Olvido o memoria: la resignificación del pazo de Meirás enfrenta a memorialistas y pardobazanistas

La declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática ha abierto una batalla por el relato de uno de los espacios más cargados de significado político de la historia reciente de Galicia. El inmueble que los Franco tuvieron como residencia de verano durante décadas y que el Estado recuperó después de un largo proceso judicial es ahora escenario de una disputa que enfrenta a quienes quieren que su resignificación coloque en primer plano a las víctimas de la dictadura y la lucha antifranquista, con quienes defienden que el espacio debe dedicar una parte sustancial de su futuro a recordar a la escritora Emilia Pardo Bazán, su promotora y primera propietaria hasta su muerte en 1921.

La controversia ha saltado de los círculos académicos a las instituciones: la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) ha recurrido la resolución estatal y la Xunta prepara un nuevo plan director. La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática solapa ambas historias, al señalar que Meirás permite comprender desde el legado cultural de la escritora hasta su conversión en símbolo del poder franquista y su posterior recuperación para el patrimonio público.

El conflicto se hizo especialmente visible el pasado miércoles, cuando la Xunta celebró en Meirás el primer acto institucional organizado allí por el 175 aniversario del nacimiento de Pardo Bazán. Se leyó un manifiesto que reclama trasladar sus restos desde Madrid y enterrarlos en la capilla del pazo: «Según su voluntad expresada en vida, los restos de Emilia Pardo Bazán deben descansar junto a los de su querido padre, en el sepulcro de granito dispuesto a tal efecto en la capilla de Las Torres de Meirás». El texto añade que hacerlo así es «la mejor forma de resignificar este espacio», dedicándolo «a la memoria y a la obra de la gran intelectual gallega». Darío Villanueva, exrector de la Universidade de Santiago y académico de la Real Academia Española, intervino en el acto y defendió, apoyándose en la correspondencia de la escritora, que había manifestado en vida ese deseo.

La cuestión es que ese deseo personal convive con otro hecho histórico: Pardo Bazán murió en 1921 y sus hijos decidieron enterrarla en Madrid. La escritora había expresado efectivamente su voluntad de descansar en Meirás, pero fueron sus descendientes quienes tomaron la decisión contraria. El debate no consiste en si aquella voluntad existió, sino en qué significado debe tener hoy y si su eventual traslado debe convertirse en el elemento central de la resignificación de un inmueble cuya declaración como lugar de memoria se fundamenta en hechos posteriores: la apropiación del pazo por Franco, la represión y el expolio que acompañaron al proceso y la movilización que terminó devolviéndolo al patrimonio público.

Memoria de las víctimas

Carlos Babío, investigador cuya familia sufrió la represión franquista en Meirás y cuyo trabajo junto a Manuel Pérez Lorenzo -la suya también la padeció en Sada- contribuyó decisivamente a documentar el expolio, considera que ahí está precisamente el problema. «Se trata de que el pazo de Meirás esté vinculado a las víctimas y a la represión. Pero la declaración de lugar de memoria ha convertido a Emilia Pardo Bazán en víctima del franquismo. Es inaudito», afirma. Babío recuerda que el Tribunal Supremo, al resolver en marzo pasado sobre la propiedad, situó los hechos determinantes de la controversia jurídica a partir de 1938. «No puede ser que una lucha de 50 años termine así», sostiene Babío. «Están intentando construir un relato de Meirás que no tiene base histórica». La CRMH formula una objeción semejante en términos jurídicos: su recurso sostiene que la declaración incorpora a Pardo Bazán a la justificación del lugar de memoria pese a que falleció 15 años antes del golpe de 1936 y casi 17 antes de la transmisión del inmueble a Franco.

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, rechaza que la declaración convierta a la escritora en protagonista del espacio. «El pazo, Meirás, estará dedicado a las víctimas del franquismo pero también a ella. No fundamentalmente, pero también», asegura. Martínez recuerda que no todos los lugares de memoria declarados por el Estado se corresponden estrictamente con escenarios de represión franquista y cita como ejemplos el monumento a la Constitución de 1812 en Cádiz y la casa de Joaquín Baldomero Fernández-Espartero en La Rioja. Pero la resolución de Meirás contiene una particularidad que alimenta la discusión: dedica buena parte de su exposición inicial al legado literario de Pardo Bazán y a su condición de pionera en la defensa de la igualdad de las mujeres, antes de abordar la apropiación del inmueble por la dictadura. La ley, en cambio, establece para estos lugares una finalidad «conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora» y obliga a preservar la memoria de las víctimas.

