La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz ‘Kichi’
La Fiscalía ha pedido 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde Cádiz José María González, Kichi, al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el Consistorio.
En un escrito remitido al juzgado, la Fiscalía pide para el exalcalde tres años de inhabilitación y 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que suman 10.800 euros, por el delito continuado de revelación de secretos, y quince años de inhabilitación por el continuado de prevaricación.
La Fiscalía pide similares penas por los mismos delitos para David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo).
Para Fernando García Acuña, el que fuera asesor de Por Cádiz Sí Se puede, el partido con el que Kichi obtuvo su segundo mandato como alcalde, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito continuado de prevaricación.
García Acuña trabajó como asesor entre abril de 2018 y abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento.
Una denuncia de CCOO dio pie a esta investigación que el exalcalde de Cádiz, que tras cumplir su segundo mandato dejó sus cargos públicos para regresar a la enseñanza, siempre ha vinculado al «lawfare a la gaditana», por el que sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que han sido archivadas.
El fiscal solicita que en este caso se abra juicio
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2018 el equipo del entonces alcalde tenía cubierto el cupo de asesores y urdió un plan para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a García Acuña.
«Con conocimiento de su ilegalidad, fingieron que sería personal de confianza», para encomendarle funciones que «únicamente se hubieran podido desempeñar mediante los sistemas de acceso a la función pública, ya sean como funcionario, laboral fijo o laboral interino que debe de respetar los principios de convocatoria pública, a través del sistema de concurso, oposición, concurso oposición, conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», recoge el escrito.
«Por orden directa de los acusados», dice el fiscal, «accedió, de manera continuada, a información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios públicos de carrera del Ayuntamiento de Cádiz».
Entre estos funcionarios se generó la creencia, añade, de que ostentaba la condición de personal eventual del equipo de gobierno, «ficción» que se complementaba formalmente por la ocupación de un despacho compartido con personal eventual y de plantilla del Ayuntamiento.
Se le remitieron «documentos relativos a licitaciones, contratos y convenios que estaban en fase de preparación» para su preparación e «impartió instrucciones» a los funcionarios.
Según la Fiscalía, sus indicaciones e instrucciones «amén de modificaciones sobre expedientes», «tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento» y «debían ser acatados por los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz», con el respaldo del equipo de gobierno.
La labor que «efectivamente desempeñó» el asesor «como experto en licitaciones públicas» no se circunscribió al ámbito de las contratación pública del Ayuntamiento y de organismos pertenecientes a éste, sino que abarcaba numerosos temas y áreas incluyendo la relación con terceros ante los que ostentaba la condición de interlocutor municipal.
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