Valladolid corregirá su plan de vivienda para valorar la violencia de género como criterio tras el rechazo social a la modificación

El Ayuntamiento de Valladolid corregirá el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal y baremará la violencia machista como criterio diferenciado de la violencia doméstica, cambio que había motivado gran rechazo social, la convocatoria de una protesta el domingo 4 de octubre, y el estudio de su legalidad por parte del Ministerio de Igualdad.

Es uno de los cambios que se introduce en el orden del día de la reunión del próximo viernes con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, VIVA, en el que se votará de nuevo el citado protocolo de vivienda de alquiler municipal.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha sostenido esos cambios en el protocolo, dado el «revuelo» causado al cambiar el término «violencia de género» por el de «violencia doméstica» dentro de los criterios que puntúan en la adjudicación. El nuevo cambio, según el documento, recoge que las víctimas de violencia machista tendrán 1,5 puntos, y en el caso de violencia doméstica o en el ámbito familiar será un punto.

El concejal ha incidido en que el Ayuntamiento tiene «absolutamente claro que la violencia de género debe ser protegida», y ha recordado que VIVA no son servicios sociales del Ayuntamiento, sino que se encuentra dentro del programa de viviendas blancas, al cual se accede por recursos económicos muy limitados, pero «no es el acceso a una vivienda por razones urgentes, como pueden ser los problemas de violencia de género».

Ese cambio ha provocado críticas de los colectivos feministas y el propio Ministerio de Igualdad, por lo que el alcalde, Jesús Julio Carnero, anunció en el último pleno que pediría un informe jurídico para despejar las dudas suscitadas.

Y en esa línea, y conocido el informe, elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento, se recogen algunas recomendaciones que ahora se introducen en el protocolo para la votación del viernes.

El informe de la Secretaria sostiene que desde el punto de vista jurídico «el protocolo aprobado por VIVA» no se ajusta «a lo que resulta de aplicar la legislación de violencia de género».

E incide el documento de la Secretaria del Ayuntamiento en que «el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género tiene que considerarse prioritario» en el acceso a la vivienda de protección pública según la normativa vigente, y la anterior redacción de mujeres en víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, «no da prioridad al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género» en la puntuación.