Los dos agujeros del ‘caso ático’ de Ayuso: sin expediente de compra y una «necesidad» de uso que desaparece en tres días

.El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó este jueves una serie de informes y documentos relativos al polémico ático en el Paseo del General Martínez Campos, casi todos elaborados entre tres y cinco meses después de que se iniciaran las gestiones para la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Los documentos se dividen en tres bloques: el primero sobre la compra, el segundo sobre el arrendamiento del inmueble a la propia Comunidad, y el tercero sobre su puesta en venta en una subasta que quedó desierta. Los dos últimos bloques forman realmente un expediente administrativo. El primero, sin embargo, no contiene ningún documento del Gobierno regional o de Planifica Madrid sobre la adquisición. No se sabe quién dio la orden de comprar, ni hay informe alguno que explique la necesidad de realizar esa adquisición, y tampoco por qué no se hace una licitación pública y se compra directamente un ático de 6,3 millones de euros situado enfrente de la vivienda donde reside la madre de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Planifica Madrid incorporó la vivienda a su cartera patrimonial el pasado 14 de abril, pero llevaba trabajando en la operación al menos desde el 3 de febrero, tal y como evidencian los documentos que configuran el primer bloque del dossier. El acuerdo de confidencialidad al que llegaron la inmobiliaria que vendió el ático y la empresa pública se firmó ese mismo día. Los otros tres archivos anteriores a la fecha de la compra son el certificado de tasación, un contrato de arras penitenciales y la escritura de compraventa con la que se formalizó la operación, tal y como ha podido comprobar Público. Esta última lleva la firma del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz. La mercantil ha reconocido, a preguntas de Público, que no disponía de más documentos y que «toda la información» se había presentado este jueves. Esto quiere decir que ni la empresa ni el Gobierno regional abrieron un expediente propiamente dicho para la compra del ático, de forma que falta documentación esencial para realizar una operación de ese tipo.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil que se rige por el Derecho Privado, tal y como indica la empresa en sus últimas cuentas anuales. Lo que ocurre es que al estar «participada por la Comunidad de Madrid», también le son de aplicación determinadas normas «en materia de contratos del sector público», así como «ciertas disposiciones de ámbito administrativo e institucional» de la legislación autonómica.

La norma autonómica clave es la Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. El artículo 2.3 de dicho texto, sin embargo, especifica que «los bienes y derechos de las sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid no quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley». Esto quiere decir que no se le puede aplicar a Planifica Madrid el artículo 42.2 de la Ley, donde se detallan una serie de requisitos para permitir de forma excepcional la adquisición directa de un bien inmueble, como sucedió precisamente con el ático de Chamberí. La compra directa supone saltarse el concurso, es decir, la fórmula habitual para hacerse con un inmueble.

El hecho de que la compra se guie básicamente por el Derecho Privado, no quiere decir que pueda esquivar las exigencias de actuación del sector público, al que pertenece Planifica Madrid. Diversos juristas explicaron a Público que, entre esas obligaciones aplicables a la sociedad, está la vinculación de sus actuaciones con el interés general, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución. En consecuencia, argumentan esos juristas, es necesario que exista un informe justificativo de la necesidad de adquirir el inmueble por parte de la empresa pública.

La documentación difundida esta semana solo muestra la existencia de un certificado de tasación, realizado diez días después de cerrar un acuerdo de confidencialidad entre la inmobiliaria y Planifica Madrid.

La «desaparición» de una necesidad residencial

La Comunidad de Madrid elaboró el primero de los informes posteriores a la adquisición el 2 de julio de 2026, 79 días después de incorporar el ático a la cartera patrimonial de Planifica Madrid. El documento en cuestión es la «memoria justificativa de la necesidad del arrendamiento», un texto en el que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia pide alquilar el inmueble a Planifica Madrid. La Administración autonómica sostiene que es «habitual» que las comunidades o municipios dispongan de «un inmueble institucional de carácter residencial» o «dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional» por parte de las «autoridades». Y recalca que Madrid «no dispone de este recurso». Esa es la «necesidad» que -insiste el escrito- justificaría el arrendamiento de la vivienda en el Paseo del General Martínez Campos. 

