La Fiscalía pide amnistiar a los CDR procesados por terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido amnistiar a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo por supuestamente planear acciones violentas contra edificios en Catalunya en respuesta a la sentencia del procés en 2019.

El Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento libre del procedimiento en aplicación de la ley de amnistía, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera su aval a esta normativa, según han indicado fuentes jurídicas.

La Audiencia Nacional reactivó esta causa, que estaba en suspenso desde 2024, pidiendo a las acusaciones y defensas que se pronunciaran respecto a las consecuencias que tenía la sentencia adoptada por la Justicia Europea en este procedimiento.

Este tribunal había dejado en suspenso este procedimiento para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, para que ese tribunal se pronunciase sobre si la aplicación de la amnistía en este caso contravenía el Derecho comunitario y, en concreto, la directiva europea antiterrorista.

El TJUE falló que el perdón «no menoscaba» la directiva europea antiterrorista, ya que la medida excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves, y estableció que la amnistía se ajusta a la normativa comunitaria, siempre que no entrañen violaciones graves de los derechos humanos.

La corte, con sede en Luxemburgo, dejó en manos de la Audiencia Nacional valorar si el caso de los CDR debe quedar excluido de la amnistía por implicar violaciones de derechos humanos.

Tras la sentencia del TJUE los abogados de cinco de los doce procesados pidieron a través de un escrito la aplicación de la amnistía y recordaron que la propia Audiencia ya admitía en el auto con el que acudió a la Justicia Europea que de los escritos de acusación no se desprende «ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física o psíquica de persona alguna, ni la existencia de víctimas ni daños materiales».

Esta causa quedó congelada, con la presentación de la cuestión prejudicial, tras celebrarse una vista de previo pronunciamiento (similar a las cuestiones previas) en la que la Fiscalía, que había pedido en un principio penas de entre ocho y 27 años de cárcel, apoyó la aplicación de la amnistía para los acusados, como también hicieron las defensas.

En dicha vista, la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), representada por Fuster-Fabra Abogados, se opuso porque consideraba que la ley no era aplicable a este caso.

Una vez reciba los escritos de alegaciones de las partes, el tribunal debe resolver sobre estas peticiones y decidir si amnistía o no a los CDR procesados.

Los doce integrantes de los CDR fueron procesados por presuntamente pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos –el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT)– que supuestamente planeó sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Catalunya en el aniversario del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, de 2019.

La tesis del juez que les investigó, el magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, era que los procesados habrían conformado «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados» utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.

El magistrado consideraba que los investigados habrían participado en cortes de carretera, en la creación de los centros de coordinación (CECOR) y que asumieron el encargo recibido de un denominado «CNI catalán» para aportar infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Catalunya.