Sin financiación ni catalán en la UE y con dudas sobre Rodalies: así impacta el 29N en Catalunya

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre anunciado este lunes por Pedro Sánchez tendrá impacto en múltiples ámbitos y tocará de lleno la legislatura catalana, ya que supone enterrar o, como mínimo, aplazar algunos de los principales pactos del mandato. Desde el nuevo modelo de financiación autonómica al traspaso de Rodalies, pasando por el cambio en la gobernanza en el Consorci de la Zona Franca o la creación de la sociedad mixta de inversiones, sin olvidar la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Todo ello carpetas de gran trascendencia política fruto de pactos sobre todo de ERC con el PSC -ya sea para investir a Salvador Illa como presidente o para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026- o el PSOE, pero también del acuerdo de Junts con el socialistas españoles para dar el «sí» a Sánchez el ya muy lejano otoño de 2023.

El repentino -aunque previsible- final de la legislatura estatal impedirá materializar una serie de traspasos o acuerdos que han sido fundamentales para Esquerra para construir su relato político de los últimos años, muy centrado en defender su perfil de fuerza «útil» que establece alianzas con los socialistas bajo la premisa de obtener «avances» para Catalunya. Acuerdos que, a menudo, habían llegado tras negociaciones muy largas y que, en algunos casos, todavía tenían que superar el obstáculo de obtener una mayoría favorable en el Congreso, que no parecía precisamente fácil.

Un contexto que se explica porque los republicanos han sido una de las formaciones que más se oponía al adelanto electoral. Este mismo lunes, con los comicios ya anunciados, fuentes de ERC apuntaban que «por cálculo electoral, Sánchez ha dejado pendientes muchos proyectos que mejorarían la vida de la gente y eso no es una buena noticia. Las familias deben seguir pagando el alquiler o la hipoteca, los trabajadores necesitan llegar al trabajo con un tren que funcione y las escuelas necesitan recursos. Estas realidades deben estar en el centro de las decisiones y de las propuestas políticas».

Una financiación que no llegará

El actual modelo de financiación autonómica data de 2009 y está caducado desde 2014. Parte fundamental del acuerdo de investidura de Illa sellado entre ERC y PSC, el adelanto electoral torpedea las opciones de aprobar uno nuevo en los próximos meses. Una posibilidad que, ni mucho menos, estaba garantizada en el actual contexto político, sobre todo por la aritmética del Congreso. En cualquier caso, la previsión es que en las próximas semanas aterrizara en la Cámara Baja el modelo pactado en enero entre ERC y el Gobierno y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 4 de septiembre, para iniciar una tramitación de final incierto.

Como con tantas otras cuestiones durante este mandato, los siete diputados de Junts debían tener un papel decisivo a la hora de decidir si salía adelante o no una financiación que, entre las autonomías, apenas tenía el apoyo de Catalunya y Canarias. Los de Puigdemont, de entrada, se oponían porque no suponía un concierto económico para Catalunya y la duda era si durante la tramitación, y a través de la presentación de enmiendas, modificarían su posición para validar un nuevo modelo que debía aportar 4.700 millones más por año a las necesitadas arcas de la Generalitat. En cualquier caso, con el final de la legislatura el acuerdo de ERC con el PSOE queda en papel mojado, a la espera de las Cortes que salgan del 29 de noviembre. Ahora bien, a buen seguro que no se reactivará en los términos actuales si hay un Gobierno estatal de PP y Vox, como prevén la mayoría de las encuestas.

El modelo aprobado por el CPFF ya era notablemente diferente del que aparecía en el acuerdo de investidura de Illa, donde se establecía que sería la Generalitat «la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya». La realidad, sin embargo, es que tras la negociación con el ejecutivo estatal lo que había es una cesión de un mayor porcentaje de impuestos como el IRPF o el IVA a las autonomías, pero no la recaudación y gestión de todos los impuestos por parte de la Generalitat que quiere ERC. Y, de hecho, el Ministerio de Hacienda había cerrado la puerta hasta ahora a la delegación total del IRPF a Catalunya, que los republicanos pretendían volver a negociar antes de culminar la legislatura.

La condonación parcial de la deuda del FLA debía reducir en un 20% -más de 17.000 millones- el pasivo de la Generalitat

A nivel económico, la Generalitat tampoco podrá beneficiarse de la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una cuestión que se arrastra desde el pacto de ERC y PSOE para la investidura de Sánchez. Pese a contar con suficientes apoyos parlamentarios para salir adelante, la ley no se ha llegado a votar en el Congreso, lo que impedirá que el conjunto de las autonomías vean como se les condona deuda del mecanismo de liquidez por un valor total de más de 83.000 millones. De estos, 17.104 correspondían a la Generalitat de Catalunya, que habría visto como su pasivo se reducía de golpe en un 20%. Además, la condonación debía comportar un ahorro de unos 1.500 millones en intereses.

