Los tres secretos del ático que Ayuso no quiere que revele el CEO de Planifica Madrid en la Asamblea

El consejero delegado (CEO) de Planifica Madrid no tendrá que someterse a las preguntas de los diputados de la Asamblea de Madrid. Así lo ha decidido el Partido Popular (PP) autonómico, que en una acción nada habitual por parte de la Mesa de una comisión (en este caso, la de Presidencia, Justicia y Administración Local), ha vetado la comparecencia de Pedro Corbalán, máximo ejecutivo de la empresa pública que compró el polémico ático de 6,3 millones de euros que concentra desde hace semanas las críticas al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Así, el PP evita que la pieza fundamental del organigrama de la compañía sea interrogado en la sede de la soberanía madrileña.

Hay tres preguntas acerca de la adquisición del inmueble que constituyen la columna vertebral de la polémica y que siguen sin respuesta desde el día en el que se destapó el escándalo gracias a una información de El País. Y la respuesta a las tres las conoce Corbalán, que podría haberlas facilitado en la Asamblea si el PP no hubiera vetado su comparecencia, que solicitaron Más Madrid y el Partido Socialista para el próximo 21 de septiembre.

Quién dio la orden para comprar el ático, quién aprobó dicha compra y si, al tratarse de una operación con dinero público, la adquisición contó con el cumplimiento de una serie de requisitos legales. Son las tres incógnitas que, por mucho que desde la Comunidad de Madrid se empeñen en asegurar que se han dado ya todas las explicaciones precisas sobre el ático del Paseo General Martínez Campos, quedan sin resolver.

La primera es, quizá, la más importante y solo puede responderse de tres maneras. Solo hay tres presuntos ordenantes: o dio la orden el propio CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán; o lo hizo Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente de la empresa pública, o lo decidio la propia Ayuso. En la cadena de mando no hay nadie más a quien responsabilizar.

En cuanto a quién aprobó la compra hay, tal y como reflejan los Estatutos de Planifica Madrid, dos opciones: que lo hiciera el consejo de administración de la entidad o que lo hiciera el propio consejero delegado. Así, en el artículo 2.1.a de sus Estatutos, se expone que la sociedad tiene por objeto social, entre otras cuestiones, «la construcción, rehabilitación, adquisición y enajenación de terrenos y de toda clase de bienes inmuebles, así como su administración, explotación y arrendamiento». Y en el 21.1 se especifica que el consejo de administración tiene la potestad de «delegar las facultades que estime convenientes en un consejero delegado».

La tercera de las cuestiones es igual de peliaguda. Tal y como explicó Público en este artículo, todo indica que la Comunidad de Madrid eligió la forma más opaca de todas cuantas tenía a su disposición para llevar a término la adquisición del ático. La Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid es importante en este sentido. El artículo 42.2 de dicho texto concreta que las adquisiciones inmobiliarias que realice el gobierno regional tienen que cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, el 2.3 de la norma apunta que «los bienes y derechos de las sociedades mercantiles de la Comunidad de Madrid no quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley». Exime, por tanto, a Planifica Madrid. También la Ley de Contratos del Sector Público excluye, en su artículo 9.2 «los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales».

El hecho de que la compra se haya guiado básicamente por el Derecho privado, no quiere decir que pueda esquivar las exigencias de actuación del sector público, al que pertenece Planifica Madrid. Distintos juristas consultados por Público recalcan que, entre esos principios de Derecho Público aplicables a la sociedad, está la vinculación de sus actuaciones con el interés general, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución.

Planifica Madrid debería por tanto haber realizado -al menos-una tasación independiente para certificar que el precio que se abonó por el ático era realmente un precio de mercado. Y también es necesario que exista un informe justificativo de la necesidad de adquirir el inmueble por parte de la empresa pública.

El foco sobre el consejero García

En cualquier caso, todo eso forma parte de un análisis legal que en ningún caso ha llegado a través de los cauces oficiales de la Comunidad de Madrid, que han tomado la vía del silencio cuando no del contraataque. Esta semana, además, el PP ha vetado la comparecencia de quien podía ofrecer todas esas explicaciones. Lo ha hecho, por otra parte, el día antes de que se abran las ofertas que hayan sido admitidas para adquirir el ático. Se conocerán a las 13 horas de este miércoles después de que el pasado 7 de septiembre finalizara el plazo para presentarlas.

El veto del CEO, eso sí, coloca todavía más el foco en la comparecencia del consejero García Martín, la otra gran piedra angular de Planifica Madrid. Como es obvio, García tiene un perfil mucho más político que el consejero delegado, lo que sin duda marcará el tono de su intervención. Según han confirmado fuentes del PP de la Asamblea a Público, no hay variaciones y la sesión en la que el consejero se someterá al escrutinio de la cámara se celebrará este jueves. Aún no se conoce el orden del día y, por lo tanto, la hora de inicio de la sesión. Los tiempos de intervención, en cambio, sí se conocen. Primero, García Martín tendrá 10 minutos para realizar una primera exposición. Después, cada grupo parlamentario —de mayor a menor— intervendrá siete minutos. A continuación, el consejero dispondrá de otros siete para replicar y, a renglón seguido, los grupos podrán contrarreplicar cada uno tres minutos. Por último, el consejero tendrá cinco para cerrar.

Más Madrid y PSOE creen que Ayuso tiene «miedo»

Tanto PSOE como Más Madrid han hecho una lectura muy crítica del veto a la comparecencia de Corbalán. «Es una prueba evidente del miedo que puede tener el PP de que se hable de este tema», desliza, en conversación con este medio, Juan Varela, diputado autonómico de Más Madrid, que considera indignante que la Mesa de la comisión en la que iba a comparecer el consejero delegado haya tomado una decisión prácticamente «inédita» por mucho que el Reglamento le dé potestad para ello.

Por su parte, la diputada Tatiana Jiménez, portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, es también muy contundente: «Ayuso impide que nadie diga nada porque era evidente que el ático se compró para ella, para que viviera allí, en el aticazo con las características que ella explicó a la inmobiliaria, enfrente de casa de su madre y a costa del dinero de los madrileños». Jiménez reprocha al PP que, mientras «alardea de transparencia», a la hora de la verdad se demuestra «que es todo una gran mentira», habida cuenta de que «no da acceso a los expedientes ni permiten que el consejero delegado de Planifica Madrid comparezca en la Asamblea de Madrid, que es el sitio natural donde debe rendir cuentas de su gestión al tratarse de una empresa pública».

La encomienda «no existe»

Otra de las grandes quejas de los partidos que hacen oposición a Ayuso es el hecho de que no se estén haciendo públicos los documentos relacionados con la adquisición del inmueble. El último capítulo, en este sentido, lo protagoniza también el diputado de Más Madrid Juan Varela, que, tal y como ha podido saber Público, hizo dos peticiones a la Asamblea que le han sido denegadas. En la primera de esas peticiones, Varela solicitaba al gobierno autonómico «una copia de la encomienda de gestión a Planifica Madrid que la acredita a poder realizar compras de inmuebles para el uso gubernamental». En la segunda, la encomienda concreta para adquirir el ático de Chamberí.

En ambas, la respuesta es la misma: inadmisión a trámite de las peticiones porque, según explica la Mesa de la Comisión de Presidencia, «no existe la encomienda de gestión a la que se refiere la misma». Desde Más Madrid insisten en que sí tendría que haberse dado una orden directa desde el gobierno regional al tratarse de una empresa dependiente de la Consejería de Presidencia.