Junts negocia con el Gobierno suspender los desahucios en pisos de fondos de inversión

Ante la presión de los socios de Sumar y la protesta en la calle, el Ministerio de Vivienda está intentando cerrar acuerdos para que este próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto que aspiraba a aprobar en julio, por lo que está negociando propuestas de Junts, como suspender desahucios si los pisos son propiedad de fondos de inversión.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado a buscar el «mínimo común denominador» entre los diferentes partidos del Congreso para aprobar «lo antes posible» un decreto que ponga remedio a la «grave crisis» que se está viviendo. En declaraciones a TV3, Nogueras ha señalado que el PSOE ve «con buenos ojos» medidas ya registradas en el Congreso y que le fueron entregadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre.

En concreto, Junts propone desgravaciones a los alquileres, las adquisiciones de vivienda o las cuentas de ahorro, la suspensión de desahucios si los pisos son propiedad de fondos de inversión o la prohibición de que los fondos compren más inmuebles.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya comentó este jueves que se trabaja para aprobarlo el martes, pero que se precisa el apoyo de los grupos para sacarlo adelante.

Sumar estudia las bonificaciones a propietarios

Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado abierto a estudiar la propuesta de Junts para aprobar bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga a los alquileres ante la «urgencia» de aprobar en el Congreso el decreto de vivienda.

Urtasun ha subrayado que ya han aceptado «desde el principio» el «debate» sobre las rebajas fiscales planteadas por la formación independentista para negociar el decreto de vivienda porque «la gente quiere soluciones» ante la «sangría social» que está produciendo la crisis habitacional en España.

El ministro ha puesto su «mano tendida» al diálogo con Junts, porque son necesarios para el día a día de la mayoría parlamentaria, y ha confirmado que se están estudiando sus propuestas pues, según ha recalcado, se trata de construir un decreto «donde todo el mundo se sienta reflejado» ante la realidad de los escaños de la Cámara Baja.

«¿Existen condiciones para que el martes vaya un real decreto con acuerdo? Mi respuesta es que la voluntad política por parte del Gobierno está ahí. Creo que además sería deseable y lo vamos a intentar hasta el final», ha avanzado en una entrevista en la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

El decreto, ha dicho, debe recoger la cuestión de los desahucios que ya se rechazó en la Cámara Baja, además de la regulación del alquiler de temporada o la «batalla» que desde Sumar lanzan en las prórrogas los alquileres, para que a nadie le suban 500 euros cuando le renueven el contrato y se tenga que marchar de su casa.

En otra entrevista en RNE, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que no «concibe otro escenario» si el PSOE no lleva al Consejo de Ministros del próximo martes el nuevo decreto de vivienda.

Bustinduy ha subrayado «que hay momentos en política que son determinantes y decisivos, y este es uno de ellos» ante la presión social de la calle tras desahucios como el de Maricarmen. Sobre las negociaciones con Junts, el ministro ha admitido que el partido catalán tiene «posiciones en política económica» que están en las «antípodas» de la izquierda, pero ha reiterado la necesidad de encontrar voluntad política para «encontrar soluciones en los aspectos que nos separan».

Respecto a la propuesta de las desgravaciones fiscales, ha insistido en que no es el modelo que la izquierda defiende, porque «no funciona» y en muchos casos «son injustas». A su juicio, que haya un mecanismo «de bonificación fiscal a pequeños propietarios» es un «escenario diferente» al de perdonar impuestos como «incentivo» para alquilar vivienda. «Para que haya un acuerdo tendrá que haber cesiones por todas partes», ha avisado.

Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya ha convocado para este sábado una manifestación en Madrid para que no haya «Ni una Maricarmen más» y para «señalar» a los que consideran responsables del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años y por la que pagaba una renta antigua de 500 euros al mes.