La reforma de Sanidad sobre las listas de espera que frenan las CCAA porque faltan flecos

Nadie quiere ser un número más en las listas de espera. Ninguna autonomía quiere «salir mal en la foto» que el acumulado de sus registros dibuja: casi cinco millones de españoles aguardan a su cita quirúrgica (853.509) o a su visita con el especialista (4.072.139), según los datos de Sanidad al cierre de 2025. Esta semana salía a la palestra la manipulación del orden en que se atiende a los pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Cierto es que otro de los proyectos que ha sacado del cajón la ministra Mónica García es la contabilidad de las listas de espera. Un marco que fue diseñado en 2003 y que desde entonces rige cómo y qué se mide en los entornos hospitalarios. Se trata del Real Decreto 605/2003. Esta norma tiene más de 20 años, como el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, y hoy carece de capacidad para reflejar bien la complejidad de los procesos asistenciales, «analizar las causas de la demora, evaluar los flujos de entrada y salida de pacientes y facilitar la comparación homogénea y robusta entre comunidades autónomas».

Ministerio y CCAA están de acuerdo en que es «simple»: mide y estandariza la información sobre los tiempos de espera y la demora asistencial de carácter programado y no urgente. Solo establece tres tipos de prioridad: una urgente para ser atendido en menos de 30 días, otra media (90 días) y una tercera para quienes no desarrollarán secuelas. Aquí reside la polémica surgida en la Comunidad de Madrid por la «reetiquetación»discrecional de pacientes y sin atender a razones clínicas, según los afectados, de la prioridad. Actualmente en España, un 21,6% de los pacientes incluidos en la lista de espera aguarda más de seis meses, 1,3 puntos por debajo del año anterior y 2 puntos más que en junio de 2025.

Hace dos años que el Ministerio trabaja en la actualización necesaria de un sistema que algunos han calificado como caduco, ya que ni las pruebas que se realizan hoy en día ni las cirugías más importantes son las que aparecen en los actuales registros. El objetivo del departamento de García es «disponer de datos más completos, homogéneos y comparables entre comunidades autónomas».

Las listas de espera actuales se limitan a cifrar acumulados en 14 especialidades quirúrgicas (catarata, hernia, prótesis de cadera, artroscopia, varices, callos -Hallux valgus-, hiperplasia benigna de próstata, túnel carpiano, quiste pilonidal, adeno-amigdalectomía, prótesis de rodilla, cirugía cardiaca valvular, bypass coronario, histerectomía) y 10 especialidades básicas con mayor demanda de consulta hospitalaria (Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Urología, Cardiología, Dermatología y Neurología).

Un ejemplo práctico es la demanda que hacen los dermatólogos: la mayoría de sus procesos en consulta son intervenciones ambulatorias, pero el retraso se mide solo en clave de consulta médica. Desde la Academia Española de Dermatología denuncian que se tarda más de dos meses y medio en ver a los pacientes y cuentan con un acumulado de 325.954 personas en sus salas de espera.

¿Qué va a medir el nuevo modelo?

En febrero de este año, se daba el paso de la consulta pública previa. Los ejes clave de la reforma son trazar los circuitos asistenciales y medir su eficacia. Esto es, desde que un paciente pide una cita en la consulta de Primaria, hasta que lo ve un especialista en el hospital, le prescribe una prueba diagnóstica o una cirugía.

En esa remodelación se incluirán los datos de Atención Primaria, Salud Mental y pruebas terapéuticas. Hoy resulta fundamental saber cuándo y por qué entra un paciente, la detección precoz de enfermedades y los tiempos en los que se le atiende. Según el Barómetro Sanitario, una cita en el ambulatorio se demora una media de más de 10 días.

También se pone el foco en la esfera mental. Ante una mayor demanda de este recurso, se incorporará una medición específica para garantizar su visibilidad y equidad. Y habrá datos de cómo se gestionan las pruebas terapéuticas, claves en procesos diagnósticos y terapéuticos (rayos X, ecografías, colonoscopias, endoscopias, PET-TAC…).

Las CCAA sí ven utilidad en este paso. Así, desde la Xunta se considera positiva, pero «estima que la medida no tiene todavía la madurez suficiente para ser aprobada», sostienen desde la consejería. Desde el Ejecutivo gallego se destaca el trabajo realizado por las comunidades, pero, al igual que otras autonomías, considera que es necesario trabajar más la medida, «definir muchos flecos antes de poder aprobarla e implementarla en la práctica, sobre todo, en lo que tiene que ver con las plataformas informáticas, para poder recoger de una manera sistemática, adecuada y homogénea toda la información».

Desde Castilla-La Mancha también se manifiestan en la misma línea. Fuentes de la consejería aseguran que «estamos de acuerdo en cambiar la norma para las listas de espera, pero queda mucho por hacer, no hay suficiente consenso y está habiendo muchas alegaciones». Andalucía añade que «se han creado varios grupos de trabajo con las CCAA; cada uno de ellos para analizar distintas cuestiones».

En julio de este año estaba listo para salir adelante si había consenso en el Consejo Interterritorial. Pero, de forma unánime, las consejerías de distinto color político dieron un paso atrás. La acusación recayó en las diferencias de las comunidades del PP con Sanidad, pero desde Castilla-La Mancha se argumenta que «aún queda mucho trabajo por delante porque implica múltiples cambios, tanto en los sistemas de información de los respectivos sistemas de salud, como en los indicadores a recoger y sobre todo se busca que haya un consenso entre todas las comunidades y el Ministerio, hecho que no existe en estos momentos».

Aquí, la Xunta sostiene que la retirada final del orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Interterritorial del mes de julio, en el que estaba prevista su votación, «es la mejor prueba de que resta tramitación para la homogeneidad de la información».

En la cita de julio, las CCAA pusieron nuevas objeciones y solicitaron que el texto volviera a trabajarse en la Comisión Delegada antes de someterlo de nuevo al Pleno. El Ministerio de Mónica García denuncia que «en la práctica, esta petición supuso ralentizar un proceso en el que las propias comunidades autónomas llevaban participando desde 2024 a través de los grupos de trabajo». Y argumentan que «no se trataba, por tanto, de abrir un espacio de participación que no hubieran tenido: las comunidades habían formado parte del trabajo técnico desde el inicio».