catalunya afronta la primera gran cita del nuevo curso con el debate de política general (DPG), que arranca este martes por la tarde con el discurso inicial del presidente del Govern, Salvador Illa. Continuará el miércoles con las réplicas de los representantes de la oposición y las contrarréplicas del jefe del Ejecutivo, y culminará el jueves con la votación de las propuestas de resolución.

Aunque Illa abordará un amplio abanico de cuestiones, desde las infraestructuras y la movilidad a la seguridad, pasando por la financiación, la inmigración o los retos globales -como el cambio climático- que también tiene Catalunya, la educación y, sobre todo, la vivienda acapararán buena parte del protagonismo, tanto durante su intervención como en las propuestas de algunos de los partidos de la oposición.

Desde el final de las vacaciones parlamentarias, la educación se ha situado en primera línea del debate político catalán. En parte por el enquistamiento del conflicto entre el Govern y los docentes -que se evidenció con una nueva huelga en los centros escolares el 8 de septiembre, primer día lectivo del curso-, y en parte por el impacto del error de las pruebas PISA en Catalunya y que llevaron al presidente Illa a comparecer la semana pasada en el Parlament para dar explicaciones. Sin convencer al resto de grupos, que demandan el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó. Además, el Consell d’Educació de Catalunya ha empezado a trabajar en el «debate de país» sobre la materia, que debe concluir en abril y, en paralelo, el viernes se celebró una primera cumbre de partidos en la Generalitat para abordar la crisis en educación.

Ahora bien, el estallido del caso Maricarmen – la mujer de 87 años desahuciada del piso de Madrid donde vivía desde hacía siete décadas- ha reactivado las movilizaciones por la vivienda en el conjunto del Estado y ha colocado la cuestión en lo más alto de la agenda social, política y mediática. Illa ya había aprovechado los DPG de 2024 y 2025 para hacer grandes anuncios en torno a la vivienda y la cita de este 2026, el tercer debate de política general que vive como presidente, no será una excepción, sino que desde Presidencia se apunta que se plantearán vías para intentar facilitar el acceso a un piso a capas amplias de la población.

En el actual contexto, adoptar nuevas medidas en vivienda es casi imperativo, pero además es un terreno donde Illa se siente razonablemente cómodo. Y también le permite reforzar la alianza parlamentaria con ERC y Comuns, fuerzas aún más partidarias de llevar a cabo nuevas medidas regulatorias encaminadas a resolver -al menos parcialmente- lo que desde hace unos años es el principal problema de los catalanes, según las encuestas.

El DPG llega apenas dos semanas después de que Illa pronunciara una conferencia de balance de la primera mitad del mandato, una intervención tildada de «autocomplaciente» y «alejada de la realidad» por la oposición, que criticó el tono triunfalista habida cuenta de las crecientes críticas que arrastra el ejecutivo autonómico en cuestiones como la movilidad -con el crónico caos de Rodalies-, la educación o interior, a raíz de diversas actuaciones de los Mossos.

Con todo, el president pretende seguir una línea similar a la de hace 15 días para intentar situar el relato de que el suyo es un Govern que gobierna, que está en movimiento y que toma decisiones en múltiples ámbitos que han acabado con la parálisis que, a su juicio, significó la década del procés. En este sentido, como ya hizo en la conferencia de medio mandato, se mostrará partidario de afrontar con decisión cuestiones globales como el reto demográfico, el cambio climático, la inteligencia artificial o la emergencia de nuevos autoritarismos.

Con relación al último punto, desde su equipo apuntan que planteará una Catalunya «cohesionada» con un proyecto de país «donde quepa todo el mundo», con la voluntad de confrontar la extrema derecha que representan tanto Vox como Aliança Catalana. Un marco, el de confrontar a la ultraderecha, que casa con la estrategia política de Pedro Sánchez y el PSOE para sobrevivir en el Estado. De hecho, Illa ya advirtió en su discurso por la Diada del 11 de septiembre de los riesgos para la convivencia que suponen estos partidos.

A las puertas del nuevo ciclo electoral

Más allá de intentar erigirse en un muro para frenar a la extrema derecha, Illa también buscará elevar las expectativas de su formación poniendo la vivienda en el centro y con guiños a sectores económicos con la defensa firme del proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat. Un proyecto, que apenas empieza a dar los primeros pasos adelante a nivel de inversión, y que genera un fuerte rechazo social de entidades ambientales, ecologistas y vecinales y también topa con el rechazo de la izquierda del Parlament, tanto por parte de sus socios de ERC y Comuns, como desde el anticapitalismo de la CUP.

