Junts se presenta como defensor de los caseros en un intento de frenar su retroceso electoral

Noche del jueves. Termina la reunión telemática de la ejecutiva de Junts. Poco más de una hora larga de deliberación. El partido de Carles Puigdemont decide que tumbará los dos decretos aprobados por el Gobierno si el ejecutivo de Pedro Sánchez no retira los textos. Comunicado público y ambiente de legislatura agonizante. Los móviles de los dirigentes de la cúpula de Junts acumulan mensajes. Un integrante del núcleo más próximo a Puigdemont responde así a la pregunta de si no temen un castigo electoral por la oposición a los decretos: «Sólo recibo agradecimientos y felicitaciones». «De gente que no es del partido», añade esta voz de la cúpula de Junts en conversación con Público.

Respuesta política ante el hervidero de la calle, con movilizaciones también en el corazón de Barcelona y peticiones de «huelga general». En la ejecutiva ya intuyen en la medianoche del jueves que Sánchez puede tener la tentación de adelantar las elecciones con el cambio de marco político, otra vez en el eje de izquierdas y derechas por la crisis de la vivienda.

El comunicado del partido reza que la decisión se ha tomado por unanimidad. Ciertamente, pero ha existido el debate. «No era una decisión nada sencilla», admite un alcalde de Junts del sector más conservador, que había trasladado al partido la necesidad del voto contrario. El camino de la abstención era menos lesivo en el debate público, pero el malestar por la negociación y el contenido final de los decretos han pesado más. Míriam Nogueras ya advertía el martes, a quien quisiera escucharla, de la estupefacción de su partido por los «inventos» del Gobierno, después de digerir la sorpresa de los decretos troceados.

Tras un año de relaciones rotas con el PSOE, Junts había vuelto formalmente a la negociación con una propuesta que el lunes se discutía con los socialistas y el miércoles ya generaba rechazo en Waterloo –donde reside Carles Puigdemont–, por entender que se había desfigurado respecto al marco inicial. Puigdemont y Nogueras lideraron el rechazo antes de la votación.

Junts ha dedicado esfuerzos desde el jueves por la noche a instalar la idea que la mayoría de las medidas del primer decreto -el segundo, con la prórroga automática de contratos, ya no tenía opciones de salir- podía provocar el «efecto contrario» de lo que pretendían y que no era útil para frenar a los fondos buitre. «Reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán todavía más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica», insistía el comunicado posterior a la ejecutiva. Nogueras, ya este viernes en el hemiciclo del Congreso, remachó la tesis con la idea del empobrecimiento general que provocaría una regulación construida con el «chantaje de los extremos».

Alcaldes que en los últimos tiempos se han mostrado críticos con la estrategia política de Puigdemont cerraban filas con la dirección en las últimas horas, una vez la cúpula se manifestó. «Lo fácil era votar que sí, pero habríamos dejado a los propietarios totalmente desprotegidos y la oferta de alquiler se habría reducido más», apuntaban voces locales del partido consultadas por Público. Mensajes que casan con el que emitía esta semana la Asociación de Promotores Constructores de España, beligerante con el contenido de los decretos.

Alejados de las protestas

En Junts saben que la decisión dejará una herida. «Seguramente nos pasará factura», admite un dirigente de la formación, pensando en el clima de presión social y el corto plazo. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), de julio de este año, detallaba que el acceso a la vivienda era el principal problema para los electores de Junts, aunque en menor porcentaje que los votantes de PSC, ERC, Comuns y CUP. Los simpatizantes de Puigdemont también tienen hijos que sufren la crisis del mercado residencial. Pero en el partido pesa más la consciencia de que su electorado no está movilizado desde el desalojo de Maricarmen. No están en plaza Catalunya acampados, no estarán el sábado en la calle. 

Se trata del famoso «pequeño propietario» que tanto verbaliza Nogueras. Un pequeño propietario, a fuerza de ahorro, que alquila una segunda o tercera vivienda y que quiere garantías. Pero las cifras revelan que esta es una figura también idealizada, una bolsa electoral discreta. Según un informe de diciembre de 2025 del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, los propietarios con dos o tres pisos -los que pueden cederlos al mercado de alquiler- representan el 13,2% del conjunto de titulares de inmuebles de la ciudad. Son poco menos de 70.000 personas.

Justo cuando el debate político en España ha vuelto al eje izquierda-derecha gracias a la vivienda -un escenario más cómodo para Sánchez tras acumular desgaste por la crisis de Ceuta-, Junts se ha alineado en el ‘no’ a la regulación, una fotografía compartida con PP y Vox. La carpeta de la amnistía está caliente, Puigdemont espera el fallo del Tribunal Constitucional la próxima semana y la rendición inmediata del Supremo para consumar el regreso a Catalunya, paso que permitirá a Junts desplegar una estrategia electoral que estaba en pausa hasta el regreso del expresidente.

La posición en vivienda da pistas sobre algunas intenciones. Mirada de reojo a la derecha. Hay prioridades: frenar la hemorragia frente al ascenso demoscópico de Aliança Catalana con la carta de Puigdemont, el único que en encuestas internas permite contener -no revertir- la fuga de votantes frustrados cuando lleguen las municipales. De momento, a la espera de los fuegos artificiales del retorno y de una convocatoria de comicios general que ya se vislumbra, la receta del partido de Puigdemont es una postura inamovible en vivienda. Junts, el pequeño propietario y la amenaza de un electorado menguante.