Las vidas paralelas de Puigdemont y Junqueras: nueve años de batalla con el Supremo y dos maneras de negociar con Madrid

La última escena que compartieron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras como presidente y vicepresidente del Govern fue el 27 de octubre de 2017. Una imagen que quedó para la posteridad. Con el Parlament lleno de alcaldes soberanistas que apoyaron la declaración de independencia fallida y un clima de preocupación creciente por la inminente aplicación del artículo 155 de la Constitución, Junqueras tomó la palabra en la escalinata de la cámara catalana mientras Puigdemont, a su lado y con rictus serio, consultaba las notas tomadas instantes antes. Ninguno de los dos, en sus discursos consecutivos, aclararon cuál sería el siguiente paso del independentismo. Detrás suyo, los puños alzados de los diputados de la CUP cuando sonó Els Segadors, ofrecía un escena de contrastes.

La euforia colectiva y teatralizada colisionaba con la preocupación mal disimulada de los miembros del Govern y la mesa del Parlament, que ya preveían las consecuencias políticas y judiciales del salto al vacío. La respuesta del Estado se estaba cocinando. Presidente y vicepresidente ya no se volvieron a ver tras la escena cinematográfica en sede parlamentaria. Junqueras no apareció en la convocatoria del Govern prevista por la tarde en el Palau de la Generalitat, Puigdemont estaba viviendo sus últimas horas en Catalunya.

Cuando concluyó aquel fin de semana de finales de octubre de 2017 -hace poco menos de nueve años-, los caminos de los dos dirigentes que capitanearon el procés se separaron. Una bifurcación física que también lo sería política. Puigdemont se marchó secretamente a Bélgica -refugio de un trayecto sinuoso, con episodios de dureza, como la detención y encarcelamiento en Alemania- mientras que Junqueras se quedó en Catalunya y el 2 de noviembre, tras comparecer en la Audiencia Nacional con la mitad de consellers del Govern, ingresó en la cárcel de Estremera. Exilio y prisión, dos realidades amargas que cerraron la década del procés, con el colofón del juicio en el Tribunal Supremo y las condenas del 14 de octubre de 2019.

La eterna competición entre Junts y ERC

Acto seguido se impuso la realidad del postprocés, una competición entre el líder del independentismo que agrupaba el mundo convergente y el jefe de filas del soberanismo republicano, que tuvo reverberaciones en Barcelona y Madrid. Puigdemont, con Junts como artefacto hecho a su medida, guiaba desde Bélgica el independentismo irredento, que en la declaración de este martes -la última fuera de Catalunya- ha vuelto a reivindicar como estrategia de éxito. A su vez, Junqueras, cumpliendo condena en la cárcel de Lledoners, avalaba el giro pragmático de ERC, que le llevó a negociar y pactar con el PSOE cuando las heridas por la respuesta del Estado al procés aún eran tiernas. La sintonía personal entre ambos líderes, que ya era prácticamente nula en el tramo final en el Govern, se truncó del todo con la distancia y la aparición de intermediarios.

Junts y ERC fueron capaces de compartir ejecutivo tras las primeras elecciones que dejaron atrás la intervención del 155, con Quim Torra en la presidencia por designación de Puigdemont. Pero la relación entre los dos partidos alfa del independentismo se deterioró cuando ERC superó a Junts en las urnas en 2021. Tras un pacto laborioso, la coalición para pilotar el Govern se reeditó, pero con las funciones trastocadas y el republicano Pere Aragonès en la presidencia. El último gran acuerdo independentista sólo sobrevivió media legislatura. Puigdemont fue el factor decisivo para que su partido dejara el Govern en una votación abierta a la militancia. Los puentes estaban rotos.

Negociaciones sin conexión

Y, en Madrid, se habían asentado dos realidades hasta que Pedro Sánchez necesitó los 7 votos de la derecha soberanista para ser investido: ERC negociaba con el PSOE -incluso se creó una mesa para buscar soluciones al conflicto político con reuniones formales en la Moncloa y la Generalitat- mientras Junts martilleaba a los socialistas. Cuando la Moncloa también requirió el apoyo de Puigdemont en otoño de 2023, se consumó el salto a la negociación del dirigente afincado en Waterloo.

La forma en que se discutieron las contraprestaciones a la investidura a Sánchez evidenció, con crudeza, cómo las fuerzas independentistas vivían de espaldas. La ley de amnistía, que el soberanismo civil ya había puesto a finales de 2020 como acto de reparación del choque institucional, se perfiló por separado en dos acuerdos en paralelo de ERC y Junts con el PSOE, firmados respectivamente el 2 y el 9 de noviembre. Y las reticencias por los pactos del adversario se trasladaron al Congreso: Junts tumbó el 30 de enero la primera versión de la ley de amnistía, que no se aprobó de manera definitiva hasta el 30 de mayo de 2024.

Liderazgos con un futuro por aclarar

Puigdemont siempre ha guiado las decisiones de su espacio político. El acercamiento al PSOE de hace tres años y la posterior ruptura -el otoño pasado-, con el argumento de los incumplimientos reiterados de los socialistas, como la oficialidad del catalán en Europa o la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. Y también ha sido determinante en el rechazo a los decretos de vivienda, punto de inflexión para Sánchez para adelantar las elecciones al 29 de noviembre.

Junqueras preserva un ascendente equivalente a ERC, aunque con un intervalo crítico, cuando dejó la presidencia para reconquistar el partido en una lucha interna que dejó heridas a los republicanos. Ahora, su liderazgo no tiene oposición, hasta el punto de que todas las fuentes consultadas apuntan que querrá erigirse como el próximo candidato de la formación a la presidencia de la Generalitat si finalmente la amnistía elimina su inhabilitación.

Una decisión que Puigdemont no tiene madura una vez consume su regreso. Primero, pretende recorrer el país para «palpar» como es nueve años después de su adiós, una ruta que también le debe servir para contener el auge demoscópico de Alianza Catalana y la caída de Junts. Puigdemont y Junqueras se reunieron por última vez el pasado febrero en Bruselas, sin buscar los focos. Este martes se han atribuido el éxito de la amnistía. Mantienen vidas paralelas, nueve años después.