La comisaría de la Gavidia en Sevilla es símbolo de la represión obrera

La antigua Comisaría de Policía de la Gavidia en Sevilla es hoy un lugar de memoria democrática: fue reconocido por el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), en junio de 2020. «El edificio albergó la sede de la Jefatura Superior de Policía desde 1964 hasta 2003. Su inclusión en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática viene fundado por los actos de represión que se produjeron en dicho lugar. En concreto en los calabozos de dicho edificio fueron interrogados y retenidos ciudadanos por sus ideas políticas, por sus reivindicaciones sociales o por su orientación sexual», recoge el acuerdo por el que se aprobó esa denominación. «El espacio inscrito es una parte de los calabozos situados en la planta semisótano, así como una reserva en la planta baja para dotarlo de acceso específico», especificó el Gobierno andaluz.

Esta semana un grupo de 60 policías y familiares de agentes han reclamado al Gobierno andaluz, según publicaron los periódicos ABC y Diario de Sevilla, que rectifique esa declaración y tratan ahora de borrarla porque, afirman, «mancha» el buen nombre y la trayectoria profesional de quienes han trabajado allí. La petición coincide con la entrada de Vox en el Gobierno andaluz y con el debate sobre qué hacer ahora con el espacio, en el que, en principio, está previsto un centro de interpretación de lo que allí sucedió, que depende del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PP y Vox. El sindicato CCOO, que impulsó esa declaración como lugar de memoria, prepara movilizaciones para que se respete el espacio y efectivamente se monte ese centro.

«[En la comisaría] trabajaban muchos policías. No quiere decir que fueran todos los que ejercieron esos actos de represión. Hablamos de la Brigada Político Social, que luego pasó a llamarse Brigada de Investigación Social y después de Información. Es ese proceso de blanqueo del franquismo a partir de los años 60 en que necesita abrirse al mundo y cambian los nombres, pero no cambia mucho más, esto era la policía política franquista. Eso era un equipo. Los policías que estaban haciendo el carné y otros que trabajaban allí no torturaban. Pero del equipo de la brigada, conocemos todos los nombres, hay un expediente de las detenciones del 70-71 y aparece el equipo completo. Y hay testimonios. Esta verdad no se puede ocultar», afirma a Público Eloisa Baena Luque, doctora en historia, hasta hace unos meses encargada del archivo histórico de CCOO. También es coautora del estudio, coordinado por Alfonso Martínez Foronda, La dictadura en la dictadura, detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969. En ese volumen, se recogen, en efecto, los nombres y apellidos de aquellos policías. También en ese documento que señala Baena. 

Según recoge ABC, los agentes que reclaman eliminar la consideración de lugar de memoria, sostienen que durante los años de la dictadura franquista en los que funcionó la comisaría, la Policía Nacional «se limitaba a cumplir las leyes establecidas, algunas de las cuales estaban vigentes en la II República, como la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, el Tribunal de Orden Público [el TOP, instrumento central de la represión] y disposiciones penales sobre derechos de reunión y manifestación». Los firmantes consideran que debe ser la Justicia el estamento que «determine la supuesta represión y torturas que aseguran se produjeron» en los calabozos de la Gavidia. «Ningún policía de la Gavidia fue condenado judicialmente», defienden.

Los hechos, por el contrario, son estos. La comisaría de la Gavidia se inauguró a principios de los años 60, cuando empezaba a resurgir un incipiente movimiento obrero en Sevilla, según explica Baena Luque. «Entre los años 68 y 71 hay muchas movilizaciones y ahí es donde se producen muchas detenciones y torturas», expone la historiadora. «Todo el resurgimiento del movimiento obrero pasó por allí. Y si no, estaba en la puerta esperando a ver qué pasaba. Fue un centro de tortura. Todo [detenido por propaganda sindical o política] que pasó por la Gavidia fue torturado, de una manera o de otra. Psicológicamente todos y otros golpeados, tortura física», afirma.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas define en su artículo 1 la tortura de esta manera: «Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». Luego añade: «No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas».