Carlos Babío, historiador: «Están intentando construir un relato del pazo de Meirás que no tiene base histórica»

La CRMH ha recurrido precisamente ese equilibrio. En su recurso sostiene que un lugar de memoria, según explicita la ley, «debe de estar vinculado obligatoriamente a la represión y a la violencia sobre la población» y reclama que las víctimas del franquismo y del expolio sean «las verdaderas protagonistas» de la declaración. También denuncia que el expediente no recoge a la asociación como promotora de la solicitud de incoación presentada en julio de 2024, respaldada entonces por otras 27 entidades memorialistas, sociales, vecinales y culturales. El recurso plantea otras objeciones, entre ellas la ausencia del asociacionismo memorialista del expediente, la incorporación de la figura de Pardo Bazán a la justificación de la declaración, la denominación preferente de «Meirás» en lugar de «Pazo de Meirás» y la necesidad de corregir la caracterización de los mecanismos de apropiación de las tierras que empleó Franco.

El nombre tampoco es una cuestión menor. La resolución de agosto declara lugar de memoria a «Meirás» y, en la descripción, señala que el conjunto también es conocido como «pazo de Meirás» o «torres de Meirás». La CRMH considera significativo que el procedimiento se incoase en 2025 con el primer nombre  y que esa denominación haya desaparecido de la fórmula preferente que se emplea en la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. «‘Pazo de Meirás’ es el nombre que figura en los catálogos y registros de Patrimonio, en la escritura de propiedad… Eliminarlo es contribuir al olvido y a la desmemoria», sostiene Babío.

La «granja» de Meirás

Desde el otro lado, Pilar Couto, profesora de la Universidade da Coruña, promotora del manifiesto pardobazanista y quien se encargó de leerlo el pasado 16 en el pazo, sostiene que para la escritora el lugar era «la granja de Meirás» y que fue «más tiempo ‘granja’ con ella que ‘pazo’ con los Franco». Couto defiende además que la memoria de la escritora y la de su familia deben formar parte del futuro del inmueble. «Hablo desde un punto de vista académico y como investigadora. Su hijo y su nieto fueron fusilados por los republicanos. Si es un lugar de memoria, debe ser destinado a la suya y a la de su familia». Es cierto que Jaime Quiroga y Pardo Bazán y su hijo Jaime Quiroga Esteban-Collantes fueron asesinados en Madrid en 1936 por milicianos republicanos, aunque también lo es que de ese hecho no se puede desprender que Pardo Bazán fuese víctima del franquismo.

José María Paz Gago, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidade da Coruña, formula la versión más radical de la tesis pardobazanista: «En el pazo no hubo víctimas del franquismo. Allí dentro no se disparó ni un tiro. Los veranos de Franco en Meirás fueron una anécdota. Tétrica pero anécdota». También sostiene que en la aldea de Meirás «no hubo apenas represión, tan sólo dos muertos» y que «se expropió a muy poca gente para ampliar las tierras del pazo y se les compensó generosísimamente a los campesinos». Como Couto, Gago opina que el hecho de que la descendencia de Pardo Bazán fuera asesinada por los contrarios a Franco debe excluir que Meirás honre a las víctimas de éste. Pero su afirmación de que no las hubo contradice la documentación histórica disponible sobre Sada y Meirás, y eso obliga, cuando menos, a matizar ese relato.

La represión no se limitó a lo ocurrido intramuros del pazo ni puede medirse sólo por el número de personas asesinadas en el interior del recinto. Está probada judicialmente la financiación de la operación de 1938 mediante aportaciones forzosas y la ampliación de los terrenos mediante apropiaciones y expropiaciones que privaron a numerosas familias de sus medios de subsistencia. Los nombres permiten ver hasta qué punto la historia local contradice la idea de una represión prácticamente inexistente. El 12 de agosto de 1936 fueron asesinados Antonio Carballeira Muñiz y Manuel Prego Chas, ambos sindicalistas agrarios de Meirás, junto a Xoán Antonio Suárez Picallo, dirigente del Partido Galeguista y sindicalista de Sada. La CRMH señala que los tres fueron detenidos por los sublevados, sometidos a torturas y mutilaciones y asesinados a tiros. 

Ese archivo y trabajos posteriores sobre la represión han probado además los casos de José Cadaveira Guimarey, José Neira Torrado, Gil González Mosquera, José Gerpe Romero, Isidro Santos Burruel, José Monzo Ríos y Antonio Fernández Pita, entre otros vecinos de Sada asesinados, ejecutados, desaparecidos o fallecidos por heridas derivadas de palizas, privaciones, enfermedades o suicidio en el contexto bélico y de terror que desataron los fascistas. No son, por tanto, «dos muertos»: son muchas más, personas con nombre y apellidos, vinculadas a una sanguinaria represión que alcanzó a todo el municipio.

