La Comunidad de Madrid vuelve a poner en venta el ático de Chamberí por 6,7 millones de euros

La empresa pública Planifica Madrid ha publicado este lunes en el Portal de Contratación regional la nueva oferta pública de venta del polémico ático del distrito de Chamberí, que compró en abril por 6,3 millones de euros, que ya intentó enajenar sin éxito en una primera licitación que quedó desierta y que mantiene el mismo precio de salida que en ese proceso: 6.694.201 euros más impuestos.

En esta ocasión, según se detalla en el anuncio de licitación, habrá un primer plazo de 30 días -hasta las 23.59 horas del 21 de octubre de 2026- para presentar ofertas, pero si no se recibiera ninguna el proceso se convertirá en una oferta pública permanente, con carácter indefinido mientras no sea retirada por Planifica Madrid.

El Consejo de Administración de la empresa pública, que preside el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, acordó el viernes pasado mantener a la venta el ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, hasta que se reciba una oferta que cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos.

El inmueble es un ático de uso residencial y 485 metros cuadrados, de los que 99 son de terraza, según sus datos catastrales. Planifica Madrid lo compró en abril, pero la operación no fue revelada hasta que El País la sacó a la luz el pasado 29 de julio.

Al día siguiente, la Comunidad de Madrid anunció que vendería el piso con el objetivo de destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.

Según la documentación que publicó la semana pasada la Comunidad de Madrid, el fin del ático consistía en disponer «un inmueble institucional» con una zona de trabajo y «un área de descanso», y que sirviera como «alojamiento ocasional» para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial. 

En los documentos no se menciona que el inmueble sirviera como refuerzo para suplir los espacios en obras en la sede de la Presidencia madrileña, como argumentaba el Gobierno autonómico.