Las seis universidades públicas de Madrid irán a la huelga los días 4 y 5 de noviembre

Las seis universidades públicas madrileñas irán a la huelga los próximos días 4 y 5 de noviembre contra las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que han propiciado la «asfixia económica» de este servicio público y «la privatización del sector de la educación».

Las plataformas de las universidades públicas han recordado en un comunicado que en marzo de este año los seis rectores de las mismas firmaron un plan plurianual de financiación, que el Ejecutivo madrileño calificó como un acuerdo «histórico».

Para estos colectivos, el plan fue «una estafa que nos dejaba prácticamente al mismo nivel de financiación que nos había llevado a la situación de crisis» y supuso «un estancamiento de la inversión en Universidades del 0,4 % del PIB, muy lejos del 1 % del PIB que mandata la ley estatal».

Como consecuencia del plan plurianual de financiación, las plataformas responsabilizaron de la crisis de las universidades públicas al PP y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). 

Además, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos irán a la huelga el próximo 14 de octubre y habrá movilizaciones en la Carlos III y en la Autónoma, el mismo día de la huelga en la enseñanza no universitaria a la que están llamados a participar 65.000 docentes en la región.

En la Complutense, según los promotores de la huelga, CCOO, CGT, CNT y UGT, el Rectorado actúa como «correa de transmisión de los recortes», que han llevado a cerrar turnos de tarde, fusionar centenares de grupos, reducir el presupuesto de las facultades, rebajar el salario del personal predoctoral y reestructurar la plantilla de las bibliotecas, entre otras medidas.

Entre los motivos de la huelga, han destacado la falta de financiación para su funcionamiento ordinario, el rechazo a la privatización de la educación infantil de cero a tres años, de la enseñanza secundaria y universitaria, el empeoramiento de las condiciones del estudiantado de los centros públicos y el derecho a la vivienda digna de los alumnos y trabajadores.