Los ministros de Sumar llaman a la movilización social para que «la voz de la ciudadanía» se abra paso este viernes en el Congreso

Este martes, los cinco ministros de Sumar —Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Mónica García y Sira Rego— han contraprogramado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A la vez que la titular de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, presentaba, desde La Moncloa, los detalles del último acuerdo al que han llegado las dos almas del Ejecutivo —dos nuevos Reales Decretos-ley en materia de vivienda—, las cinco voces de Sumar en el Gobierno comparecían, desde el Ministerio de Trabajo, para reivindicar lo que consideran «un primer paso» en la lucha por el derecho a la vivienda. Una conquista que Sumar llama a acompañar de una «intensa» movilización social que consiga que «la voz de la ciudadanía» se abra paso, este viernes, en el Congreso de los Diputados.

«Hoy comparecemos para rendir cuentas después de una dura negociación», ha abierto la intervención el titular de Consumo, Pablo Bustinduy,  agradeciendo el impulso, desde las calles, de «una histórica movilización popular». «De las líneas que habíamos fijado para la negociación, la práctica totalidad han quedado reflejadas en los dos decretos», ha reivindicado el dirigente de Sumar, pasando a enumerar algunas de las principales medidas. Según el acuerdo al que han llegado con la pata socialista del Gobierno, en el pleno extraordinario de este viernes se votarán dos textos.

El primero incluye la que ha sido una de las principales reivindicaciones del socio minoritario del Ejecutivo en lo que va de año: la prórroga, por dos años, de todos los contractos de alquiler que caduquen hasta el 31 de diciembre de 2028. Una iniciativa que, según los cálculos de Sumar, beneficiará a más de cinco millones de personas. Entre ellas, un millón de niños. Este primer decreto incorpora, además, la protección reforzada contra los desahucios hasta 2030, la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre hasta 2028 y la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. Esta última, ha recalcado Bustinduy, «en los términos literales» de la Ley Antiestafas Inquilina, que lleva más de un año pendiente de dictamen en el laberinto del Congreso. Dos medidas más: por un lado, un nuevo régimen sancionador para los pisos turísticos ilegales; por otro, la congelación al 0% de los alquileres que estén ya por encima de los índices de vivienda. De lo que no queda ni rastro en ninguno de los decretos, ha puesto también en valor Bustinduy, es de la controvertida reforma de la Ley del Suelo.

El segundo decreto, han explicado los ministros, contiene una única medida: la renovación automática de los contratos de alquiler. Cinco años en el caso de contratos con personas físicas; siete en el caso de contratos con personas jurídicas. Una iniciativa que, ha defendido Bustinduy, supone «toda una revolución» de las políticas de vivienda en España, cada vez más cerca, ha sugerido el ministro, del modelo de los alquileres indefinidos. También ha habido algunas concesiones, ha reconocido el titular de Consumo: «No compartimos el modelo de las bonificaciones fiscales o el límite temporal de algunas de las medidas». Eso sí, ha recalcado el ministro, «el grueso de ellas van destinadas al inquilino».

Con el acuerdo ya firmado por las dos almas del Ejecutivo, Sumar ha trasladado la presión al resto del arco parlamentario, especialmente a Junts: «Quien se oponga al clamor social tendrá un destino político muy delicado». «De lo que se va a hablar en el Congreso este viernes», ha desgranado Bustinduy, «es de frenar los desahucios, de poner coto a los fondos buitre, de proteger a la infancia y de garantizar el derecho a una vida digna y tranquila». Un debate en el que, ha defendido el dirigente de Sumar, «no va a haber bandera, consigna o exabrupto» que esconda quién está con los especuladores y quién, de verdad, con las familias.»A ver cómo le explican a España oponerse a medidas que van a blindar un alivio inmediato a millones de familias. Eso es lo que está en juego», ha sentenciado el ministro.