Todo arranca desde el momento en que se entra en esos calabozos «sucios y cerrados», según Baena. Así se describe en el libro La dictadura en la dictadura: «El calabozo era rectangular, de unos cuatro metros cuadrados. Al fondo, un poyete con losetas servía de cama y, por delante, una reja de hierro como único punto de ventilación y de entrada de la luz artificial. Como única protección ante el frío del invierno sevillano, una manta». «Cada vez que oía el timbre era algo tenebroso, era el principio de Pavlov de causa-efecto. Oía el timbre y me recordaba a tortura. Y durante años cada vez que oía un timbre de aquellos me recordaba la tortura», expone Francisco Sánchez Legrán, miembro en aquellos años de las Juventudes Comunistas y las CCOO juveniles. 

Este asegura en conversación telefónica con Público que le aplicaron «lo que se llamaba la rueda». «Cuatro policías» le iban dando por turnos «patadas y puñetazos». Así durante «media hora, una hora». «Luego —recuerda Legrán— al calabozo y te llamaba otro policía, que se hacía el bueno, que te manipulaba y no te pegaba y como no lograba que diera nombres, me bajaban otra vez [al calabozo] y luego me subían y así seguía la tortura. Me reventaron parte de las piernas, los labios, la nariz, tenía el cuerpo lleno de hematomas de las patadas y podían hacer daño. Mi abrigo estaba lleno de sangre cuando salí de la comisaría al juzgado a que me viera el juez». El juez, asegura, ni le miró. 

«La práctica de la tortura, como expresión de la violencia política estatal, nunca estuvo tipificada como delito ni existió un contexto legal que permitiera su investigación o prevención. La tortura fue práctica habitual hasta el final de la dictadura e incluso durante los años de la transición política a la democracia en España. La práctica de la tortura y los malos tratos tuvo un carácter habitual y hecho de manera impune en las detenciones de los miembros de la oposición política y sindical», recoge el estudio El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos, elaborado por José Babiano Mora, de la Fundación 1º de Mayo, Gutmaro Gómez Bravo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Míguez Macho, de la Universidade de Santiago y Javier Tébar Hurtado, de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

Legrán recuerda de este modo aquellos años: «Era habitual que cuando se detenía a alguien por pegar carteles o con letreros o en una protesta de despidos de trabajadores o pedíamos el derecho de huelga y la libertad sindical, sufriera amenazas y palizas. Era una sistemática de torturas que llegaban a extremos para que tuviéramos miedo y dijéramos los nombres de personas y dirigentes y así poder seguir las redadas». «Las Brigadas Regionales de Investigación Social, conocidas como Brigada Político-social, contaban con una red de colaboradores y confidentes en los barrios y las escaleras de vecinos, los centros de trabajo y en los espacios de sociabilidad», se puede leer en el estudio El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos.

«Hasta 72 horas podías estar detenido. Quien pasaba del calabozo de La Gavidia a la cárcel, estaba tranquilo, porque allí estabas detenido, pero no te pegaban. Los estados de excepción, empero, liquidaban ese límite de 72 horas y la Policía podía retener a cualquiera por más tiempo», afirma Baena. Eso le sucedió, por ejemplo, a Francisco Rodríguez Martín, quien «durante su estancia en la comisaría de Gavidia, en la que permaneció durante 18 días antes de ingresar en prisión, sufrió palizas que le produjeron siete perforaciones de tímpano», según recoge un trabajo de la Fundación Pablo Iglesias. Así lo corrobora también Legrán en conversación con Público. 

«Durante los sucesivos estados de excepción a los que el Régimen recurrió para luchar contra la disidencia política: 1956, 1958, 1962, 1967, 1968, 1969, 1970 y 1975 fueron establecidos largos meses durante los cuales el límite de las 72 horas fue eliminado», señala el estudio El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos. «Esta dictadura —recoge este trabajo— fue el escenario de torturas generalizadas para miles de detenidos, amparadas en la impunidad más absoluta. Los malos tratos se podían producir en cualquier momento. Durante el traslado a comisaría, los vehículos camuflados de la BPS [Brigada Político Social] podían ser el escenario de los primeros golpes indiscriminados, en caliente. Pero el espacio de tortura por antonomasia fueron las Jefaturas de Policía [como la Gavidia] o los cuarteles de la Guardia Civil».

