Moncloa confía en que el desahucio de Maricarmen termine con los vetos cruzados que bloqueaban el decreto de vivienda

Desde hace ya alguna semana el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba la manera de retomar la acción política tras una evidente parálisis en la agenda debida a la crisis de Ceuta. Aún siendo conscientes en Moncloa de que la «normalidad» no llegará a la ciudad autónoma hasta dentro de varias semanas, en el Ejecutivo pusieron sobre la mesa asuntos de relevancia como sus planes sobre Inteligencia Artificial (IA), la calidad universitaria o los primeros contactos para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otros. Tampoco se dejó de lado a principios de septiembre el tema de la vivienda con un acto sobre la empresa pública Casa 47. 

Sánchez retomó este lunes su agenda internacional con la visita a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y otros actos paralelos. La confrontación con Donald Trump y la ola reaccionaria, que marcó su discurso el miércoles, siempre ha sido bien rentabilizada por el Gobierno. Pero en esta ocasión los principales focos en cuanto a la política nacional se refiere han tenido otro nombre propio: Maricarmen. 

El miércoles centenares de personas se desplazaron para tratar de paralizar el desahucio de esta mujer de 87 años en Madrid. Por allí acudieron también diputados de socios y aliados del Gobierno. En el Congreso, durante la sesión de control, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendía que habían hecho todo lo posible por paralizar ese lanzamiento. Se culpaba, así lo hizo también Sánchez desde Nueva York en su rueda de prensa, a los Gobiernos madrileños de José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. 

Y lo que es más importante, se responsabilizaba a los grupos políticos de la situación creada. Si no se hubiera tumbado, por parte de PP, Vox y Junts, el decreto que se llevó al Congreso sobre desahucios, Maricarmen seguiría en su casa, decían. Una «tragedia social», como la definió el presidente del Gobierno, que se podría haber evitado. Se llamó a la «responsabilidad». 

Mientras, desde Sumar aumentaban la presión. Ya lo habían hecho realmente antes del desahucio. El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, proclamó el lunes ante los medios que era urgente llevar ya al Consejo de Ministros el macro decreto sobre vivienda pendiente desde el mes de julio. Defendía que cuando llegara al Congreso se tendrían que retratar las otras fuerzas.

El ala socialista no estaba en esa posición. De hecho, el martes la ministra portavoz, Elma Saiz, respondió en rueda de prensa en otro contexto diferente todavía al que estaba por llegar. «Es un decreto ambicioso, transversal, y estamos trabajando intensamente, en unas negociaciones que encabeza la ministra de Vivienda, para que sea una realidad», se limitó a señalar.

Pero todo cambió tras el desahucio de Maricarmen. El mismo miércoles por la tarde Público revelaba que la maquinaria ya estaba en marcha. «Es un punto de inflexión para todos, principalmente lo es para los partidos que lo tenían bloqueado», señalaban fuentes de Moncloa en relación a los vetos cruzados entre Junts y Podemos que ya se visibilizaron en julio. Desde el Gobierno de Sánchez sostienen que el foco debería estar también en el PP por sus políticas en este asunto pero asumen que no se puede contar con ellos.

«Tenemos la sensación de que ahora sí que llegamos a un acuerdo», vaticinan las fuentes consultadas. Durante las mismas horas hasta el partido de Carles Puigdemont ha mostrado su disponibilidad, algo que no ha sido habitual durante los últimos tiempos. Junts propone desgravaciones a los alquileres, las adquisiciones de vivienda o las cuentas de ahorro, la suspensión de desahucios si los pisos son propiedad de fondos de inversión o la prohibición de que los fondos compren más inmuebles. El tema fiscal es uno de los puntos de fricción y desde Podemos ya avisaron este viernes que no se conformarán con un «parche». 

Las negociaciones se están produciendo de manera cruzada desde el miércoles, están lideradas por la propia ministra de Vivienda y las fuentes consultadas vaticinan que se alargarán hasta el mismo lunes. «Parece que será todo un fin de semana intenso», señalaban el viernes el Ejecutivo. 

En el Gobierno apuntan a que de momento los partidos siguen estando en «posiciones de máximos» pero insisten en que ese punto de inflexión del miércoles lo que hizo fue hacer consciente a mucha gente de que sí o sí hay que llegar a un acuerdo. «Lo que hay es un cambio de actitud. Todos ya quieren llegar a un acuerdo para que en el Consejo de Ministros del martes salga un decreto lo mejor posible para todos y a partir de ahí pues lo normal es que se apoye a nivel parlamentario», argumentan en el ala socialista. 

El PSOE nunca ha sido partidario de llevar un decreto para perder, insisten en todo caso desde Moncloa. Pero cunde la sensación, según diferentes fuentes consultadas, en que se llegará a un acuerdo. «El contexto es distinto, la capacidad de presión ahora es mucho mayor», reiteran. «Hay margen para un acuerdo con voluntad política. Pero tiene que haber voluntad», deslizan fuentes del espacio de Sumar por su parte. 

En Sumar pusieron sobre la mesa la expropiación de la vivienda de Maricarmen a la entidad Urbagestión. Una medida que el ala socialista rechaza, tal y como expresó el viernes el ministro de Presidencia Félix Bolaños. En paralelo la empresa ofreció este viernes al Ayuntamiento de Madrid que incorpore el piso a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para que Maricarmen pueda tener un alquiler asequible. 

Decreto sobre Irán, financiación autonómica y PGE 

La semana que entra la vivienda no será el único foco. El Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto-ley sobre los efectos económicos de la guerra en Irán. Algunas de las medidas en vigor decaen el 1 de octubre y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha llevado a cabo una serie de rondas son los diferentes sectores para recoger sus propuestas y preocupaciones. 

No se conocen detalles todavía del plan pero Cuerpo destacó el pasado miércoles que las medidas de apoyo económico han supuesto hasta la fecha ya un gasto de más de 10.000 millones de euros. La rebaja fiscal a los carburantes o la electricidad estuvo vigente hasta el 1 de julio. Estas medidas fueron sustituidas por descuentos directos que se han reducido de manera progresiva. 

La hoja de ruta del Gobierno en las próximas semanas seguirá con la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo modelo de financiación autonómica. Solo Catalunya y las Islas Canarias lo avalaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por lo que su respaldo en el Congreso parece imposible. Pero la intención del ministro de Hacienda, Arcadi España, es llevarlo en las próximas semanas. Luego llegarán, según las fuentes consultadas, el proyecto de PGE, con un horizonte de aprobación también complicado. Los contactos de Hacienda con los grupos parlamentarios, en todo caso, ya se han producido. 

Entre tanto, en el Gobierno confían en que octubre va a ser un mes clave para la resolución de la crisis en Ceuta. Tal y como afirmó esta semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una entrevista con Público, el cálculo es que durante este mes estén ya en espacios de acogida todas las personas migrantes que permanecen en las playas o calles de la ciudad autónoma. Y la idea es que antes de que acabe noviembre estén todos los expedientes resueltos.