La entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha originado la enésima crisis en el Gabinete de Fernando Grande-Marlaska desde que tomó posesión del cargo de ministro del Interior, hace ya ocho años. Su desconocimiento de la información que maneja la Policía sobre el origen de la llegada de miles de personas desde Marruecos ha dejado patente lo que entre las propias filas socialistas se viene rumoreando desde hace mucho tiempo: no controla a la Policía ni a la Guardia Civil. Lo que equivale a decir que el Gobierno está a ciegas respecto a lo que hacen los dos cuerpos dedicados a la seguridad del Estado. Fuentes del PSOE consultadas por este diario así lo consideran. Otras fuentes creen que la Policía y el Instituto Armado «no se lo ponen fácil» a Marlaska y por extensión, a Pedro Sánchez.
Entre los sindicatos policiales, son mayoritarias las voces que indican que «nunca se fiaron de este ministro del Interior» y que desde que tomó posesión del cargo, el desencuentro con los uniformados ha sido «constante». Estas fuentes indican que el de Interior es el ministerio más complejo y requiere un «especial talento» para no molestar a los mandos y a la vez tener el control. «Es impensable lo que ha pasado hoy, que un ministro no conozca la información que maneja la Policía», dice un miembro de un sindicato de la Guardia Civil, que prefiere no darse a conocer.
Nombramientos polémicos
Magistrado en excedencia, expresidente de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska entró en el Ministerio del Interior, en junio de 2018, como un elefante en una cacharrería. Su fama de juez conservador llegó a confundir a las cúpulas y asociaciones policiales y de la Benemérita, que pronto se enfrentaron a él y a su equipo.
El primer nombramiento que hizo, con la consiguiente primera destitución, abrió la caja de pandora. Relevó al coronel Juan Hernández Mosquera del cargo de responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio y puso en su lugar al comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez, apodado Lenin por su ideología de izquierdas. El cargo siempre lo había desempeñado un guardia civil y aquel movimiento no solo disgustó a los mandos del Instituto Armado sino que provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos policiales.
El puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad es clave en el ministerio. Entre sus funciones está la de elaborar planes de seguridad, diseñar la protección de las infraestructuras críticas, coordinar a los cuerpos policiales, incluidos los trabajos de las policías autonómicas, y gestionar los fondos reservados tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
El movimiento de poner a un policía afín en aquel puesto ocupado siempre por un miembro de la Guardia Civil no se le atribuyó al propio Marlaska sino al presidente del Gobierno, recuerdan fuentes sindicales, ya que este quería tener a un «comisario político», un hombre de confianza del PSOE, que incluso pudiera «controlar» al propio ministro, dicen estas fuentes. Lenin ya había trabajado para gobiernos socialistas, tanto a las órdenes del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba como de su sucesor, Antonio Camacho.
La ‘brigada patriótica’
Los primeros meses de Fernando Grande-Marlaska en Interior fueron igual de convulsos que los actuales. Hubo también una entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta (unos 1.500 migrantes) y los sindicatos de la Guardia Civil estaban pidiendo más recursos para los agentes del punto fronterizo. Marlaska también hubo de enfrentarse a la detención de tres comisarios de Policía en la causa Tándem: José Manuel Villarejo, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño. La sombra de la brigada patriótica del PP seguía muy fresca en el Ministerio del Interior.
Precisamente otro movimiento del ministro tocó de lleno a otro de los comisarios afines al director adjunto operativo de la Policía Nacional salpicado por las ‘cloacas del PP’, Eugenio Pino, que ha sido juzgado recientemente en el caso Kitchen, a la espera de la sentencia.
Se trata del comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, también juzgado en Kitchen, y que había sido ascendido por el ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz. Olivera acabó dirigiendo en 2015 el recién creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Marlaska lo destituyó para poner al frente a un guardia civil y calmar así los ánimos en el ofendido Instituto Armado por haberse visto privado de la jefatura del Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio.
Marlaska ofreció el puesto al coronel Juan Hernández Mosquera, dolido aún por su destitución del Gabinete de Coordinación y Estudios. Pero este rechazo el nombramiento. La polémica fue muy viva. Finamente el designado fue el general de brigada de la Guardia Civil Ángel Alonso Miranda.
Encontronazo con la UCO
Aquella «revolución» en el organigrama de Interior llevada a cabo por Marlaska, como lo tildan fuentes sindicales de la Policía, abrió un cisma «aún sin cerrar» entre los mandos intermedios de ambos cuerpos con los responsables del ministerio.
Con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también hubo roces desde el principio. El entonces jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, dio un paso adelante y, para mostrar su repulsa por el nombramiento de Lenin, envió una nota interna a sus subordinados donde explicaba que, según su criterio, suspendía temporalmente las operaciones de su unidad que precisaran el uso de fondos reservados, ya que la partida estaba agotada y el nuevo responsable, Lenin, no había suministrado más fondos.
Marlaska destituyó inmediatamente a Sánchez Corbí, que pocos años después abandonó el Instituto Armado para pasarse a la empresa privada, no sin antes pleitear y recurrir su destitución. Pero el Supremo dictaminó que su cese fue ajustado a Derecho ante la pérdida de confianza de sus superiores.
Enfrentamiento con un coronel
Aquel episodio aún sigue vivo en la memoria de los uniformados de la UCO. Y no es el único. Otra destitución posterior ha terminado de dibujar a Marlaska ante los ojos de los miembros de la Guardia Civil como «una persona vengativa», dicen fuentes sindicales.
Se trata del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en 2020 estaba al frente de la Comandancia de Madrid. También en ese cese hubo «pérdida de confianza». El motivo fue el envío de un informe a la jueza que investigaba la convocatoria de la manifestación del 8-M en Madrid poco antes de decretarse el estado de alarma por la covid-19. Interior vio «falta de neutralidad» en los términos empleados por los investigadores en aquel informe. La versión del coronel Pérez de los Cobos incluía un intento por parte de los responsables del ministerio de que desvelara datos del informe, a lo que él se negó alegando que sus subordinados actuaron como policía judicial, a las órdenes de la jueza.
Pérez de los Cobos, que había dirigido la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-O en Catalunya, fue destituido al frente de la Comandancia en Madrid por pérdida de confianza, pero la justicia le acabó dando la razón. El Tribunal Supremo revocó en 2023 la sentencia de la Audiencia Nacional, que avaló el cese. Y después fue avalando cada uno de los recursos que el coronel interpuso porque el ministerio no le promocionó a general.
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