El horror no empezó con Franco instalado en las Torres ni terminó en los asesinatos de 1936. Antes del golpe, Meirás había sido uno de los focos del activismo agrario anarquista de Galicia. Las familias campesinas que trabajaban tierras propias o ajenas del entorno del pazo se habían organizado en el Sindicato de Profesiones Varias de Meirás, vinculado a la CNT, un movimiento en el que las mujeres tuvieron un papel esencial en las protestas antifascistas y contra el aumento de las rentas que les imponían los terratenientes y la iglesia católica. Después del golpe, según las investigaciones de Lorenzo y Babío, aquella movilización fue duramente reprimida con decenas de asesinatos, desapariciones, suicidios provocados, torturas y paseados, violaciones, humillaciones y vejaciones a a mujeres… Su historia no reside sólo en el legado de una escritora que defendió los derechos femeninos: también en el de las campesinas que se organizaron, protestaron y sufrieron el horror en primera persona.

Expolio

Esa historia tampoco encaja bien con la descripción de una ampliación de las tierras que los Franco robaron basada en operaciones voluntarias y generosamente remuneradas. Es el caso de Josefa Portela, abuela de Babío, expulsada de su casa junto a sus hijos tras el asesinato de su marido. Años después, cuando Franco quiso convertir aquella apropiación en una compraventa aparentemente normal, los documentos reflejaron un pago de 50.000 pesetas de los que Portela sólo recibió 5.000. Otro ejemplo es el de Carlos Lago Couceiro, ingeniero naval republicano exiliado en Londres y colaborador de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial, que acabó viendo incorporada al patrimonio privado del dictador una finca heredada de su madre próxima a Meirás. No eran expropiaciones administrativas ordinarias, sino parte de la expansión patrimonial de la fortuna del director mediante una estrategia de coacciones y de violencia política continuada.

La utilización del feminismo como argumento de la disputa sobre la resignificación del pazo añade otra capa de complejidad a la polémica. Silvia Seixas es una de las 19 personas que el 30 de agosto de 2017 entraron pacíficamente en el pazo, entonces todavía propiedad de los Franco, para desplegar pancartas con el lema «O pazo é do pobo» [«El pazo es del pueblo»]. Los Franco denunciaron a los activistas y les reclamaron medio millón de euros, pero la Audiencia Provincial de A Coruña archivó el procedimiento al considerar que fue acto político y que los supuestos daños y robos que alegaban eran mentira. Seixas se expresa así: «Nadie discute la calidad literaria de Emilia Pardo Bazán, ni su legado, ni la relevancia de su figura. Pero es inmoral que se quiera hacer de esto una bandera feminista para borrar la imagen de Meirás como símbolo de la lucha antifranquista».

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática: «El pazo, Meirás, estará dedicado a las víctimas del franquismo pero también a Emilia Pardo Bazán»

La disputa alcanza incluso a quiénes fueron consultados para construir el relato oficial de la historia del pazo que figura en la declaración de lugar de memoria. El secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, asegura que su departamento consultó «a los grupos de investigación de las universidades de los que teníamos constancia de que saben del tema». «Pero yo desconocía que hubiera una Cátedra de Memoria Histórica en la Universidade da Coruña», explica, cuando se le pregunta por la exclusión de ese departamento que critica la CRMH de A Coruña. La Cátedra se constituyó en 2018 como una de las primeras de España y trabaja específicamente sobre republicanismo, movimientos sociales, memoria sociopolítica de las mujeres, represión franquista, guerrilla, exilio y transición. Cuenta entre sus investigadores con Bernardo Máiz, pionero en el estudio de la represión franquista en Galicia, y Aurora Marco, especialista en las historias de vida de mujeres represaliadas y en la resistencia antifranquista. Además, la Cátedra redactó el informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de A Coruña sobre las vías para recuperar la casa Cornide, otro inmueble robado por Franco y que aún sigue en poder de sus herederos.

«Es sorprendente que en la Secretaría de Estado no nos conozcan. Nos hubiera encantado que nos consultaran», dice Uxío Breogán Diéguez, director de la Cátedra. Considera que la discusión sobre Pardo Bazán como eje del relato distorsiona el objetivo de la declaración de lugar de memoria. «Con todo el respeto a su memoria, éste es un debate absurdo. Una vez que se ha logrado lo más difícil, que era conseguir que el pazo volviera al patrimonio público y que fuera declarado lugar de memoria, ¿vamos a dedicarlo a otra cosa? Es una equivocación histórica enorme y un error político de primera magnitud que lo haga un Gobierno progresista», afirma.