La estabilidad que se ha garantizado el Govern tras la aprobación de los presupuestos -los primeros desde 2023- es otro de los elementos que Illa quiere poner en valor, con el objetivo de desplegar a toda máquina su agenda política durante los próximos meses. Todo ello con la voluntad de desmontar el relato de mala gestión que se cierne sobre el ejecutivo, a raíz de la crisis en educación y los problemas con la movilidad, entre otros, y que torpedea la imagen que quiere transmitir el Govern del PSC.

Al fin y al cabo, a pesar de mantenerse como primera fuerza en Catalunya en todas las encuestas, los socialistas empiezan a sufrir un desgaste importante y los sondeos les pronostican retrocesos en las urnas. Un hecho que puede preocupar a los estrategas de Palau, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral, con la celebración de las municipales en mayo del próximo año y unas generales con fecha por confirmar.

Un nuevo ciclo que, a nivel catalán, debe estar marcado por la aplicación total de la Ley de amnistía y, por tanto, el retorno en los próximos meses a Catalunya de Carles Puigdemont, quien deberá decidir el papel político que quiere jugar a partir de ahora y que puede ser decisivo para revertir la caída de Junts. Además, la amnistía también debe suponer el final de la inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, por lo que debería poder encabezar la candidatura de los republicanos en las siguientes elecciones al Parlament, previstas para 2028.

Los grandes anuncios en vivienda

En octubre de 2024, en su primer DPG como presidente, Illa anunció la puesta en marcha del plan 50.000, con el objetivo de construir este número de pisos públicos hasta 2030 para aumentar el escaso parque de vivienda de la Generalitat. Un año después, la vivienda volvió a concentrar el principal anuncio del DPG, en este caso con la propuesta de acuerdo de país para movilizar suelo para hacer 214.000 pisos.

En esta ocasión, y en medio de las negociaciones por el nuevo decreto estatal de vivienda a raíz del caso Maricarmen, la previsión es que los anuncios giren en torno a nuevas medidas para facilitar el pago del alquiler a colectivos amplios de población y no únicamente a jóvenes; la futura ley para elevar la densificación de pisos, pactada con los Comunes; y, probablemente, sobre la ley para limitar las compras especulativas, que está pendiente de que se acuerde un nuevo texto después de que el Consell de Garanties Estatutàries cuestionara su constitucionalidad en varios puntos clave.

La centralidad de la vivienda en el DPG no la marcarán únicamente Illa y el Govern, sino también algunos de los grupos de la oposición, que aportarán propuestas propias. Así, por ejemplo, ERC ha avanzado este lunes que planteará modificar la fiscalidad para facilitar el acceso a la vivienda. En concreto, los republicanos propondrán rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda y subirla para las siguientes compras. En este sentido, su portavoz, Isaac Albert, ha detallado que la idea es ampliar el actual tipo reducido del 5%, del que se benefician algunos colectivos, a más población y plantear el pago fraccionado del impuesto, que hoy no es posible. En paralelo, también buscan que el Congreso rebaje el IVA del 10% en la compra de la primera vivienda.

La CUP, a su vez, defenderá expulsar a los fondos de inversión extranjeros, impedir la compra especulativa y prohibir todos los desahucios, y hacerlo «de manera urgente e inmediata» sin esperar decretos estatales, en palabras de su portavoz, Su Moreno.

Aunque la educación tendrá un peso fundamental en el DPG, no se esperan grandes anuncios, dado que estos ya han llegado las últimas semanas, con la puesta en marcha del «debate de país» y el compromiso de intentar llegar en los próximos años a una inversión del 6% del PIB, lo que supone más o menos el doble que la que destinan los actuales presupuestos de la Generalitat. En este sentido, la cumbre de partidos del viernes sirvió para acordar la creación de un grupo de trabajo para calendarizar un compromiso que, en cualquier caso, no se materializará durante la actual legislatura. Sí se da por hecho, sin embargo, que la oposición aprovechará la carpeta de educación para atacar a la consellera Niubó, que ahora mismo es uno de los eslabones más débiles del ejecutivo y simboliza, seguramente como nadie, los problemas de gestión que arrastra el Govern de Illa.