Las mujeres también pasaron por La Gavidia, se las insultaba y se las vejaba, según Baena. Kechu Aramburu, estudiante en aquellos años, fue una de ellas. «Ellos no jugaban. [Daban] con la correa, bofetadas, nos tiraban al suelo, daban patadas. Nos hacían daño de forma medida, nos hacían amenazas de muerte, de tirarnos por las ventanas. Había un maltrato psicológico y físico. Llevaban guantes para que no se quedaran marcas ni huellas. Eran profesionales, no eran aprendices del asunto de los maltratos. No llevabas moretones, salvo algún desquicie. De eso se trataba, de asustarnos y expandir los miedos», afirma a Público. 

Para Legrán, la carta de los policías quiere «ocultar algo tan sencillo y real como que allí se maltrataba y torturaba a gente», lo que era «normal en la dictadura». «Es algo extraño. Comprendo que se puede ser una persona de derechas y de ideología muy radical de derechas, pero cuando uno ha vivido lo que ocurría allí uno espera que haya, como en Alemania, un recuerdo y que la gente lo sepa y no por eso hay que culpar a nadie en estos momentos. Negar eso es una cobardía». Aramburu reflexiona: «El tema es muy elemental. Los pueblos que viven sin su memoria están condenados a no tener una existencia. Hay que frenar estas cosas, todo. Lo que signifique memoria democrática, estamos obligados a cuidarlo. Espero que seamos fuertes y no se quiebre un pasado». 

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla «que funcionarios públicos quieran tratar de invisibilizar lo que recoge una ley de memoria, y que es un consenso democrático es reflejo del momento cultural y político que vivimos». «Pero luego —añade Aristu— es que esto conecta con lo que tenemos en el Ayuntamiento de Sevilla ahora mismo, que está gobernado por un PP necesitado de Vox. Y el próximo 21 de octubre nos vamos a movilizar porque el riesgo que hay ahora es que no se dedique ni un euro a dotar de contenido a ese espacio y que la ciudadanía pueda conocer lo que es cultura democrática».

El acuerdo que declara los calabozos como lugar de memoria recoge lo siguiente: «El espacio inscrito será susceptible de ser tratado como local independiente del resto del edificio, disponiendo de un acceso específico desde la Plaza de la Concordia, reservando para ello una zona tanto en planta baja como en semisótano. La superficie aproximada ocupada por esta parte de los calabozos de la antigua Jefatura superior de Policía, así como el espacio reservado para el acceso independiente desde la vía pública, es de 215 m2. Respecto a las posibles medidas que, en su caso, fueren necesarias para la protección y conservación del bien, se estiman necesarias la señalización del lugar como referente de Memoria Democrática para el recuerdo general, así como la conservación de los elementos y vestigios que sirvan de testimonio de los hechos históricos en defensa de los valores democráticos que allí acontecieron».

Para la Federación Andaluza de Memoria Democrática el cumplimiento por parte de Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía de lo estipulado «no se puede ver amenazado por un grupo de antiguos agentes de policía jubilados». «Apremiamos a Ayuntamiento y Junta a que mantengan su compromiso con la protección de La Gavidia y no entren en el juego de un grupo de antiguos funcionarios, que no representan a todo el cuerpo policial. La Policía de hoy no debe ser identificada con las prácticas represivas de una dictadura, del mismo modo que la conservación de un lugar de memoria no supone acusar individualmente a todas las personas que prestaron servicio en él», asegura la Federación en un comunicado.

«La Declaración como Lugar de Memoria, está destinada a preservar los lugares vinculados a hechos relevantes para el conocimiento y la defensa de los valores democráticos, con su correspondiente protección dentro del patrimonio cultural andaluz, por tanto, no se trata de una iniciativa dirigida contra una institución o contra quienes desempeñaron su trabajo en ella. Es un lugar de conocimiento, no de enfrentamiento», considera la Federación.