Veinte universidades españolas siguen asociadas con Israel en proyectos de investigación europeos pese a haber anunciado su boicot

Al comienzo del curso académico, hace un año, el rector de la Universidad de Granada dirigió un mensaje de bienvenida a los estudiantes y miembros del personal docente. Pedro Mercado Pacheco subrayó que la universidad debía seguir siendo «un espacio para el diálogo, la reflexión crítica […] la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz». En aquel momento, los ataques contra Gaza arreciaban y la universidad estaba librando su propia batalla en los tribunales para defender su decisión de suspender su colaboración con ciertas entidades israelíes.

El caso ha llegado al Tribunal Supremo, tras una larga batalla judicial con ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), un lobby proisraelí que desde el primer momento ha tratado de impedir que la decisión de la Universidad de Granada prospere. No se espera una sentencia hasta el próximo año, pero será de gran calado. El fallo puede tener implicaciones más allá de Granada y sentar un precedente sobre si las universidades españolas pueden invocar la defensa del derecho internacional y los derechos humanos a la hora de adoptar decisiones de colaboración internacional.

Desde que las universidades españolas anunciaron en mayo de 2024 su decisión de suspender relaciones con las entidades israelíes «que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario», ACOM ha presentado demandas contra al menos ocho universidades españolas, dando lugar a una serie de resoluciones judiciales en ocasiones contradictorias. De ahí la relevancia de la lectura del Supremo.

Pero la decisión de la Universidad de Granada de llevar el caso hasta la última instancia choca con otra iniciativa de la propia universidad. En mayo de 2025 se incorporó a un nuevo proyecto de investigación denominado Proactif, en el que participan la empresa israelí de microchips Mellanox, así como los gigantes europeos de la defensa Safran y Leonardo.

El proyecto, que forma parte del programa de investigación de la Unión Europea Horizonte Europa, desarrollará vehículos no tripulados como parte de un sistema que «desplegará robots aéreos, terrestres y de superficie para responder a incidentes». Se trata de un programa destinado a la seguridad civil y a la vigilancia de infraestructuras críticas, que en el caso español puede que se aplique a la seguridad del puerto de Santander.

Sin embargo, las tecnologías implicadas tienen un potencial de doble uso; es decir, pueden emplearse también con fines militares. La tecnología de Mellanox ha sido utilizada por clientes del sector de la defensa y organismos gubernamentales, entre ellos Israel Aerospace Industries, cuyos drones Heron han sido utilizados por el ejército israelí en Gaza, y por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La Universidad de Granada se ha defendido alegando que Mellanox es ahora propiedad de la empresa estadounidense Nvidia y, por tanto, ya no puede considerarse una compañía israelí. Sin embargo, en la base de datos de Horizonte Europa sigue apareciendo bajo bandera israelí. También explica que ya se había implicado en el proyecto antes de que se iniciara el boicot académico: «Para entonces ya estábamos comprometidos formalmente con nuestra propuesta», explica Francisco Barranco, el profesor que lidera el proyecto en la Universidad de Granada.

En cuanto a la posibilidad del doble uso, el propio Barranco reconoce que aparece mencionado en la memoria técnica del proyecto, si bien alega que «es un párrafo muy genérico que podría aparecer en casi cualquier propuesta de tecnologías ECS (Componentes y Sistemas Electrónicos)». El texto reza así: «Algunos de los resultados pueden presentar, además, potencial de explotación de doble uso […] Entre los impactos positivos se encuentra el disponer de capacidades europeas también en el ámbito de la defensa».

34 universidades europeas

Pero el de la Universidad de Granada no es un caso único. En España hay 20 universidades que se han implicado en un total de 28 nuevos proyectos de investigación con entidades israelíes vinculadas con el sector de la defensa o que desarrollan tecnología con aplicaciones de defensa, y eso después de haberse comprometido con el boicot académico. Por ello deberían recibir un total de 6,6 millones de euros. En varios casos, se trata de programas con un doble uso potencial.

Y lo mismo está ocurriendo en universidades de toda Europa. Pese a haber anunciado su intención de cortar vínculos con proyectos de investigación israelíes tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024, que advirtió del riesgo de genocidio en Gaza, muchas universidades han seguido firmando nuevos proyectos del programa Horizonte Europa.