El Gobierno de Ayuso decidió alquilar el inmueble a Planifica Madrid por considerar que reunía «las condiciones idóneas» para ejercer de vivienda oficial y dotar a la administración de «espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis», tal y como recoge la citada memoria.

El contrato se firmó el 27 de julio. La duración prevista era de diez años, con una renta de 3.000 euros al mes. El plan de los populares madrileños saltó por los aires a los dos días de hacerse efectivo el arrendamiento. El País sacó a la luz, el 29 de julio, la compra del inmueble. Las primeras explicaciones de Ayuso pusieron el foco en una «necesidad» diferente a la que ahora evidencian los documentos: la de buscar un despacho temporal para la presidenta o para su equipo durante los meses que pudieran durar las obras de la sede del Ejecutivo regional, de las que nadie había oído hablar hasta entonces, que estaban sin licitar y que finalmente fueron adjudicadas a dedo a una prima de la influencer María Pombo.

«No voy a tener residencia oficial como tantos ministros y como tantos presidentes de otras comunidades autónomas (…). No es para mí, no es mi casa, no es mi residencia, no le han comprado nada a Ayuso», respondió en rueda de prensa la dirigente popular horas después de que se hiciera pública la noticia. Isabel Díaz Ayuso insistió en que el inmueble se utilizaría para recibir «temporalmente» reuniones institucionales y bromeó con algunos de sus consejeros sobre la posibilidad de que fueran ellos y no ella quienes terminasen utilizando el ático. Lo cierto es que la administración autonómica habla en todos sus documentos y desde el primer momento del carácter «residencial» tanto del inmueble como de la operación. 

La «necesidad» de disponer de una vivienda oficial que recogen los documentos se esfumó -en cualquier caso- 24 horas después de que se conociera la existencia del ático que había sido comprado en secreto. El Gobierno de Ayuso presentó el 30 de julio una «memoria» en la que comunicaba «la desaparición de la necesidad que había motivado el arrendamiento». El escrito lo firma de nuevo la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. La Consejería de Economía y Hacienda acordó dejar sin efecto la autorización del alquiler ese mismo día, tras recibir la petición de la cartera que dirige Miguel Ángel García Martín. El acuerdo de resolución del contrato se materializó finalmente el 15 de septiembre, después de una decisión consensuada entre Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid.

Las conclusiones son llamativas. El Gobierno de Ayuso canceló la decisión de alquilar el inmueble al entender que había desaparecido la «necesidad» que motivaba el arrendamiento. Lo hizo setenta y dos horas después de firmar un contrato en el que se ponía de manifiesto -precisamente- dicha «necesidad», la de disponer de una residencia institucional para las autoridades de la Comunidad de Madrid. Una necesidad que preveía a largo plazo porque el contrato de alquiler se firmó por diez años.

El Ejecutivo regional no ha querido responder a las preguntas de Público sobre qué hechos ocurridos durante esos tres días pudieron llevar a la desaparición de los imperativos que existían el día 27. Planifica Madrid por su parte ha respondido que toda la información está en el dossier difundido esta semana. E Isabel Díaz Ayuso, preguntada este viernes por la prensa, ha respondido: «No quiero saber nada de esta historia».

Un experto en Derecho administrativo, a quien Público le pidió que analizara los documentos publicados por el Gobierno de Ayuso, concluye lo siguiente: «La adquisición del inmueble no está justificada mediante memoria alguna de Planifica Madrid. Si la específica necesidad de arrendamiento se pone de manifiesto en julio, no pudo ser el motivo de la adquisición meses antes por la empresa pública. Por tanto, ¿por qué y para qué se adquirió el inmueble si en la fecha de adquisición no existía la necesidad a la que finalmente, en julio, se pretendió destinarlo?». Una pregunta que el Gobierno de Ayuso sigue sin responder.