La batalla por la financiación evidencia la distancia entre las estrategias de ERC y Junts

Las próximas semanas, el proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica aterrizará en el Congreso de los Diputados. Validado la semana pasada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras recibir únicamente el apoyo del Gobierno, la Generalitat catalana y Canarias, en pocos días será aprobado por el Consejo de Ministras para, posteriormente, ir a parar a la Cámara Baja, donde finalmente se decidirá su futuro. Con el ya conocido rechazo frontal de PP y Vox -sin que ninguna de las dos formaciones de derecha y extrema derecha haya presentado ninguna alternativa-, la única opción de que salga adelante es que reciba los votos del llamado bloque de la investidura, lo que sitúa como decisivos a los siete diputados de Junts en el Congreso.

Ahora mismo parece muy lejano el aval del partido de Carles Puigdemont a la financiación, teniendo en cuenta que ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad al modelo aprobado por el CPFF y que reclama un concierto económico para Catalunya. Una posición, de máximos, que probablemente va más allá de lo que está dispuesto a negociar -y aceptar- el PSOE y que contrasta con el papel que ha tenido -y tiene- ERC. De hecho, la financiación es una de las carpetas que más claramente evidencia la distancia entre las actuales estrategias políticas de Junts y unos republicanos que, directamente, han impulsado el nuevo modelo, hasta el punto que el aprobado el viernes por el CPFF deriva del pacto que en enero cerraron el presidente español, Pedro Sánchez, y su homólogo de ERC, Oriol Junqueras.

El secretario general de los juntaires, Jordi Turull, ha reiterado este martes la posición del partido. En una entrevista en Catalunya Ràdio ha subrayado que la condición que ponen para apoyar la financiación es «tener la llave de la caja», es decir, que sea Catalunya la que recaude y gestione los impuestos, en la línea del concierto económico vasco o navarro. «Los demás ya están contentos. Si todo el mundo gana, Catalunya pierde seguro», ha comentado Turull, que considera que «tenemos que ser exigentes» en la negociación. La realidad es que el modelo planteado comporta un incremento de recursos para el conjunto de las autonomías de casi 21.000 millones, de los cuales 4.700 serían para Catalunya, sin que ninguna comunidad pierda. «Primero tenemos que ver la letra del modelo, pero haremos una enmienda a la totalidad con texto alternativo para que el país tenga su propio sistema de financiación», ha detallado.

ERC comparte la necesidad de que Catalunya tenga un modelo propio de financiación y, por tanto, que no forme parte del sistema de régimen común, pero la petición no tendrá a buen seguro el apoyo del Partido Socialista, lo que significa que no prosperará. A partir de aquí, tanto el Gobierno como los republicanos consideran que hay margen de negociación y de mejora del modelo aprobado el viernes, lo que en su interpretación puede permitir aterrizar un posible -pero de momento poco probable- aval de Junts.

El gran dilema, ahora mismo, es hasta dónde estará dispuesto a llegar el PSOE para tratar de contentar a Puigdemont y, al mismo tiempo, si este es capaz de mantener el «no» a la financiación a pesar de que en la tramitación en el Congreso se planteen mejoras significativas. No se puede menospreciar que las finanzas de la Generalitat no van precisamente sobradas de recursos, consecuencia de nutrirse de un modelo de financiación acordado en 2009 y caducado desde 2013.

Sólo desde entonces, la población catalana ha aumentado en unas 800.000 personas y la evidencia de unos servicios públicos cada vez más tensionados explica el amplio apoyo del mundo social y económico -desde los principales sindicatos a las patronales- a la financiación acordada por ERC y el PSOE, que dotaría de unos 4.700 millones extras la caja del Govern a partir del próximo año. Y que, además, cumpliría la ordinalidad, es decir, que Catalunya sería la tercera comunidad que más recursos recibiría por población ajustada, tras ser también la tercera que más aporta por habitante a la caja común.

Los propios republicanos admiten que el nuevo modelo no es ni mucho menos perfecto y que en la negociación con el Estado se han perdido los elementos de singularidad esbozados en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, pero que permitiría un salto adelante que no se puede menospreciar. Y más a pocos meses de unas elecciones generales que, probablemente, abrirán las puertas de la Moncloa a un gobierno ultra de PP y Vox, que torpedeará cualquier posibilidad de mejorar a corto plazo las finanzas públicas catalanas.

La voluntad de ERC de «fortalecer Catalunya»

Si el viernes el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, manifestó que el nuevo modelo es «insuficiente» pero «infinitamente mejor» que el existente, para añadir que «nadie saca menos, todo el mundo saca más», este lunes la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, cargó contra Junts. En una rueda de prensa en la sede del partido afirmó que «el PP y Vox bloquean la financiación porque es una propuesta hecha y planteada por Catalunya», pero que le «parece surrealista que un partido soberanista, que tiene que defender a los catalanes, se ponga a su lado». «Lo que se vota sobre la financiación es si estos recursos nos los quedamos los catalanes, o se los queda España», remachó la número dos del partido, para quien la cuestión no es «si Esquerra se pone una medalla» sino si Catalunya recibe los recursos que necesita en medio de la situación de «colapso de los servicios públicos» que sufre.

