Procesan al cuñado y al ‘número dos’ de Rita Barberá al acabar la instrucción del ‘caso Azud’
El Juzgado de Instrucción 13 de València ha finalizado la instrucción de la macrocausa de corrupción conocida como caso Azud con el procesamiento de 38 investigados, entre ellos varios dirigentes políticos del PP y PSOE, como el que fue teniente de alcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como el cuñado de la primera, el abogado José Corbín, acusados ambos de haber cobrado comisiones ilícitas.
Entre los encausados figuran exconcejales del PP como el citado Grau, el exportavoz del grupo socialista en el Consistorio y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, una exalcaldesa de Xixona (Alacant), así como varios funcionarios, empresarios y abogados.
La investigación se inició por una denuncia de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados regentado por Corbín, cuñado de la que fue alcaldesa de València entre 1991 y 2015.
En un extenso auto de 314 páginas, la instructora relata las diversas tramas creadas para canalizar comisiones ilícitas y favorecer operaciones urbanísticas y concluye que existen indicios de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.
Cinco millones de facturación sin empleados
La investigación se inició a raíz de una denuncia que alertaba sobre la desproporción entre los ingresos de Corbín Abogados S.L. y su actividad real, pues la firma logró facturar más de cinco millones de euros entre 2005 y 2017 sin apenas empleados.
Aproximadamente el 80% de sus ingresos provenían de seis grandes grupos empresariales que eran adjudicatarios habituales de contratos del Ayuntamiento de València, y cuando Rita Barberá perdió la alcaldía en 2015, los ingresos del despacho se desplomaron.
Uno de los primeros casos documentados en la investigación es el del contrato de limpieza y conservación del sistema de saneamiento de València, adjudicado en 2006 a una UTE formada por empresas del Grupo Acciona.
El auto detalla un amaño en esta contratación gracias a la intervención de dos técnicos municipales, que otorgaron una puntuación desproporcionadamente alta a la oferta de Acciona sin una justificación objetiva.
‘Pelotazos’ urbanísticos
Otra de las tramas investigadas bajo el paraguas del mismo sumario es la referida al grupo Axis, una constructora propiedad de Jaime María Febrer que igualmente contaban con el favor de Corbín y Grau gracias al pago de comisiones ilícitas.
El auto detalla varias operaciones urbanísticas amañadas, tales como la operación Colegios: Una de las más lucrativas. Consistió en que el Ayuntamiento, a través de la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), saldó una deuda de 31 millones de euros con congregaciones religiosas entregándoles tres parcelas recalificadas para uso residencial.
La operación se realizó sin concurso público y con una tasación de las parcelas (Tinsa) a la baja, que las valoró en 40,8 millones de euros cuando su valor real superaba los 54,8 millones, de modo que el beneficio fue para MAI y, a cambio, Febrer pagó comisiones en metálico a Alfonso Grau (1,2 millones) y 300.000 euros para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Rubio Martínez, quien presuntamente se encargó de no fiscalizar todo este proceso.
También en las VPO
Además, la instructora cree que la trama se extendió a la empresa municipal Aumsa y que Febrer logró que los pliegos de licitación para la construcción de viviendas protegidas en parcelas municipales se redactaran a su medida, de modo que sus empresas lograron hacerse con las adjudicaciones.
El despacho de abogados de Corbín también cobró comisiones ilícitas a otras constructoras como Cinal, Cleop o Cyes, según describe el auto.
En la investigación judicial se describe también el destino que la familia Corbín dio a esos fondos, con decenas de ingresos en efectivo en sus cuentas personales o la simulación de la compra de papeletas de lotería premiada por 360.000 euros.
La reforma del chalé pagada en efectivo
Corbin llegó a pagar 172.000 euros en efectivo por las reformas de su chalé en Jávea, donde veraneaba la exalcaldesa Rita Barberá, según se describe en el auto.
Tras más de nueve años de investigación, la jueza considera que existen indicios suficientes de delito para elevar la causa a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento y ha desestimado todas las peticiones de sobreseimiento de los investigados.
Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares tienen un plazo de diez días para formular sus escritos de acusación o solicitar el sobreseimiento.
Source link