Según el análisis exclusivo del consorcio de medios Investigate Europe y de la red de investigación Reporters United que ‘Público’ publica en exclusiva en España, 34 universidades de España, Países Bajos, Italia y Bélgica están implicadas en 38 nuevos proyectos de Horizonte Europa con entidades israelíes vinculadas al ámbito militar, pese a haber anunciado que los suspendían. Estos proyectos supusieron unos 15 millones de euros en financiación para las universidades. El reportaje se publica con otros medios asociados, entre ellos, EUobserver (Bélgica), Follow the Money (Países Bajos), Knack (Bélgica), Le Monde (Francia) y Le Vif (Bélgica).

De Barcelona a Murcia

En España, NeAIxt es un proyecto de Horizonte Europa en el que participa la empresa israelí Weebit Nano y que cuenta con la participación de la Universidad de Sevilla y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Se trata de una empresa de semiconductores que desarrolla tecnología avanzada de memoria resistiva de acceso aleatorio, que puede utilizarse en los sectores aeroespacial y de defensa.

La UAB alega que en consorcios de gran dimensión es difícil «controlar desde una entidad participante minoritaria todos los elementos de un consorcio internacional» durante la fase de propuesta y que «la única alternativa para evitar completamente situaciones de este tipo sería no participar en ninguna convocatoria». Por ello, insisten en que debe ser la propia Unión Europea quien suspenda unilateralmente el Acuerdo de Asociación UE-Israel.

También la Universidad de Murcia participa en un proyecto, Castor, en el que está implicada Mellanox. La institución prefiere, sin embargo, poner el énfasis en que no colabora con universidades israelíes, evitando mencionar la empresa. «Desde la Universidad de Murcia podemos confirmarle que no tenemos ningún convenio de internacionalización con universidades israelíes», afirman en un breve texto enviado por correo electrónico.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid colabora en un proyecto en el que también está integrada Mellanox. Se trata de Smarty, cuyo objetivo es crear un sistema seguro que permita utilizar la inteligencia artificial en la nube y en dispositivos cercanos, como ordenadores o servidores locales. La universidad no ha respondido a los correos que le ha enviado Investigate Europe para recabar sus comentarios.

De esos 38 proyectos europeos con Israel, seis parecen tener potencial de doble uso e involucran a socios israelíes como el Holon Institute of Technology, Weebit Nano, la citada Mellanox y el Instituto Technion. La investigación también ha revelado que seis universidades de España, Italia y Bélgica que han conseguido retirarse de proyectos debido a estos vínculos siguen participando en otros proyectos de Horizonte.

Estas colaboraciones ponen de manifiesto una contradicción en el seno de las universidades que, por un lado, condenan públicamente a las entidades israelíes vinculadas a su sector de defensa y, por otro, mantienen relaciones económicas con ellas.

Las conexiones de Technion con la defensa israelí

En los Países Bajos, al menos dos universidades no han conseguido hasta ahora desvincularse de proyectos relacionados con entidades israelíes, pese a haber realizado declaraciones públicas en sentido contrario.

La Universidad de Groninga anunció en octubre de 2025 que suspendería su participación en el proyecto React,  en el que participa el Instituto Technion, tras descubrir que uno de sus profesores, Shahar Kvatinsky, no solo ejercía como teniente coronel en la reserva del ejército israelí, sino que también había servido varias veces en Gaza y Líbano, según una investigación del periódico holandés Trouw. En su perfil de Facebook, Kvatinsky había publicado una serie de fotos en las que aparecía frente a bloques de apartamentos destruidos y sentado a la mesa de una sala de operaciones militares junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, dos semanas después de anunciar que suspendía su participación, la Universidad de Groninga dio marcha atrás. Y otro de los socios, la Universidad de Eindhoven, declaró asimismo que continuaría con el proyecto, pese a haber publicitado lo contrario.

Durante décadas, el Instituto Technion ha sido, un pilar del complejo militar israelí, desarrollando tecnología para gigantes de la defensa como Elbit e Israel Aerospace Industries, fabricando las excavadoras teledirigidas D9 empleadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y gestionando un programa de análisis de datos para los soldados.

