El escritor gallego Suso de Toro conoció a través de un comunicado de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) la reapertura de una investigación por presunto delito de incitación al odio antisemita tras una denuncia del lobby sionista. «Hasta el momento, no tengo comunicación oficial y solo puedo saber lo que informa esta tal ACOM en su web», escribió en sus redes sociales.
En una conversación con Público, el también profesor no esconde su sorpresa por unos hechos que desconocía por completo. Y es que no solo no sabía que la sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Madrid había estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por esta organización, tal como comunicó ACOM en julio, sino que además desconocía que, en su día, el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid abrió diligencias para después acordar su archivo provisional. «Estoy esperando con una gran incógnita delante», agrega.
Pese a la incertidumbre que le genera la reapertura de la causa contra él, el escritor gallego sí advierte del contexto en el que se enmarca esta noticia. «Responde a lo que pretenden, que es disparar en todas las direcciones con una misma finalidad: liquidar la libertad de expresión», sostiene en relación a las múltiples acciones desarrolladas por esta organización, especialmente desde 2015 (se fundó en 2004), que abarcan el ámbito político, social y judicial.
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto esta semana con dicha organización, sin éxito, para preguntarle por este y otros procedimientos judiciales, así como por las críticas que ha suscitado su estrategia en los tribunales, sin recibir respuesta.
Solo en lo referido al periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023, el inicio del último genocidio en Gaza que aún persiste –a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás–, y el pasado 2 de septiembre, la organización presidida por Ángel Guillermo Mas ha informado de que ha emprendido al menos 47 acciones legales contra escritores, periodistas, políticos progresistas, activistas, influencers o universidades, entre otros colectivos, según ha contabilizado Público a través de los comunicados publicados por ACOM en su página web.
«A través de esta plataforma, Israel utiliza la instituciones del Estado español contra sus propios ciudadanos. Las pervierten y utilizan como un instrumento para perseguirnos», resume Suso de Toro sobre esta estrategia. En su caso, la organización le denunció por unos mensajes publicados en la red social X en los que comparó el Holocausto con el genocidio perpetrado contra la población palestina de la Franja de Gaza a manos del Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu.
«Al final, los sionistas con su crueldad sin límites nos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg o Polanski a hacer la película. ¿La harán? Ah, no, que no conviene a Israel», escribió. Para la organización, estas manifestaciones son constitutivas de un delito de incitación al odio, previsto y penado en el Art. 510 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cuatro de cárcel.
Otras causas judiciales anunciadas
Pero este no es el único procedimiento que sigue en curso a raíz de pronunciamientos similares. Según informó la entidad el pasado 12 de febrero, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada abrió diligencias previas contra la activista conocida en las redes como Barbi Gaza tras la denuncia de ACOM por una serie de publicaciones y declaraciones públicas, como sugerir que Israel podría estar detrás del atentado contra la comunidad judía en Sídney o señalar que los ataques de Hamás fueron «una explosión de tantos años de represión», según la organización.
Asimismo, ACOM trasladó en julio de 2025 que Luz Gómez García, profesora de estudios árabes en la Universidad Autónoma de Madrid, fue citada a declarar como investigada por decir en sus redes: «Más claro imposible, llamemos a las cosas por su nombre y hablemos de resistencia armada, por ahí debe empezar el debate sobre el 7 de octubre».
Actos de conciliación con Pablo Padilla, Lucía Muñoz y Ana Iris Simón
En estos casi tres años, algunas de estas acciones también han motivado al menos tres actos de conciliación. El último, con el diputado autonómico de Más Madrid Pablo Padilla, que no prosperó, según pudo saber este medio.
La entidad le denunció por unos comentarios pronunciados en la Asamblea de Madrid en septiembre de 2025. En un momento de su intervención, Padilla preguntó «qué le debe Isabel Díaz Ayuso a Israel» al recordar que en 2018 la presidenta madrileña hizo «turismo bélico» y que «viajó a los territorios ocupados ilegalmente por Israel». También, Padilla hizo referencia entonces a David Hatchwell, al que definió como «fundador de ACOM, que es una entidad de guerra que persigue a la solidaridad palestina».
Lucía Muñoz, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, fue citada a un acto de conciliación por la demanda que presentó contra ella la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. La entidad le acusó de incitar al odio por decir que deseaba la «desaparición» del Estado de Israel. Como respuesta, la dirigente morada se reafirmó en su defensa de Palestina: «Los únicos que promueven odio son quienes ensalzan con propaganda un genocidio que está siendo investigado por tribunales internacionales», dijo en sus redes sociales.
ACOM también emprendió acciones legales contra la escritora Ana Iris Simón, quien sugirió en una columna publicada en El País que el antisemitismo es consecuencia de los actos de Israel. Ante una interpelación reciente de ACOM, que le recordó el procedimiento de conciliación abierto en el Juzgado de Aranjuez, la periodista informó en X que no iba a «borrar ningún tuit ni a pedir ninguna disculpa, ni a retractarme de ninguna afirmación». «Porque ningún lobby extranjero va a conseguir amedrentarme en mi país. Y mucho menos el de Israel», apuntó.
En este periodo, ACOM también ha llevado en dos ocasiones ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a la líder de Podemos, Ione Belarra, por sus manifestaciones en defensa de Gaza frente al genocidio israelí. La primera de ellas, finalmente archivada por el Alto Tribunal en mayo de 2024, fue por las declaraciones que formuló –siendo ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030– contra las «políticas de apartheid» de Israel frente a Palestina y al afirmar que dicho país estaba llevando a cabo «un genocidio planificado».
