La jueza del ‘caso ático’ pide a la Fiscalía que informe sobre la competencia del juzgado para investigar la operación del Gobierno de Ayuso

La jueza Rosario Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, ya ha movido ficha en la causa sobre el ático que compró el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por 6,3 millones de euros. Según una providencia a la que ha tenido acceso Público, la magistrada ha pedido a la Fiscalía que informe sobre su competencia para investigar esta operación.

Espinosa tiene sobre la mesa cinco denuncias por el ático después de que la Fiscalía Provincial de Madrid remitiera el pasado 10 de agosto cuatro de ellas -una presentada por el PSOE y tres más de particulares-, que se unieron a las diligencias en marcha tras la presentación de la denuncia inicial del partido Iustitia Europa, registrada el 6 de agosto. En esencia, los denunciantes piden que la justicia investigue los hechos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y  malversación en los que habrían podido incurrir los cargos públicos que decidieron la compra.

Tras la personación de este partido, habitual entre las acusaciones populares en las causas relacionadas con el Gobierno, del PSOE y Más Madrid, la jueza ha acordado la formación de «una pieza separada para la documental aportada» por las dos primeras formaciones. Asimismo, ha solicitado al Ministerio Fiscal que «informe sobre competencia de esta plaza y lo que a su derecho convenga y una vez hecho se acordará lo que proceda».

Hasta la fecha, la magistrada no había decidido qué hacer con las denuncias incoadas, ya que su «fase de estudio» se vio pospuesta a septiembre por la coincidencia de la presentación de las mismas en plenas vacaciones estivales, según indicó un portavoz del TSJ de Madrid a este medio.

Entre las opciones estaba la posibilidad de impulsar una investigación, archivar las denuncias o rechazar su competencia. Y es que, algunas de las personas contra las que se dirigen los diferentes escritos están aforadas, como son los casos de la propia Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Planifica Madrid. 

Esta última es la empresa pública que adquirió el polémico inmueble en el distrito de Chamberí, que solo admite uso residencial aunque la presidenta madrileña afirmó en una primera versión que se iba a usar como oficinas. Si bien, según consta en el expediente hecho público este jueves, a raíz de la comparecencia del propio consejero en la Asamblea madrileña, el Gobierno de Ayuso reconoce «la posibilidad de contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración».

La providencia por la que la jueza da traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del juzgado para investigar los hechos pone el foco en Planifica Madrid. Por ello, y a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie, se abren dos escenarios: que la jueza sea competente para asumir la investigación de los hechos o que eleve la correspondiente exposición razonada al órgano jurisdiccional competente por razón de la persona y de la materia. En particular, respecto del consejero autonómico (y presidente del consejo de administración de Planifica Madrid), se elevaría ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

En la denuncia de Iustitia Europa, la formación presidida por el letrado Luis María Pardo hacía especial hincapié en esta cuestión. «Si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ánegel García Martín, y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desde este momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables y, en su caso, se eleve la correspondiente exposición razonada al órgano jurisdiccional competente por razón de la persona y de la materia».

Así, en lo que respecta a Ayuso, la formación deslizó que, si durante la instrucción aparecieran «indicios racionales de criminalidad» contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, «deberá elevarse la correspondiente exposición razonada» a la Sala Segunda del Tribunal Supremo «por ser el órgano competente».