Moviemiento social

María Xosé Bravo, exconcejala de Cultura de A Coruña y expresidenta de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, incide en otra cuestión: «Esa gente que ahora reclama que el pazo se resignifique en torno a Pardo Bazán nunca se implicó lo más mínimo en el movimiento social que peleó y logró su recuperación para el patrimonio público». 

La Xunta se ha posicionado del lado de quienes quieren dar protagonismo a Pardo Bazán. Alfonso Rueda ha defendido que «Meirás tiene una larga historia» y ha advertido de que la Xunta «intentará reflejar todo eso» en la propuesta de plan director que prepara. «No se puede pretender que se refleje solo una parte de su historia», sostiene el presidente gallego. Su Consellería de Cultura asegura a Público que está preparando un plan con el que pretende «abarcar la totalidad de la historia del inmueble, incluyendo tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador o el previsto como consecuencia de su declaración de lugar de memoria».

Por su parte, el alcalde de Sada, Benito Portela, de Sadamaioría, una formación local nacionalista y de izquierdas, defiende «la figura, la obra y el legado cultural de Emilia Pardo Bazán», pero advierte de que el espacio debe explicar sobre todo y con rigor «el expolio del pazo, la represión de la dictadura y la lucha ciudadana por la recuperación del patrimonio público».

El problema para los memorialistas es que la aparente equidistancia que diseña la declaración de lugar de memoria puede terminar desdibujando la razón específica que la motivó. La resolución no oculta el carácter franquista del inmueble: afirma que entre 1938 y 1975 fue residencia oficial de verano del jefe del Estado, escenario de consejos de ministros, audiencias, recepciones diplomáticas y reuniones políticas, y que fue utilizado para construir y proyectar la imagen pública del dictador. Incluso recuerda que en el Consejo de Ministros celebrado allí en agosto de 1975 se aprobó el decreto-ley sobre prevención del terrorismo que endureció la persecución de la oposición política en los últimos meses de la dictadura. También reconoce que la financiación de la adquisición y ampliación de la finca estuvo marcada por aportaciones forzosas, apropiaciones y expropiaciones, y que la transmisión posterior a Franco fue considerada fraudulenta por los tribunales.

Parentela de Pardo Bazán

La genealogía de quienes reivindican hoy la memoria familiar de Pardo Bazán introduce además una precisión poco conocida. Carmen Colmeiro, actual condesa de Pardo Bazán, presidenta de la Asociación ProLegado Emilia Pardo Bazán y una de las cabezas más representativas del movimiento pardobazanista, no es descendiente directa suya. Su padre era nieto de Adelaida Rey Mosquera, hija de Joaquina Mosquera Ribera, abuela paterna de la escritora. Se trata de una relación familiar colateral y lejana, no de descendencia consanguínea: Colmeiro es tataratataranieta de la abuela de la escritora por una rama diferente.

Mientras tanto, el BNG ha llevado la controversia al Congreso. El diputado Néstor Rego ha planteado que el Gobierno revise la resolución para incorporar expresamente el papel del movimiento memorialista, situar a las víctimas de la represión franquista en el centro del relato, desvincular de la justificación memorial a Pardo Bazán por no haber sido víctima de la dictadura, recuperar la denominación «Pazo de Meirás» y corregir lo que considera errores en la descripción de los métodos de expolio y en la toponimia. La iniciativa enlaza con otras preguntas formuladas por el diputado sobre la gestión del inmueble, su titularidad y la necesidad de garantizar que sus usos estén centrados en la memoria histórica democrática sin restar espacio a que sean compatibles con la divulgación de la vida y obra de Pardo Bazán.

La batalla por Meirás es, en último término, una batalla por el orden de los recuerdos. Pardo Bazán forma parte de la historia del lugar; también sus hijos y su nieto asesinados en 1936. Pero también forman parte de ella los sindicalistas, alcaldes y concejales asesinados por los fascistas, así como las familias campesinas expulsadas de sus tierras; las mujeres que organizaron las revueltas agrarias; los vecinos detenidos durante las estancias estivales de Franco; los activistas que durante décadas reclamaron la devolución del inmueble y quienes acabaron aportando, sufragándola de su bolsillo, la investigación histórica que permitió al Estado recuperarlo. El recurso contra la resolución del Gobierno está pendiente de resolución. Y lo que subyace en ella, y en el fondo de la cuestión, es que si Meirás ha sido hasta ahora el lugar desde el que unos pocos pudieron escribir su historia, tal vez ha llegado el momento de devolver la memoria a quienes nunca tuvieron la posibilidad de escribir la suya.