Los decretos de vivienda llegan al Congreso sin apoyos por el rechazo de Junts tras la presión de patronal y ‘lobbies’ [22:28]Mejor no?

Las cartas ya están sobre la mesa. Los dos decretos de vivienda no tienen los apoyos suficientes horas antes de su votación. El Real Decreto-ley «por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible» estaba en manos de la decisión de los siete diputados de Junts. Se trata del paquete amplio de medidas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros y en el que, entre otros asuntos, se prohíben los desahucios hasta 2030, se prorrogan los alquileres hasta 2028 y se limita la compra especulativa de vivienda. El partido de Carles Puigdemont decidió en la noche de este jueves rechazar los decretos, pidió al Gobierno retirarlos, que el Consejo de Ministros los modifique y así dar su voto favorable. 

Junts mantuvo entrada la noche la incertidumbre. La fuerza catalana convocó a su Ejecutiva de manera telemática desde las 21.00 horas para comunicar su decisión. Los independentistas catalanes habían sido muy críticos en las últimas horas con los decretos y habían denunciado la «improvisación» del Gobierno o que perjudica al «pequeño propietario». La Ejecutiva envió un comunicado pasadas las 22.30 horas en el que señalaba que había encargado al Grupo Parlamentario de Junts en el Congreso reclamar la retirada del Real Decreto-ley 26/2026 e «instar al Gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda». 

«En cuanto este nuevo texto esté listo, Junts pide que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto-ley. En estas condiciones, Junts per Catalunya le dará su voto favorable», añadieron. 

Para la formación catalana «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario al que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica». También critican «que no se frena a los fondos buitre» ya que «con la redacción actual, estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables». Tampoco consideran que las medidas resuelvan la protección de las personas vulnerables o que «determinadas medidas suponen la expropiación por decreto de los ahorros de tres generaciones de familias».

Por otra parte, este jueves se había constatado antes del comunicado de Junts que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar el otro decreto, «por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual». Es decir, el que prevé la conversión de los contratos de alquiler en indefinidos. 

Los focos de este jueves estaban puestos especialmente en dos partidos: Junts y Podemos. Pero también en el PNV y Coalición Canaria. Los primeros que desvelaron su decisión final fueron los de Ione Belarra. La fuerza morada, que tiene cuatro diputados en el Grupo Mixto, confirmaba a primera hora de la mañana su «sí» a los dos decretos. Lo hacían de manera crítica precisamente por haberse dividido las medidas en dos decretos. Pero decidieron avalarlos tras la petición expresa del Sindicato de Inquilinas a todos los grupos políticos. Podemos había vinculado el miércoles su decisión a la postura que tomara el movimiento social organizado. 

Esta organización, que continúa con sus movilizaciones crecientes con la fuerza de la acampada en la Puerta del Sol como símbolo, tras el desahucio de Maricarmen la semana pasada, organizó caceroladas en diferentes puntos del país precisamente para pedir a los grupos que apoyen los decretos. Podemos se suma así al resto de grupos de izquierda que ya habían adelantado su voto favorable a la iniciativa planteada por PSOE y Sumar. ERC, EH Bildu, Compromís o BNG mantienen una posición parecida: el decreto es insuficiente a su juicio pero contiene medidas útiles para la ciudadanía. La presión de la calle seguirá ya que el Sindicato de Inquilinas, que defiende con fuerza la medida que incluye el decreto sobre los contratos de alquiler indefinidos, ha convocado una manifestación desde Sol hasta el Congreso este mismo viernes por la mañana a la vez que la sesión parlamentaria. 

Seguidamente fue el PNV quien comunicó el sentido de su voto. Apoyará el primero de los decretos y se opondrá al segundo. El grupo que lidera Maribel Vaquero en el Congreso cree en todo caso que el primer decreto se trata de «un parche puntual, con muchas carencias». En lo referente al segundo decreto, la derecha vasca votará en contra porque consideran que «supone un ataque al pequeño propietario y retraerá la oferta». 