El Technion dirige también el Instituto de Investigación Avanzada de Defensa (ADRI), creado para conectar la investigación académica con el ejército y la industria de defensa. Su director, Jacob Nagel, presidió el comité de estrategia de seguridad de Netanyahu en 2024. Y durante la guerra de Gaza declaró que los investigadores habían «convertido rápidamente conceptos académicos en soluciones operativas para el campo de batalla», entre ellas enjambres de drones, defensa cibernética y robótica de combate.

Según el análisis de Investigate Europe y Reporters United, el Instituto Technion tiene una fuerte presencia en las universidades neerlandesas y mantiene proyectos con la TU Delft, la Universidad Tecnológica de Eindhoven y las universidades de Radboud, Tilburg, Ámsterdam y Groninga.

‘Doble uso’ potencial

En la Universidad de Bolonia, en Italia, el consejo rector decidió el otoño pasado no aprobar nuevos proyectos de investigación con entidades israelíes que pudieran tener un doble uso y suspender los ya existentes.

Sin embargo, según documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública enviadas por Investigate Europe, en diciembre de 2025 la universidad dio marcha atrás tras analizar jurídicamente los posibles costes y sus obligaciones contractuales. La Universidad de Bolonia sigue participando en NeAIxt. 

Cabe recordar que entre los socios de NeAIxt se encuentra la empresa israelí Weebit Nano que, a su vez, es miembro del consorcio NEMO, que incluye a la empresa de defensa Elbit y al Instituto Technion. Weebit también emprendió investigaciones en 2019 con el profesor Kvatinsky, del Instituto Technion, para producir microchips.

Al ser consultado para este artículo, un portavoz de la empresa declaró que «Weebit nunca ha trabajado con ninguna empresa de defensa ni con ningún organismo militar, ya sea israelí o extranjero». La Universidad de Bolonia respondió por su parte que, como entidad pública, «no puede actuar en conflicto con las obligaciones vigentes asumidas por la República Italiana en los ámbitos internacional y supranacional». Obligaciones que podrían haberse vulnerado si la universidad se hubiera retirado del proyecto.

En Francia, la Universidad Paris-Saclay participa actualmente en seis proyectos de Horizonte Europa con entidades israelíes vinculadas al sector de la defensa. Cinco de ellos comenzaron después del 7 de octubre de 2023.

Entre ellos se encuentra STARLight, un proyecto que desarrolla tecnología de fotónica de silicio, con aplicaciones civiles y militares. Este tipo de tecnología ya se usa en los escáneres Lidar para evaluaciones ambientales y para identificar objetivos con alta precisión. Se cree que esos escáneres han sido utilizados por el ejército israelí en Gaza. Entre los socios del proyecto también se encuentra la empresa francesa de defensa y aeroespacial Thales.

El Consejo de Ética de Investigación la Universidad Paris-Saclay recomendó en febrero de 2026 «suspender, a la espera de una revisión, las asociaciones con universidades israelíes», en particular con la Universidad de Tel Aviv.

Sin embargo, poco después de ese anuncio, el consejo rector de la universidad retiró la declaración apoyándose en la opinión del Ministerio de Educación Superior, según la cual «una postura política, basada en consideraciones como el conflicto en Oriente Próximo, no puede justificar que las instituciones de educación superior, por iniciativa propia, pongan en cuestión sus asociaciones con universidades extranjeras».

A preguntas de Investigate Europe, la Universidad de París-Saclay contesta que participa en proyectos europeos «sin preguntar por la nacionalidad de sus socios».

El miedo a las consecuencias legales y financieras

Las razones por las que las universidades siguen vinculadas a entidades israelíes, pese a las acampadas y las condenas públicas, son diversas, pero reflejan la tensión entre las consideraciones éticas y una realidad económica cada vez más difícil. En Europa, sus presupuestos están cada vez más tensionados como consecuencia del descenso de la financiación pública. En este contexto, romper con un proyecto de Horizonte Europa puede tener costes financieros adicionales para la institución.

«El problema es que, con los años, han surgido consorcios que acceden sistemáticamente a la misma financiación, y entrar en ellos es en extremo difícil, a menos que alguien que ya forme parte del consorcio te introduzca», explica Gaetano Salina, físico del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, afiliado a la Universidad Tor Vergata de Roma.