Lo que expresó Alamany resume, en parte, el papel que juegan ERC y Junts en el actual contexto político: con una Esquerra dispuesta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista -tanto en Catalunya como en el Estado- para intentar conseguir avances, por migrados que sean, y proyectarse como una formación «útil», mientras que los posconvergentes desprecian cualquier logro de los de Junqueras -ya sucedió con la amnistía- y plantean posiciones de máximos que, a pesar de ser totalmente legítimas, en la práctica a menudo hacen inviable cualquier acuerdo que permita mejorar la situación actual.

Fuentes de los republicanos sitúan su marco de actuación en la idea de que «no hemos venido a la política para instalarnos en el ‘no a todo’. No hemos venido a alimentar el ruido ni el caos. Hemos venido a hacer avanzar y fortalecer Catalunya». Con esta premisa, subrayan que no llegan a acuerdos «para salvar al PSC [o al PSOE]», sino que «llega para obligarle a moverse». Además, consideran que, a diferencia de los socialistas catalanes, que se «limitan a gestionar», ERC «propone y condiciona», con el objetivo de alcanzar acuerdos que sirven para «reforzar el país».

La financiación no deja de ser un ejemplo claro de este marco, sobre todo porque el modelo aprobado por el Gobierno se aleja en aspectos decisivos de lo que se había abordado para investir a Salvador Illa: no se trata de un modelo singular para Catalunya, sino que se mantiene en el régimen común de todas las autonomías; y Catalunya tampoco pasa a recaudar -y gestionar- todos los impuestos. De hecho, uno de los grandes caballos de batalla de los republicanos con el Govern de Sánchez el último año ha sido conseguir la transferencia de la gestión del IRPF a Catalunya, una demanda que el Ministerio de Hacienda no acepta y que parece del todo descartado que se pueda materializar los próximos meses. Y eso, a la vez, hace del todo inviable pensar que el PSOE sí se abrirá a aceptar el concierto económico que plantea Junts.

El posible margen de negociación

Ahora bien, que la «llave de la caja» que reclama Turull no parezca políticamente viable a corto plazo no significa que el PSOE no se abra a una negociación en el Congreso que incorpore mejoras en la financiación, una posición que tiene el apoyo de ERC. En este sentido, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, enumeró durante el fin de semana algunas de las posibles mejoras que podrían abordarse las próximas semanas. Como ahora, mejorar el porcentaje de cesión del IRPF a las autonomías -que con la propuesta aprobada en el CPFF pasaría del 50% actual al 55%-, incorporar mejor el coste de la vida en Catalunya, modificar el criterio de población ajustada o mejorar la financiación de las lenguas propias.

Alícia Romero: «El Gobierno de España sabe que tiene que ofrecer algo para convencer a Junts»

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Romero remachó que «el Gobierno de España sabe que, si tiene que convencer a Junts para incorporarlo al consenso con el modelo de financiación, tendrá que ofrecer algo». El Govern, por tanto, defiende que el modelo tiene margen de mejora, pero a la vez insta a Junts a no bloquear la reforma impidiendo su tramitación en el Congreso, para «no perder la ventana de oportunidad» actual de mejorar la financiación, que «no se sabe» si existirá el próximo año, dada la futura celebración de elecciones generales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, también ha afirmado que se abre a negociar cambios en el modelo a través de la presentación de enmiendas en la tramitación en el Congreso. Las próximas semanas se aclarará si Junts acepta transitar por esta vía de negociación o se enroca, nuevamente, en un «no a todo» que le aleja de la percepción como fuerza política útil. Y que no parece la estrategia más efectiva para frenar las fugas de votos que sufre hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Las claves del modelo

Si ponemos el foco en las principales novedades del modelo aprobado el viernes, una de las más importantes es el aumento del porcentaje de recaudación de los grandes impuestos que corresponderá a las comunidades autónomas. La cesión del IRPF pasará del 50% al 55%, y la del IVA, del 50% al 56,5%. También hay modificaciones en los criterios de población ajustada, en los mecanismos de nivelación y en la compensación entre territorios. El sistema incorpora también una cláusula de statu quo para que ninguna autonomía reciba menos recursos que con el modelo actual.

También se modifican los mecanismos de solidaridad. La llamada nivelación horizontal garantizará que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado derivada de su capacidad tributaria. Paralelamente, el Estado aportará 19.000 millones a través de la denominada nivelación vertical para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto de la que dispone de más recursos por habitante ajustado. El modelo también da a las comunidades la opción de recibir una parte del IVA generado por las pymes establecidas en su territorio. Finalmente, también se incorpora una cláusula que permitirá a cada comunidad decidir si se acoge al nuevo sistema o mantiene el rendimiento que le proporciona el actual.