Ya por la noche fue el turno de Coalición Canaria (CC). Ambos partidos anunciaron a mediodía que reunirían a sus direcciones a partir de las 21.00 horas y que tras ella comunicarían su decisión. Primero llegó el pronunciamiento de CC. La única diputada de este partido, Cristina Valido, votará igual que el PNV. Es decir, sí al decreto amplio y no al otro. «Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar», apuntaron en todo caso desde la formación canaria. 

Desde el Gobierno venían transmitiendo su confianza en el partido vasco, al que consideran «muy serio» en cualquier tipo de negociación. Y recuerdan que ya habían hecho concesiones como la renuncia a la reforma de la Ley del Suelo, inicialmente incluida en el paquete de medidas pero rechazada de plano por los partidos de izquierda. 

Pese a que tenían ciertas esperanzas en que salieran adelante los dos decretos, fuentes socialistas justifican su división, algo que generó tensión hasta el final con Sumar a nivel interno en la coalición. «El primero lo llevamos trabajando desde Semana Santa. Y el segundo ha aparecido nuevo. Ese era un motivo para no meterlo dentro», reiteran las fuentes consultadas. En todo caso, estas mismas fuentes apuntan a que el rechazo del Parlamento este viernes a la medida no significa que el Gobierno vaya a renunciar a ella de forma definitiva. 

El Pleno Extraordinario del Congreso comienza a las 11.00 horas. La coalición de Gobierno se dividirá para defender ambos decretos desde la tribuna. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, será la encargada de exponer el primero de ellos y el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el segundo. 

La presión de la patronal y el sector 

Desde el Gobierno, durante la jornada del jueves, varias fuentes consultadas tanto en PSOE como Sumar coincidían en señalar un factor en cierto modo novedoso respecto a días atrás. «Hay una campaña brutal del miedo por parte de los grandes lobbies», señala una de las personas consultadas. La ofensiva no ha sido solo desde la derecha mediática sino a través de grandes organizaciones empresariales e inmobiliarias. «Tienen el claro objetivo de condicionar el voto de PNV y Junts», añaden estas fuentes. 

Precisamente este jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reelegido al frente de la patronal, se refirió a los decretos. «La realidad es que algunos se creen Robin Hood y no son conscientes de que realmente son el sheriff de Nottingham», dijo, al tiempo que defendió que él votaría en contra porque «pretenden atacar la propiedad privada». 

También se pronunció este miércoles Foment del Treball, la principal patronal catalana. El presidente de esta organización, Josep Sánchez Llibre, dijo que las medidas implican una «socialización encubierta de la propiedad privada» y que no van a solucionar el problema de la vivienda.

Otra organización con mucha influencia en el sector inmobiliario como el portal Idealista, también su sumó a esta corriente. En un comunicado, su portavoz, Francisco Iñareta, cargó contra el Gobierno porque estos decretos «demuestran lo alejados que están los gobernantes de la realidad y suponen vuelta de tuerca más sobre políticas que ya se han mostrado fallidas y nocivas».

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, como ha informado este medio, cree que el gran problema de la vivienda es de «oferta». Los populares ya confirmaron este miércoles su rechazo a los decretos que ha aprobado porque consideran que no incrementarían la oferta, sino que la restringirían. Además vinculan esta problemática con la regularización de migrantes. Sumarán sus votos en contra a los de Vox y UPN. 

Por su parte, en su única intervención pública de este jueves, el presidente del Gobierno reiteró su petición a los grupos parlamentarios para que convalidaran este viernes los dos decretos de vivienda. «Le pido al Congreso y los grupos parlamentarios altura de miras para convalidar los decretos. Pido que dejemos de un lado la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad», dijo durante un discurso en la inauguración del Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la localidad de Illa da Toxa (Pontevedra).