El temor a quedar excluidos de futuros proyectos pesa mucho sobre la investigación europea, según María José Lera, miembro de la Red Universitaria por Palestina y profesora de la Universidad de Sevilla. «Al final, Israel tiene el dinero, el proyecto sigue adelante y somos nosotros quienes, al salirnos, perdemos. Además, ahora los otros socios pueden considerarnos socios poco fiables y quizá no vuelvan a recurrir a nosotros en el futuro», se lamenta.

Ese es también el temor de Elsa Mohino, profesora de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Su equipo renunció a participar en un proyecto del programa Horizonte Europa al descubrir que en él también participaba el Instituto Weizmann de Ciencia. «Fue un problema de conciencia», explica: «Es posible que para llamadas futuras hayamos quemado los puentes, pero no nos arrepentimos». 

También la Universidad de La Rioja rechazó proseguir con un proyecto coordinado por el Instituto Technion de Israel en junio de 2025 por «el daño a la imagen de la universidad» que le ocasionaba. Como consecuencia, perdieron la posibilidad de contratar a dos investigadores y renunciaron a percibir 188.000 euros.

Las instituciones israelíes participan en 793 de los 19.203 proyectos de Horizonte Europa firmados hasta mayo de 2026, lo que equivale a uno de cada 24 proyectos. La investigación de Investigate Europe y Reporters United revela que en el 77% de los proyectos están involucradas entidades israelíes vinculadas al sector de la defensa o a organismos estatales como el Ministerio de Defensa.

Riesgos legales

Algunas universidades temen no solo las repercusiones reputacionales, sino también las consecuencias jurídicas de abandonar los proyectos.

Por ejemplo, la Universidad de Delft, uno de los principales campus tecnológicos de Europa, se ha retirado del proyecto NeAIxt. «Finalizamos nuestra participación en diciembre de 2025, con el conocimiento y consentimiento de los socios del consorcio», revela uno de sus portavoces.

Investigate Europe y Reporters United han tenido acceso al intercambio de correos electrónicos en los que la universidad debatía la decisión. Y en ellos quedan claros los temores jurídicos relacionados con la retirada. «Si no cumplimos estas promesas, puede tener no solo graves consecuencias legales y financieras, sino también afectar a las posibilidades de obtener futuras subvenciones», escribió uno de los administradores. «La retirada implica riesgos reputacionales no solo para Delft (al dejar de ser un socio fiable para nuevos proyectos), sino también para investigadores individuales».

La Universidad de Gante (Bélgica) calcula que una retirada unilateral de los proyectos de Horizonte Europa le costaría decenas de millones de euros, una cantidad enorme para una institución pequeña. Pese a ello, en marzo de 2026 se convirtió en una de las pocas universidades que han conseguido abandonar un proyecto debido a la participación de un socio israelí. Según fuentes cercanas al proceso, solo fue posible después de encontrar un socio sustituto y obtener la aprobación de la mayoría de los miembros del consorcio.

Sin embargo, los activistas estudiantiles de la universidad siguen frustrados. «Todavía existen vínculos activos con entidades israelíes a través de proyectos de Horizonte Europa», advierte Jarkko, un estudiante implicado en las protestas. «Los textos legislativos proporcionan una base jurídica para suspender o retirarse si no se respetan los principios éticos. ¿Por qué seguimos esperando?».

La UE admite que no puede descartar el ‘doble uso’

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de la Asociación de Rectores de Universidades Israelíes (VERA), que representa a sus nueve principales universidades de investigación, respondió que su «participación en Horizonte Europa se basa en la excelencia científica y se rige estrictamente por los exhaustivos mecanismos de cumplimiento civil y ético supervisados por la Comisión Europea».

«Excluir a socios de investigación o boicotear a científicos por su origen nacional constituye una violación directa de la libertad académica y de las normas europeas contra la discriminación», continuó.

Un portavoz de la Comisión Europea declaró a Investigate Europe que cualquier solicitud de poner fin a la participación israelí en los proyectos de Horizonte Europa se evalúa caso por caso. «A la hora de ejecutar los proyectos, todos los beneficiarios deben garantizar que todas las actividades cumplan con […] los principios éticos y la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente», añadió.

«No obstante lo anterior, no se puede descartar que los resultados puedan desarrollarse posteriormente para convertirse en tecnologías con aplicaciones de ‘doble uso».