Sumar advierte al PSOE que se opondrá a reformar la ley de Extranjería si es «a costa de los derechos humanos»

El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha avisado este sábado al PSOE de que su formación no apoyará una reforma de la Ley de Extranjería para agilizar las llamadas devoluciones en caliente si supone restringir o eliminar derechos. 

Así se ha pronunciado Santiago en una entrevista en RN en la que también ha recriminado al Tribunal Supremo que cuestione que, como presume la instrucción del Ministerio de Justicia para la aplicación de la conocida como ley de nietos, todas las personas que salieron de España tras la Guerra Civil «huyendo del franquismo» puedan ser consideradas «exiliados».  

Respecto a la Ley de Extranjería, este miércoles el diputado socialista Vicente Montávez propusiera verbalmente al Partido Popular una posible modificación normativa para legalizar las devoluciones en caliente en la frontera.

«Es verdad, hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley. ¿Contamos con sus votos? ¿Van a hacerlo?», lanzó a la bancada popular, que precisamente tiene registrada desde julio una reforma legal en ese sentido.

En un auto firmado el pasado 8 de julio, el Alto Tribunal estableció que el régimen de rechazo en frontera (devolución en caliente) previsto en la Ley de Extranjería no puede aplicarse a los migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla cuando son interceptados en el mar, a quienes debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución.

La sentencia precisó que el rechazo sí está previsto para quienes intentan acceder superando los elementos de contención fronterizos. 

«No a costa de los derechos humanos»

Santiago ha recordado la intervención de Montávez y ha explicado que actualmente se encuentra en marcha la transposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo que considera que una modificación legislativa para endurecer las entradas irregulares en frontera sería «técnicamente viable».  

Frente a esa posibilidad, el parlamentario ha recalcado que la posición de Sumar es «muy clara». «Por supuesto que estamos de acuerdo con reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras, pero no a costa de los derechos humanos», ha afirmado.

En concreto, Santiago ha rechazado que ese refuerzo se haga dificultando el acceso a la frontera a personas que sufren persecución y que, según ha señalado, tienen derecho a llegar a ella conforme a la legislación, citando expresamente el Convenio de 1951 sobre el derecho de asilo y refugio.

«España hasta ahora ha garantizado este derecho y nosotros estamos dispuestos a examinar cualquier reforma, modificación, siempre y cuando no se restrinjan y eliminen los derechos fundamentales de la persona», ha resumido.

«Intromisión política» de la Audiencia Nacional en Ceuta

Por otro lado, el dirigente de IU ha recordado que en la comparecencia extraordinaria del presidente el pasado 3 de septiembre comenzó su intervención agradeciendo el comportamiento «profesional y ejemplar» de la Policía Nacional y Guardia Civil durante los días 30 y 31 de julio, asegurando que su actuación evitó «un desastre humanitario» y que ambos cuerpos siguen comportándose de esa manera.

Según Santiago, no existen «grandes críticas» a sus actuaciones, pero sí se están generalizando denuncias sobre un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» por parte de miembros de algunos cuerpos del Ejército, que ha señalado que no se producen de forma generalizada sino «muy localizada» contra migrantes y ceutíes de origen magrebí.

El diputado ha afirmado que su formación ha rechazado además que los militares sean destinados a funciones de seguridad ciudadana, como pide el PP, algo que ha calificado de «inaceptable» en una democracia.

El portavoz adjunto de Sumar también se ha referido al dispositivo temporal de acogida de inmigrantes instalado en el Puerto de Ceuta y ha calificado de «intromisión política» y una «atrocidad» la decisión inicial y luego rectificada de la Audiencia Nacional de impedir temporalmente su puesta en marcha mientras estudiaba la petición cautelar presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

«Un tribunal no es quién para decir dónde debe establecerse o no un centro de acogida», ha apostillado.

Reproche al Supremo por suspender el derecho al voto

Enrique Santiago también ha recriminado al Tribunal Supremo que cuestione que, como presume la instrucción del Ministerio de Justicia para la aplicación de la conocida como ley de nietos, todas las personas que salieron de España tras la Guerra Civil «huyendo del franquismo» puedan ser consideradas «exiliados».

Santiago ha justificado la decisión de su grupo de aprovechar la Ley Orgánica de mejora de la Educación, que se tramita en el Congreso, para introducir una enmienda destinada a blindar el derecho a voto de los descendientes de exiliados.

Con esta propuesta persiguen dejar sin efecto la suspensión cautelar del Tribunal Supremo para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática.

Según él, es un tema «urgente», puesto que el Supremo ha tomado la, a su juicio, «inaceptable» decisión de «privar de un derecho fundamental a cientos de miles de españoles y españolas».  

«El derecho de voto en nuestro país sólo ha sido privado durante dictaduras», ha afirmado tras poner en duda la constitucionalidad de la resolución. Santiago ha añadido que con su enmienda pretenden «solucionar las dudas jurídicas» de los magistrados.

Según su interpretación, el Supremo «no tiene claro» si las personas que salieron de España «huyendo del franquismo después de la guerra» lo hicieron «por motivos políticos» y «pueden ser considerados exiliados».

Esta presunción se hace en la instrucción para la aplicación de la ley de nietos, en la que se abre la puerta a considerar exiliados a todos los que salieron «que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

La influencia del «partido de las togas»

Santiago ha censurado que al tribunal no le parezca «suficiente» la instrucción que así lo establece, «pese a ser idéntica» a la que estuvo en vigor tras la Ley de Memoria Histórica de 2007 sin que ningún tribunal cuestionara su validez».

Y, para evitar que el Supremo «tenga dudas» sobre la validez de esa presunción «atendiendo a un determinado rango legal», han optado por incluirla en la propia Ley de Memoria Democrática a través de la enmienda presentada a la citada ley educativa. «Va a tener el máximo rango legal y como tal el Tribunal Supremo lo que tiene que hacer es cumplir la ley», ha apostillado.

Además, Santiago ha lamentado que desde algunos sectores de la judicatura se estén emitiendo «constantemente resoluciones realmente inexplicables» como esta de Supremo.

«Existe un sector de la judicatura, afortunadamente no mayoritario pero sí con mucha influencia» al que la ciudadanía identifica como el «partido de las togas», ha señalado.

Desde su punto de vista, estos sectores contribuyen a «una degradación del servicio público de la Justicia, que sale adelante día a día gracias al esfuerzo de miles de jueces y juezas y de otros funcionarios y servidores públicos, no siempre con todos los recursos necesarios para que funcione bien».