Iustitia Europa, que se presenta como un «antipartido» con la misión de «cambiar España», proclamará su candidatura a las elecciones generales el próximo día 27 en un hotel de Madrid. Así lo anuncia en su página web. Esta formación «sin ideología» que dice tener 1.500 afiliados y otros tantos «colaboradores activos», es también uno de los habituales de la acusación popular, acompañando a Manos Limpias y HazteOír en los principales casos judiciales que han sacudido al Gobierno y el PSOE en los últimos tiempos: contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y contra su hermano David, además de los procesos contra su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán y el exasesor Koldo García.
Pero este verano Iustitia Europa ha conseguido acaparar todo el protagonismo con dos denuncias nuevas, una por la compra del ático por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y otra por la crisis migratoria en Ceuta. Ya no escolta a los clásicos de la denuncia política; ha tomado la iniciativa.
Las elecciones generales de 2027 no serán las primeras a las que concurra Iustitia Europa: consiguió 26.611 votos en las europeas de 2024 –la cifra mínima para lograr un escaño era de 284.888–. A continuación, impugnó, sin éxito, los resultados de esa convocatoria ante la Junta Electoral Central, además de pedir que se repitiera el escrutinio en Madrid, Bizkaia, Gipuzkoa, Almería, Málaga, Cádiz, Balears, Tenerife, Tarragona y Sevilla. Su objetivo para los próximos comicios es atraer a los españoles que no votan porque carecen de opción política y que cifra entre un 35% y un 50% de los ciudadanos. Para ello, Iustitia Europa ofrece un paquete de 15 medidas con el fin de «superar el régimen del 78″, listadas en un «contrato electoral» por el «reinicio moral en España» y la «despartidización del Estado».
Al frente del antipartido figura el abogado y ex guardia civil Luis María Pardo, que antes fue letrado de Liberum, otra de las organizaciones que se han significado en la acusación popular durante los últimos años, especialmente por sus denuncias contra las medidas anticovid del Gobierno. Creada en Gijón en 2021 «para restaurar los derechos y libertades usurpados en la pandemia», Liberum llegó a querellarse contra el director general de la OMS, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (Niaid) e incluso contra el presidente de la ONG EcoHealth Alliance. Les acusaba de lesiones, coacciones, prevaricación y omisión del socorro, y hasta de manipulación genética e incluso genocidio «en relación con el Código de Núremberg, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos«. Según alegaba Liberum, el origen de la pandemia fue la fuga de un virus que formaba parte de un arma biológica. El Supremo no admitió la querella.
Sin embargo, Iustitia Europa, niega ser una «continuación» de Liberum, pese a que Luis María Pardo «fue el principal artífice de que se conociera» la asociación asturiana, también su «principal abogado» y el artífice de sus éxitos, según explicó a preguntas de Público. También rechaza «etiquetas simplificadoras como negacionistas o conspiranoicos«, pero defiende que «la falsa bandera de la seguridad colectiva no puede imponerse a los derechos fundamentales». En su contrato electoral, se declara en contra de la Agenda 2030, uno de los anticristos de la extrema derecha mundial, puesto que, a su juicio, «los objetivos del desarrollo sostenible se han convertido en los objetivos de destrucción de la sociedad«. Además, coincide con los postulados ultras en sus promesas de «más España y menos Unión Europea», una política económica basada en el «tijeretazo» y una educación «sin ideología».
«España decide. España controla. España segura»
Tanto Luis María Pardo como Concepción Nandi Cuevas Montoto, la fundadora de Liberum, fueron galardonados por HazteOír, que cada año premia a personas y entidades que «defienden valores como la vida, la familia y la libertad civil».
«España decide. España controla. España segura». Es el eslogan de Iustitia Europa cuando se refiere a la inmigración. «La inmigración descontrolada no es integración, es invasión. España no puede seguir siendo el campo de acogida de miles de ilegales que entran en España y que saturan nuestros servicios públicos, generando inseguridad en nuestras calles y a nuestros ciudadanos», argumenta en el contrato electoral que ha colgado en su página web. Promete una reforma integral de la Ley de Extranjería, deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o reincida, el fin de las ayudas y subvenciones a inmigrantes ilegales y la modificación del procedimiento de asilo.
También quiere «fronteras blindadas»: «El Ejército y la Armada serán desplegados en las fronteras, puertos y costas para interceptar cualquier intento de entrada ilegal», ofrece en su programa electoral. Interceptar pateras –»fin de los rescates convertidos en taxis ilegales hacia nuestras costas»– y utilizar a la Armada para que «ningún barco de ONG pueda actuar como cómplice de las mafias migratorias» completan las propuestas de Iustitia Europa.
Ni de izquierdas ni de derechas
Del deseo de Iustitia Europa de sacar partido a la denuncia sobre Ceuta da idea el hecho de que las noticias sobre su actuación legal en relación con la crisis migratoria acaparan buena parte del espacio de su página web. En cambio, no hay en ella ninguna referencia a su denuncia sobre el ático comprado por Planifica Madrid.
A su juicio, el eje izquierda-derecha es «una dicotomía obsoleta y limitante del debate público». A este periódico puso como ejemplo de su falta de ideología una querella que presentó contra Santiago Abascal por haber viajado a Israel para apoyar a Benjamín Netanyahu. También interpuso otra, junto al sindicato CGT, contra el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. Y demandó al juez Santiago Pedraz por haber ordenado el cierre de Telegram.
Iustitia Europa se financia mediante «aportaciones voluntarias» y rechaza las subvenciones públicas. Pero no revela cuál es su presupuesto ni qué parte de él destina a acciones judiciales. Hasta el momento, el «antipartido» ha tenido más actividad en los tribunales que éxito en las urnas. A buen seguro quiere cambiar esa dinámica a partir del próximo día 27, pese a que, según proclama, no aspira a «ocupar el poder, sino a devolverlo a la ciudadanía».
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