En enero de 2025, la historia se repitió: ACOM emprendió acciones legales contra la actual diputada de Podemos en el Congreso por un vídeo en el exigió a los ministros de Interior y de Exteriores del Gobierno prohibir la entrada a Madrid del equipo de baloncesto Maccabi Tel Aviv. «Esta individua, una matoncilla de segunda en cualquier país homologable, pero exministra y miembro de la mayoría de Gobierno en España, acusa a Israel y a los israelíes de hacer apología del genocidio y de fomentar la islamofobia, llamando a la gente a movilizarse en contra de ellos», escribió el lobby sionista. Fuentes cercanas a la dirigente de Podemos afirman no tener noticias sobre la denuncia, por lo que prevén que haya sido archivada.
Contra las acciones de Bustinduy
En mayo de 2024, la organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el envío de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordándoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presentó un recurso de reposición, también sin éxito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a través de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
Recientemente, en agosto, ACOM dio el «primer paso legal» contra «la deriva discriminatoria» de Bustinduy al solicitar información sobre el requerimiento del Ministerio de Consumo a cinco multinacionales para retirar 141 nuevos anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel.
Contra las universidades que apoyan a Palestina
Las universidades son otros de los objetivos de la organización. Según los comunicados recogidos en su página web, ACOM ha desplegado su ofensiva judicial al menos contra la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y los centros de Málaga, València, Granada, Burgos, País Vasco y Oviedo por emitir manifiestos en apoyo a Gaza y suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes.
Algunos de estos conflictos ya han escalado incluso al Tribunal Supremo, que admitió el recurso de casación de la Universidad de Granada contra la resolución del TSJ de Andalucía de septiembre de 2025. El alto tribunal andaluz consideró ilegal el acuerdo de este centro educativo por el que se suspendían determinadas relaciones académicas y de investigación con universidades e instituciones israelíes a raíz del conflicto en Gaza al entender que vulneró los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, según la sentencia a la que ha tenido acceso Público.
La organización sionista también ha cosechado otras victorias judiciales en el último año. En marzo de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid anuló el plan de acción UCM-Palestina que desarrolla los compromisos del comunicado CRUE (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas); y en enero de 2026, el TSJ del País Vasco anuló un punto del Manifiesto de apoyo a Palestina ante la catástrofe humanitaria en Gaza, de la UPV/EHU, al considerar que «vulnera el principio de igualdad y la libertad ideológica», según las resoluciones consultadas.
También ha perdido la batalla en otras ocasiones. En mayo de este año, el TSJ de Madrid consideró que la Delegación de Estudiantes puede adoptar una posición política o representativa sobre el BDS, pero al no suponer un acto administrativo de la UCM, ACOM no puede recurrirla mediante un recurso de alzada ante la universidad. En septiembre, el TSJ de Castilla y León consideró que el acuerdo de la Universidad de Burgos sobre la suspensión de la cooperación con instituciones académicas israelíes, empresas y centros asociados públicos o privados israelíes no vulnera la neutralidad ideológica ni la libertad ideológica.
Contra las protestas en La Vuelta ciclista
Por otro lado, la pretensión de ACOM de suspender La Vuelta ciclista en 2025 por las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición no salió adelante al inadmitir la Audiencia Nacional la denuncia por falta de competencia. Estas movilizaciones también motivaron el anuncio de acciones contra Pedro Sánchez y varios ministros ante el Tribunal Supremo, según informó la entidad.
Asimismo, ACOM se personó como acusación popular en la causa contra tres manifestantes que invadieron el recorrido de La Vuelta a su paso por Valladolid.
La organización presidida por Ángel Guillermo Mas también comunicó que presentó una denuncia penal ante la Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid contra Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, por la organización y promoción del ciclo Desde el río hasta el mar. Solidaridad internacional con Palestina, que incluyó la exhibición de la bandera palestina en la fachada del edificio, entre otros eventos.
Las acciones legales de ACOM también han ido destinadas a tratar de paralizar manifestaciones a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio. El pasado 16 de octubre, el TSJ valenciano desestimó el recurso contencioso-administrativo contra la no prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de València de la manifestación convocada por Samidoum bajo el lema «De Yemen a Palestina siempre con la resistencia; alto al genocidio, fin del asedio a Gaza».
Contra Samidoun, una red de solidaridad con los presos palestinos, ACOM también interpuso una denuncia en marzo de 2025 por la «difusión sistemática de mensajes y simbología antisemita». Asimismo, anunció acciones legales contra esta organización y Nael Barghouti, un preso político palestino, por su presencia en un acto celebrado en Madrid.
Otras denuncias
En agosto, ACOM anunció su intención de llevar a los tribunales al agitador ultra Rubén Gisbert por presentar a los judíos como «un colectivo organizado que actuaría en la sombra, controlando o condicionando medios de comunicación, política y economía en defensa de intereses ocultos»; al investigador Carlos Sánchez por «publicaciones que atribuyen colectivamente a los judíos comportamientos degradantes»; a Francisco Álvarez, tertuliano de En boca de todos (Cuatro), por atribuir a «los judíos» la muerte de 20.000 niños y afirmar que «los terroristas son judíos» y que «los genocidas son judíos»; y a Jasiel París Álvarez, columnista de The Objective, por «un discurso reiterado que pone en la diana a los judíos y a quienes los defienden».
El pasado 2 de septiembre, la entidad comunicó que había presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid una querella contra Pedro Baños Bajo, coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva, por «una sucesión de contenidos difundidos por Baños en los que aparecen algunos de los estereotipos más antiguos y reconocibles del antisemitismo».
En el marco de la estrategia emprendida por ACOM desde 2015, la organización también se ha dirigido contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, manifestantes propalestinos y varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a través de resoluciones y mociones.
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