Paralelamente, ERC pretendía introducir una enmienda a la ley de condonación de la deuda del FLA para culminar el cambio de gobernanza del Consorci de la Zona Franca. Era una de las cuestiones pactadas en el acuerdo de Presupuestos del Govern de 2026 y sellada en la Comisión Bilateral Estado – Generalitat celebrada en mayo, pero le faltaba el visto bueno del Congreso para materializarse. En concreto, el organismo debía pasar de un control casi absoluto del Gobierno a una mayoría formada entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, de instituciones catalanas.

¿Qué pasará con Rodalies?

La convocatoria electoral también impactará en el traspaso de Rodalies. Acordado en 2023, ya se había empezado a materializar con la creación de la empresa mixta participada por la Generalitat y el Gobierno -a través de Renfe- que debía gestionar el servicio. El Govern de Illa esperaba que en la siguiente Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que en principio estaba prevista para octubre, se «certificara o acordara» el traspaso de la línea R1, la que va de Barcelona al Maresme, a Rodalies de Catalunya, la empresa mixta. La Bilateral, obviamente, queda aplazada, pero fuentes gubernamentales consultadas por Públic manifiestan que a finales de esta semana esperan saber cómo se podrá avanzar en estos dos meses en el traspaso de la R1.

A posteriori se tenía que abordar el traspaso de otras líneas, como la R2 Sur y la R3, que tendrá que asumir -si lo quiere- el siguiente Gobierno. El posible cambio de color político en la Moncloa también podría afectar a las inversiones previstas en Rodalies, por una cuestión de hipotético reenfoque de las prioridades, del mismo modo que habrá que ver que sucede con el proyecto de tren orbital, que debía financiar fundamentalmente el Estado con una aportación de más de 5.000 millones hasta 2041.

Otra cuestión derivada de los acuerdos entre el Partido Socialista y ERC que estaba encarrilada pero no se ha culminado es la creación de la sociedad mercantil que debía servir para fiscalizar, agilizar y ejecutar las inversiones previstas del Estado en Catalunya. Inicialmente ambas partes habían acordado la creación de un consorcio de inversiones participado por los dos gobiernos, el estatal y el autonómico, pero Junts impidió su tramitación en el Congreso. La sociedad mercantil, que era la alternativa, no necesitaba el aval de la cámara baja, pero no se ha llegado a formalizar, a pesar de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, lo había reclamado a finales de julio.

Tampoco se culminará una nueva gobernanza del sistema aeroportuario, para permitir la participación catalana, también acordada entre PSC y ERC pero que en este caso topaba con el rechazo de Aena, el gestor aeroportuario estatal y, por tanto, todavía no había un entendimiento cerrado. Para acabar con las cuestiones impulsadas por los republicanos, la presencia de los Mossos d’Esquadra en los puertos y aeropuertos catalanes seguirá sin materializarse, a pesar de que teóricamente el traspaso de competencias lo habían pactado la pasada legislatura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y quien entonces era su homólogo catalán, el conseller Joan Ignasi Elena.

Las carpetas de Junts

Aunque en los últimos años es ERC quien ha cerrado los principales acuerdos en clave catalana con el PSC y el PSOE, también hay temas importantes negociados por Junts con la formación estatal y el Gobierno de Sánchez que igualmente quedarán embarrancados con el final de la legislatura. Los dos más significativos son la oficialidad del catalán -junto con el vasco y el gallego- en la Unión Europea o la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. En el primer caso, hace apenas dos semanas la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE evidenció las dificultades para conseguir la oficialidad del catalán, ante las reticencias de varios estados. Tras múltiples intentos los últimos tres años, es evidente que el Gobierno de Sánchez en funciones no tendrá la fuerza para obtener la oficialidad antes del 29 de noviembre.

Asimismo tampoco llegará a buen puerto la delegación en Catalunya de las competencias en inmigración, pactada entre Junts y el PSOE. La negativa de Podem a aceptarlo, con el argumento de que era «racista» lo frenó el año pasado y apenas en agosto el partido de Puigdemont volvió a registrar la proposición de ley con la voluntad de conseguirlo. Una proposición que, como el resto de propuestas y leyes en trámite, caerá con el final de la legislatura.