Movimiento Sumar denuncia ante el Defensor del Pueblo a las comunidades del PP por no acoger a menores migrantes

Movimiento Sumar ha denunciado, este viernes, ante el Defensor del Pueblo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular por negarse a acoger a los menores migrantes procedentes de Ceuta. En el documento, al que ha tenido acceso Público, el partido le solicita a la institución que dirige Ángel Gabilondo que abra una investigación de oficio y recuerde a las comunidades «sus deberes legales de acogida y redistribución solidaria». Bajo la firma de su co-coordinadora, Verónica Martínez Barbero, la formación subraya el «colapso» del sistemas de protección ceutí tras el cruce multitudinario de los pasados 30 y 31 de julio. Y es que, a 24 de septiembre, son ya 2.383 los menores bajo la protección del Gobierno de la ciudad autónoma, que solo dispone de 29 plazas ordinarias de acogida.

Con todo, cerca de dos meses después del estallido de la crisis, el traslado de menores a otras comunidades sufre «un marcado bloqueo», condena Movimiento Sumar. Solo Navarra ha dado un paso al frente para acoger a un primer grupo de cinco niñas a través de un acuerdo bilateral ad hoc con la ciudad autónoma. La responsabilidad de dicho bloqueo, se remiten a las declaraciones públicas del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, corresponde a las once comunidades populares, enrocadas en el no a cualquier proceso de acogida. También al que obliga el Artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una actitud que, recoge el escrito, el Gobierno ha llegado a calificar de «auténtico boicot».

Ya el pasado 27 de agosto, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, las once regiones, en bloque, cerraban la puerta al mero debate sobre la atención a los menores migrantes de Ceuta. Tres de ellas (Aragón, Extremadura y Castilla y León), capitaneadas por el tándem PP-Vox, se negaban incluso a acudir a la cita, amenazando con impugnar en los tribunales cualquier expediente de menores que no se resuelva con el retorno a Marruecos. El Gobierno de Aragón iba un paso más allá, suprimiendo, a finales de julio, las ayudas a menores extranjeros tutelados. Una asignación semanal de 17 euros que siguen recibiendo los menores españoles bajo la misma tutela. Todas estas actitudes, condensa Movimiento Sumar, se encuadran en un «incumplimiento del deber de lealtad institucional y cooperación» frente al que le piden al Defensor del Pueblo entrar en acción.

Así, le solicitan que, mediante la citada investigación, esclarezca las causas del incumplimiento, por parte de las comunidades autónomas, de sus obligaciones de acogida. Y que, para ello, requiera tanto a las propias comunidades como al Ministerio toda la información necesaria. También le piden que recuerde a los ejecutivos autonómicos «sus deberes legales», que averigüe cómo está afectando este incumplimiento al interés superior de los miles de menores que siguen en Ceuta y que no deje de pronunciarse, en el caso concreto del Gobierno de Aragón, sobre la supresión de ayudas a los menores migrantes. Con todo ello, Movimiento Sumar sugiere a la institución que dirige Ángel Gabilondo que emita «un informe extraordinario» para las Cortes Generales y que realice «un seguimiento periódico de la situación» hasta su «completa y adecuada» resolución.