PP, Vox y Junts, un bloque en materia de vivienda: su entente torpedea ocho leyes de las izquierdas esta legislatura

La XV legislatura no pasará a la historia como la «legislatura de la vivienda». Ese es uno de los mantras con los que comenzó su andadura este segundo gobierno de coalición. Se repitió, al principio, con una intensidad que fue disminuyendo a medida que se fue constatando que la mayoría absoluta que hizo presidente a Pedro Sánchez no iba a servir para avanzar en la solución a la crisis de vivienda. Lo cierto es que los números dicen que el Ejecutivo y las formaciones de izquierdas han tratado de sacar adelante medidas en esa materia. El problema es que muchas de ellas no han llegado a votarse por falta de consenso o por falta de cupo —los grupos parlamentarios pueden llevar a votación más o menos leyes dependiendo del número de diputados— y que otras se han topado con un intransigente bloque alternativo conformado por el Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya.

En total, el Gobierno y los partidos de izquierdas han registrado en el Congreso 29 medidas destinadas a cuestiones relacionadas con la vivienda. Por su parte, PP, Vox y Junts han presentado ocho. Otra llegó desde el Parlament de Catalunya y otra fue una iniciativa legislativa popular (ILP). Pero de las casi 30 leyes o decretos que han ido llegando desde la bancada izquierda solo han prosperado cinco. Tres fueron Reales Decretos-Ley de los que el Ejecutivo ha ido aprobando para paliar los efectos de las crisis ocasionadas por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. 

El cuarto fue un decreto del denominado escudo social, aprobado en enero de 2025. Todos ellos contenían algunas medidas en materia de vivienda. Este en concreto, por ejemplo, prorrogó la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025.

De las proposiciones de ley en materia de vivienda promovidas por las derechas no ha prosperado ninguna. Los enfoques de las iniciativas, con todo, son completamente opuestos a los que han llegado desde los partidos de izquierda y no atacan problemas como la especulación inmobiliaria, el tope de precios del alquiler o la seguridad jurídica de los inquilinos. Por ejemplo, dos de ellas —una del PP y otra de Junts— tenían por objeto la okupación de inmuebles. Otra que propuso el PP en febrero de este año limitaba algunos preceptos de la Ley de Vivienda. 

Hay que partir, también, de la base de que las formaciones a la izquierda del PSOE no tienen reproches solo para el tridente derechista que conforman PP, Vox y Junts, sino que también afean a los socialistas falta de valentía en la materia y no situar la vivienda como uno de los elementos prioritarios en sus negociaciones con el partido de Carles Puigdemont, el agente político capaz de decantar la balanza del «no» al «sí». Y es más, dentro del propio gobierno de coalición las máximas fricciones entre PSOE y el espacio de Sumar han sido, precisamente, a cuenta de la vivienda. Un ejemplo clarísimo tuvo lugar en marzo de este año, cuando ambas alas del Ejecutivo se enfrentaron en un Consejo de Ministros de altísima tensión por la inclusión de una medida que el PSOE se negaba a adjuntar en un decreto preparado para paliar los efectos del conflicto en Irán. Los de Yolanda Díaz querían prohibir a los caseros subir los alquileres.

Los socialistas no querían introducir la medida en un gran paquete con otras para afrontar la crisis internacional. Finalmente, el decreto se partió en dos. Uno, general con varias iniciativas (algunas en materia también de vivienda, el bono social eléctrico, ayudas a transportistas, rebajas en la energía o la prohibición en el corte de suministros). Otro, dedicado exclusivamente para llevar a votación la prohibición de subir los alquileres. El primero fue aprobado y el segundo, derogado.

Las leyes que no han salido por el entente PP-Vox-Junts

Aunque el PSOE, finalmente, apoyó también ese decreto. Sin embargo, las tres derechas —además de Alberto Catalán, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN)— se dieron la mano para tumbarlo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo, pero un voto a favor de los de Maribel Vaquero no hubiera cambiado nada. 176 votos en contra no tienen contestación. Ese decreto es una de las ocho iniciativas sobre vivienda que han llegado a votarse en el Congreso esta legislatura y que han terminado torpedeadas por PP, Vox y Junts.

Pero hay siete más. Durante estos años, se han votado cuatro decretos distintos con medidas del escudo social para prorrogar la suspensión de los desahucios. Solo una de ellas salió adelante, como ya se ha apuntado al principio de este artículo. En febrero de 2025, todos los partidos menos Vox accedieron a convalidar el escudo social que había aprobado el Gobierno y que incluía dicha medida. Antes, en enero, las tres derechas habían decidido tumbar uno idéntico. Después del de febrero de 2025, una vez se superó la fecha del 31 de diciembre de 2025 y la suspensión de desahucios dejó de estar en vigor, el Gobierno trató de sacar adelante dos decretos más para extender la prórroga. Chocaron contra el muro de las derechas. Y ese es el estado de la cuestión en estos momentos. La prórroga quedó suspendida.

Y, además de los cuatro decretos, el entente PP-Vox-Junts ha tumbado otras cuatro leyes exclusivas sobre vivienda: tres que llevó a la Cámara Baja Sumar y una que llevó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La primera de las de Sumar —una propuesta para modificar la regulación de los alquileres de temporada— tiene algo de trampa porque, cuando la llevaron los de Yolanda Díaz a votación, las tres derechas la rechazaron, pero, más tarde, debido a la presión de los sindicatos de inquilinas —quienes promovieron, en realidad, la iniciativa— y la incomprensión que suscitó en Catalunya la decisión de Junts de tumbar la propuesta, los de Míriam Nogueras recapacitaron y aprobaron la toma en consideración de la ley cuando las izquierdas en conjunto —aunque lideradas por ERC— la volvieron a llevar a votación. En estos momentos, la iniciativa sigue en tramitación, aunque no da señales de movimiento.

A Sumar, además, le han rechazado dos veces una ley muy parecida. Es la proposición de ley que tumbaron las derechas —con la abstención del PSOE— en su toma en consideración del pasado miércoles. Con ella, los de Yolanda Díaz querían introducir en la legislación una cláusula para que solo puedan comprar vivienda personas físicas y, así, frenar la especulación. En 2025 ya habían tratado de sacar adelante la misma ley… con el mismo resultado. PP, Junts y Vox las tumbaron siempre con una abstención incómoda de los socialistas, socios de gobierno de Sumar. Y las tres derechas hicieron lo mismo con una propuesta de ERC para «frenar la especulación inmobiliaria». En este caso, el PSOE votó a favor, pero los votos en contra de PP, Vox y UPN, además de la abstención de Junts y PNV, dieron al traste con la iniciativa.

Leyes dormidas

No obstante, más allá de las leyes que no han sido admitidas a trámite en el Congreso por el voto en contra de las derechas o de los decretos que han ido decayendo por la misma razón, otro gran problema de la legislatura son las iniciativas en materia de vivienda que se mantienen bloqueadas o varadas en la tramitación parlamentaria. Aunque el porqué es el mismo.

La escasa probabilidad de éxito en una eventual votación —la sombra del voto en contra de las derechas es muy negra— obliga a negociaciones larguísimas y, a veces, imposibles. Es el caso de la regulación del alquiler temporal antes apuntada, de una ley de EH Bildu con la que busca regular la publicidad y la contratación de los pisos turísticos, una del PSOE para «impulsar el alquiler a precios asequibles» u otra de Sumar para reformar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de que los ayuntamientos puedan hacerlo más progresivo y gravar más a los grandes tenedores.