Las leyes del PP adelantan su política de vivienda: más ladrillo, facilitar desahucios y eliminar zonas tensionadas

El Partido Popular (PP) tiene un problema en materia de vivienda. El tensionamiento del sector inmobiliario ha desembocado, finalmente, en un estallido social cuya máxima expresión es la acampada en la madrileña Puerta del Sol que comenzó el pasado sábado, 26 de septiembre, y que no ha parado de crecer desde entonces. A corto plazo, a quien se le exige poner en marcha medidas —a poder ser, estructurales— que solucionen la crisis es al Gobierno de coalición. Sin embargo, la chispa que se ha prendido en los últimos días puede convertirse, a la larga, en un problema para los populares. No en vano, las soluciones que proponen para afrontar la crisis habitacional van en la dirección exactamente opuesta a lo que reivindica la masa social que se ha echado a las calles.

Público ya informó este lunes de que el PP ha promovido esta legislatura distintas leyes para facilitar los desahucios y endurecer los requisitos para que los inquilinos puedan alegar su situación de vulnerabilidad en procesos de desahucio. Ninguna de ellas ha prosperado, aunque una sí que fue admitida a trámite gracias al voto favorable de Vox y Junts. Pero la receta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo va más allá. Un recorrido por las leyes que ha registrado, de forma oficial, el PP en la Cámara Baja es útil para observar sus planes en este campo.

Una máxima de los populares es la derogación de buena parte de la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que, por otro lado, las comunidades en las que gobierna el PP no aplican. Lo que proponen los de Feijóo en varias iniciativas —por ejemplo, en la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda— es eliminar todos los puntos en los que se habla de las zonas de mercado residencial tensionado, que es el mecanismo que se creó con la citada Ley de Vivienda para poder intervenir el mercado en aquellos territorios donde se extreme el riesgo habitacional. El PP lo fulminaría y apostaría por un modelo en el que el mercado inmobiliario no tenga ninguna cortapisa tampoco en las zonas particularmente tensionadas, como los centros de las grandes ciudades.

Es algo, en cualquier caso, que no sorprende. Figuras importantes en el PP —sin ir más lejos, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital, respectivamente— llevan mucho tiempo jactándose de cuestiones como la no regulación de los alquileres. En los últimos días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, recuperó un tuit de 2021 de Almeida en el que respondía «Exacto» a otra publicación de Más Madrid en la que le acusaban de no hacer «nada» para regular el mercado del alquiler.

La reacción de Ayuso a la acampada en la Puerta del Sol fue también muy ilustrativa. Lo que lamenta la baronesa popular no es la situación de dificultad que atraviesan miles de madrileños a la hora de pagar el alquiler o independizarse, sino que la imagen que daba una plaza tomada por las protestas por la crisis de vivienda podía genera un «clima de tensión» que «no favorece a la inversión». Es precisamente esa «inversión» inmobiliaria que alienta el PP uno de los grandes motivos de la propia protesta.

Menos trabas y más ladrillo

Otra de las grandes apuestas del PP para poner remedio al problema de la vivienda es el ladrillo. Construir. No en vano, uno de los eslóganes que más repiten remite a esa idea: Objetivo: un millón de viviendas. Y algo de ello llevan también algunas de las leyes que han registrado en el Congreso. Tanto la propuesta citada párrafos arriba como otra que llegó desde el Grupo Popular del Senado incluyen puntos para aligerar los procesos de obtención de permisos de construcción. A nivel programático, el PP lo resume así: «Menos trabas y menos burocracia».

En concreto, las leyes presentadas incluyen reformas, entre otras cosas, para que el «silencio administrativo» sea positivo —es decir, que la falta de respuesta de una Administración no bloquee los proyectos inmobiliarios—, para poner plazos para que se entreguen los informes estatales sobre dichos proyectos o para que los defectos formales no den al traste con los mismos. El PNV también propuso una ley con algunas de estas medidas. La registró con el PSOE, aunque los socialistas acabaron descolgándose. La iniciativa, en cualquier caso, fue rechazada por la mayoría del hemiciclo. El PP alegó que, aunque la propuesta tenía «una base lógica», era demasiado limitada.

Con todo, la fórmula mágica del PP es la construcción. De hecho, nueve de las 14 medidas estrella de Génova en materia de vivienda —de acuerdo con lo que ellos mismos promocionan en su página web— tienen como misión construir más y más. Obvian, por lo tanto, las evidencias que apuntan a que el ladrillo no es suficiente para solucionar la crisis habitacional, especialmente si no se introducen topes o regulaciones como la de los alquileres habitacionales o de temporada, que sí incluye uno de los dos decretos que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y el Congreso votará el viernes.

Okupación: leyes para el 0,055% de las casas

Otro de los grandes caballos de batalla del PP es la lucha contra la okupación. De hecho, los de Feijóo presentaron una ley específica con una batería de medidas solo en ese ámbito. Por su parte, Junts per Catalunya registró la suya propia. Es un campo que las derechas saben fértil, aunque en realidad los datos dicen que el porcentaje de personas afectadas es muy bajo. El Ministerio del Interior cifró en 14.875 el número de hechos conocidos por okupación ilegal. Teniendo en cuenta que el parque de viviendas en España se sitúa en algo más de 27 millones (datos de 2024), y dando por bueno que las 14.875 okupaciones corresponden cada una de ellas a un inmueble y que ese inmueble sigue okupado, el porcentaje de casas en esa situación se situaría en el 0,055%.

Sin embargo, ese 0,055% ocupa —valga la redundancia— bastante tiempo de debate en el Congreso. ¿Qué es lo que propone el PP en su ley? Entre otras cuestiones, establecer un plazo de 24 horas para que se ejecuten los desalojos; aumentar las penas por usurpación y extenderlas a quienes alienten las okupaciones (no a solo a quienes okupan viviendas); prohibir el empadronamiento de los okupas o que se devuelva a los propietarios de las viviendas lo que hayan pagado de IBI y de Impuesto sobre el Patrimonio durante la okupación. 

Junts propone en su ley algunas cuestiones parecidas a las que incluye la del PP: que el inmueble sea devuelto a los propietarios a las 48 horas, que en casos «flagrantes» la Policía pueda desalojar el inmueble de inmediato o que la vulnerabilidad de las personas que okupen el inmueble no pueda impedir el desalojo.

Vox, por su parte, también ha llevado leyes en el ámbito de la vivienda al Congreso, aunque van por otros derroteros. Una de ellas propone que los inquilinos tengan derecho preferente a la hora de comprar un inmueble en el momento en el que el propietario ha vendido la finca entera. Otra, de carácter más burocrático, busca facilitar las obras en las comunidades de vecinos. La formación de extrema derecha no ha llevado ninguna de las dos leyes, por el momento, a su toma en consideración.