Los letrados del Congreso avalan la apertura de un expediente sancionador a la diputada del PP que mostró gas pimienta

La Mesa del Congreso decidirá este martes si abre un procedimiento sancionador contra la diputada del Partido Popular Ana Vázquez, quien llevó un espray tóxico al hemiciclo la pasada semana que luego afectó a varias personas en otras dependencias de la Cámara al ser manipulado para limpiarlo.
La Secretaría General de la Cámara ha remitido ya a la Mesa su informe sobre lo ocurrido, donde se ha recordado que Vázquez fue llamada al orden, en virtud del artículo 101 del Reglamento del Congreso, para que abandonase el pleno y depositase el espray ante la Policía durante el pleno de la pasada semana.
Los hechos sobre los que se pronunciará la Mesa tuvieron lugar el pasado miércoles. Durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un «arma», un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo popular limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.
En su informe, los letrados señalan que corresponde al máximo órgano de Gobierno del Congreso valorar si concurren las circunstancias para iniciar el procedimiento de suspensión que el Reglamento vincula a su conducta.
Recuerda que si la Mesa termina proponiendo una suspensión para Vázquez deberá respetar todas las exigencias que la jurisprudencia ha ido desarrollando en el ámbito de la disciplina parlamentaria, en particular la proporcionalidad y la necesidad de motivación.
Tras considerar que los espray como el que utilizó la diputada popular «no pueden sino ser considerados como un arma» a los efectos del Reglamento del Congreso, recuerda que en el citado articulo se establece el cauce para poder acordar la suspensión temporal en la condición de diputada como consecuencia de diversas conductas, entre las que se incluye la de portar armas dentro del recinto parlamentario.
El procedimiento requiere, en este supuesto, que la Mesa de la Cámara formule una propuesta de suspensión que deberá ser sometida a la consideración y decisión del Pleno en sesión secreta, tras un debate en el que sólo los portavoces de cada grupo parlamentario podrán intervenir. Además, es previsible, dada la mayoría progresista de la Mesa, que se acuerde el inicio del procedimiento para sancionar a la diputada.
El informe señala además que el procedimiento debe garantizar en todo momento que la diputada afectada por una posible suspensión pueda presentar alegaciones dentro de un plazo razonable. Este trámite deberá realizarse antes de que la Mesa decida si propone o no al Pleno la suspensión.
Enlace de la fuente